Nicaragua figura entre los países con peores resultados en transparencia judicial en Iberoamérica, según el Índice de Transparencia Judicial en Iberoamérica, desarrollado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
El informe, que evaluó la situación de 18 países, asignó al país centroamericano un puntaje de 33.33%, lo que situó en la posición 16 del ranking regional, solo por encima de Cuba y Venezuela.
De acuerdo con el documento, Nicaragua presenta serias deficiencias en materia de transparencia en sus sistemas de justicia, especialmente en la aplicación práctica. El análisis detalla que el país se ubica muy por debajo del promedio regional tanto en transparencia activa como pasiva y carece de un órgano garante efectivo para supervisar el acceso a la información judicial.
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El estudio distingue entre transparencia activa (información que las instituciones publican de manera proactiva) y transparencia pasiva (respuesta a solicitudes de información).
En el caso de Nicaragua, la transparencia activa alcanza apenas 28.16 %, uno de los puntajes más bajos del continente.
El informe explica que, aunque existen vitrinas o portales institucionales, el acceso a contenidos de alto valor público como expedientes, procesos disciplinarios o declaraciones de intereses sigue siendo limitado.
La publicación de información administrativa y presupuestaria muestra algo más de avance, pero el acceso a datos que permitan el escrutinio real del desempeño judicial permanece restringido.
Entre los ítems con peor desempeño en la práctica de transparencia activa para Nicaragua se encuentran la disponibilidad de estadísticas judiciales, el acceso a expedientes, y la publicación de procesos disciplinarios contra magistrados y funcionarios.
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El panorama es aún más crítico en el área de transparencia pasiva. Según el Índice de Transparencia Judicial, Nicaragua no evidenció cumplimiento alguno en la entrega de información ante solicitudes ciudadanas. El país obtuvo 0%.
De este modo, el sistema judicial nicaragüense no garantiza canales efectivos para que la ciudadanía acceda a información pública bajo pedido, lo que obstruye el derecho de acceso y limita la posibilidad de control social sobre el funcionamiento de la justicia.
Ausencia de órgano garante y falta de controles independientes
Otro aspecto crítico señalado por la Alianza Regional es la ausencia de un órgano garante especializado en el sector justicia. Nicaragua obtuvo 0% en el indicador referido a la existencia y funcionamiento de este tipo de institución, lo que implica la inexistencia de un mecanismo independiente para fiscalizar la transparencia judicial.
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El informe señala que, al no existir un órgano independiente que supervise la transparencia judicial, las instituciones del sistema de justicia en Nicaragua actúan sin control externo. Son ellas mismas las que deciden qué información hacen pública y cómo responden a los pedidos de acceso a datos
La Alianza Regional destaca que la publicación de resoluciones judiciales y administrativas, así como de datos presupuestarios, se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.
Además, no existen protocolos claros para atender reclamos por incumplimiento de transparencia y la ciudadanía carece de mecanismos efectivos para auditar la gestión judicial.
La investigación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información concluye que la falta de transparencia judicial en Nicaragua limita gravemente el ejercicio de derechos ciudadanos y la posibilidad de incidir en la mejora del sistema de justicia.
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