La AmCham sostiene que la ley portuaria puede atraer inversión y reducir costos logísticos en Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) sostuvo que la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional en Guatemala puede abrir espacio a más inversión y bajar costos logísticos, porque un marco jurídico actualizado, a su juicio, permitiría modernizar la infraestructura portuaria, agilizar operaciones y fortalecer la competitividad del país en el comercio exterior.

La organización empresaria vinculó ese posible efecto con desembolsos de largo plazo en infraestructura, al afirmar que ese tipo de inversión requiere reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos capaces de atraer capital, tecnología y experiencia.

También señaló que la reforma podría mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar controles contra el contrabando y otras actividades ilícitas.

Según un comunicado de AmCham Guatemala, los puertos son infraestructura crítica para el comercio internacional, las cadenas de suministro y la captación de inversión. La entidad dijo que una legislación moderna y eficiente contribuiría a consolidar al país como un destino más competitivo en los mercados globales.

AmCham pide que las enmiendas mantengan el núcleo de la iniciativa

La cámara informó que sigue de cerca la discusión del proyecto en el Congreso de la República de Guatemala. En ese proceso, pidió que las enmiendas que se incorporen durante el análisis conserven los objetivos fundamentales de la iniciativa.

Esos objetivos, de acuerdo con la organización, son cuatro: fortalecer la institucionalidad del Sistema Portuario Nacional, brindar certeza jurídica para promover inversiones de largo plazo, garantizar altos estándares de seguridad portuaria y delimitar competencias de manera que favorezcan una gestión eficiente y especializada.

Ese punto concentra la respuesta central que plantea el debate sobre la ley: para AmCham, la utilidad de la iniciativa depende de que el texto final preserve condiciones de certeza jurídica y organización institucional que hagan viables nuevas inversiones en puertos y una operación más eficiente del sistema.

Los mecanismos propuestos buscan atraer capital y conocimiento técnico

La entidad mencionó dos instrumentos concretos dentro de ese esquema: el Usufructo Oneroso Portuario, identificado con la sigla USOP, y los Contratos de Administración Portuaria, o CAP. A su entender, ambos mecanismos pueden servir para atraer capital y conocimiento técnico hacia la infraestructura que el país necesita.

La publicación del comunicado remarcó que la inversión privada en infraestructura portuaria exige compromisos significativos y de largo plazo. Por eso, la cámara insistió en la necesidad de generar mayor certeza jurídica para dar confianza a inversionistas nacionales e internacionales.

En esa misma línea, la organización consideró que una ley moderna también puede fortalecer la transparencia del sistema. Añadió que ese marco ayudaría a mejorar la trazabilidad de las operaciones y a reforzar los controles dirigidos a combatir el contrabando y otras actividades ilícitas.

La cámara proyectó que una Ley del Sistema Portuario Nacional que mantenga esos principios produciría efectos en varias áreas: mayor competitividad logística, reducción de tiempos y costos para el comercio exterior, incremento de la inversión en infraestructura estratégica y generación de empleo.

También afirmó que ese resultado dejaría a Guatemala en mejores condiciones para aprovechar las oportunidades asociadas al nearshoring y al crecimiento del comercio internacional.

La comisión de economía del Congreso de Guatemala cierra el análisis de enmiendas a la ley portuaria

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala, presidida por el diputado Jorge Ayala, cerró este miércoles el análisis de más de 33 enmiendas al dictamen de las iniciativas 6527 y 6541, que buscan crear la ley general del sistema portuario nacional para garantizar puertos seguros y el cumplimiento de normas internacionales, con la meta de que el Pleno discuta su aprobación por artículos y redacción final en una sesión extraordinaria a finales de julio.

La propuesta necesita 107 diputados por tratarse de una ley de orden constitucional, es decir, de normas que regulan la organización del Estado. Antes de llegar al Pleno, está previsto un encuentro con los jefes de bloque a solicitud del presidente del Congreso de la República, Luis Contreras Colíndres, para presentar los cambios realizados y socializar el alcance del proyecto.

El trabajo de la mesa técnica se concentró en revisar aportes y observaciones de los distintos sectores involucrados. El objetivo, según lo expuesto en la comisión, es fortalecer el marco legal que regulará el funcionamiento, la administración y el desarrollo de los puertos del país, considerados estratégicos para el comercio exterior y la competitividad nacional.

Durante la discusión, los diputados conocieron las modificaciones incorporadas al dictamen. La mayoría correspondió a ajustes de forma y de redacción, sin alterar los aspectos sustanciales del contenido de la iniciativa.