
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció hoy en su conferencia semanal desde Casa Presidencial un plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal, que será presentado oficialmente el 22 de julio.
La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Hacienda, busca fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, con un enfoque en atacar la evasión, endurecer controles y sanciones, y cerrar portillos legales que permiten el comercio ilícito y la subdeclaración de ingresos.
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Durante su intervención, Laura Fernández recalcó: “La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos”.
Según la mandataria, el objetivo es “ir por los que están evadiendo”, una instrucción que reiteró al equipo económico. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que el plan “responde a la instrucción de atacar la evasión y mejorar los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos”.
Además, uno de los ejes del plan es la reforma de la Ley General de Aduanas, que busca reforzar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país, en especial en contenedores y en importaciones al por menor. Por lo que, la mandataria, abogó que el Ministerio de Hacienda prepara una propuesta para modificar la Ley General de Aduanas (N° 7557) con el objetivo de reforzar el control de las mercancías que ingresan o salen del país en contenedores y de las importaciones al menudeo realizadas por algunos comerciantes.
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Control a la evasión digital y comercio informal
El plan detallado hoy por Fernández incluye acciones contra comercios digitales que usan métodos para evadir impuestos. Las autoridades han detectado tiendas virtuales que declaran productos con valores menores o diferentes categorías para pagar menos impuestos y luego venden la mercancía por canales digitales.
Además, en la conferencia, la presidenta Fernández anunció que el Gobierno avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos mediante Sinpe Móvil y tarjetas, pero no declaran estos ingresos ante Hacienda.
“Este mecanismo se utiliza para evadir tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto sobre la Renta (ISR)”, sostuvo.
La estrategia incluye colaboración interinstitucional y tecnología para rastrear transacciones que actualmente escapan al control fiscal.
Ante este panorama, el Ejecutivo enviará en julio proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de la ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión. Parte de las iniciativas ya están en marcha mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será anunciado el 22 de julio.
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Según informó la Presidencia, la Policía de Control Fiscal decomisó recientemente cerca de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor golpe a este delito en la historia del país. La presidenta Fernández subrayó hoy que “la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal es un deber con todos los costarricenses” y pidió eficiencia y rigor en la administración de los recursos públicos.
La importancia del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal radica en su potencial para fortalecer las finanzas públicas de Costa Rica sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que responde a una demanda social de equidad fiscal.
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Este enfoque permite que el Estado recupere recursos fundamentales para financiar servicios como salud, educación y seguridad, al mismo tiempo que combate estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito.
Además, la modernización de los controles y la fiscalización digital representa un avance en la transparencia y la eficiencia institucional, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía y en los sectores productivos.
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