Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

El Gobierno de Guatemala prevé una inversión de unos 10 millones de quetzales (aproximadamente $1,282,051), para bloquear la señal de telefonía móvil, Internet y otras telecomunicaciones en ocho centros carcelarios del país.

El proyecto está a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob), en donde se impulsó un plan piloto que inició el 18 de junio en el centro penitenciario de Zacapa y concluirá el próximo 7 de julio, según reveló el diario oficial.

Durante esta fase de prueba, que no tuvo ningún costo para Guatemala, se logró bloquear la señal de las dos compañías de telefonía e Internet, así como las de otras telecomunicaciones como la satelital y los radios.

Karen Stephanie Ortiz, cuarta viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, detalló al diario oficial que fueron tres empresas las que se acercaron al Mingob, pero sólo una hizo las pruebas y hasta el momento no se ha tenido ningún inconveniente, pese a que se han realizado varias pruebas y ensayos.

A decir de la funcionaria, este experimento permitió no sólo definir las características que deberá tener el sistema que se presenta adquirir para su implementación a gran escala, sino que también buscar otro mecanismo para bloquear la señal si los diputados del Congreso no avanzan en la aprobación de la iniciativa de ley que ya se encuentra en el Legislativo desde hace meses sin avanzar.

Licitación y costo

En otra entrevista al Diario La Hora, Ortiz estimó que cada sistema tendría un costo aproximado de entre 150 mil y 200 mil dólares por centro de detención, es decir que se invertiría entre 1.2 millones 1.5 millones de quetzales por cada cárcel.

Sin embargo, la cifra es de referencia y podría cambiar durante el proceso de licitación, pues algunas empresas podrían presentar costos más competitivos, aunque se privilegiará la calidad del bloqueo de señal, para evitar que los privados de libertad continúen cometiendo crímenes como la extorsión desde las cárceles.

El proceso aún se encuentra en plan piloto. Pese a que se le está dando prioridad al proyecto, este podría extenderse hasta el 2027, debido a la prolongación de los controles legales establecidos para prevenir hechos de corrupción, detalló la funcionaria en las distintas entrevistas.

Al mismo tiempo, recordó que existe una Mesa Técnica de Trabajo que está integrada por personal del Mingob y del Sistema Penitenciario en donde se analizan los requerimientos técnicos y financieros que permitirán dar vida a la instalación de bloqueadores.

Legislación

La intención de que las empresas de telefonía bloquee la señal en las cárceles de Guatemala viene desde 2012 cuando se presentó una iniciativa de ley que, después de varios meses de trabajo, fue aprobada en 2014.

El polémico Decreto 12-2014 “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad” obligaba directamente a las telefonías a implementar soluciones tecnológicas para impedir señales de telefonía y datos en los presidios.

Las empresas hicieron inversiones iniciales, pero la Ley fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo de 2016 debido a vicios de procedimiento en el Congreso y a la impugnación de varios de sus artículos.

Tras años de estancamiento, diputados oficialistas presentaron en 2023 la propuesta de ley para el bloqueo de señal desde los centros de privación de libertad, que no ha avanzado. La iniciativa más reciente fue presentada en 2026 por la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pero también quedó engavetada.

Ambas iniciativas buscan retomar la obligatoriedad legal directa para que los distribuidores de telefonía e internet instalen antenas bloqueadoras de señal de celular y de WiFi en un radio específico alrededor de los penales, bajo severas sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Al respecto, Ortiz dijo al Diario La Hora: “Como Ministerio de Gobernación no nos podemos detener y esperar hasta que la iniciativa de ley sea aprobada por el Congreso… Tenemos que ir un paso adelante de cómo funciona la delincuencia dentro de los centros de detención.

¿Por qué los bloqueadores?

La extorsión no solo es uno de los delitos de mayor impacto psicológico y económico, sino también uno de los de mayor volumen absoluto en el sistema de justicia, según informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y organizaciones como Diálogos.

Mientras que estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) refieren que a diario se reciben cerca de 45 denuncias de personas que están siendo víctimas de extorsión, sólo superado por las denuncias de robo y hurto donde las cifras llegan a 40 y 50 denuncias diarias.

Aunque un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la USAC destacan que hasta el 81% de los casos reportados a la policía terminan siendo tipificados como llamadas de “imitadores”, las extorsiones realizadas por pandillas desde las cárceles suelen cobrar vidas humanas, detallan las autoridades.