Detienen a una alcaldesa en Ecuador por una presunta red de corrupción en trámites vehiculares

La madrugada de este jueves 25 de junio, la Policía Nacional ejecutó el operativo denominado “Digitador” en la provincia de Manabí, una intervención contra una presunta red de delincuencia organizada dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito que dejó 13 detenidos, entre ellos la alcaldesa del cantón Jipijapa, Ángela Plúa. Según las autoridades, la organización habría operado desde entidades municipales de tránsito y ocasionado un perjuicio superior a cinco millones de dólares al Estado.

Las intervenciones fueron realizadas de manera simultánea en los cantones Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, como parte de una investigación liderada por la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública. De acuerdo con la información oficial, el caso se originó en agosto de 2025 tras una denuncia presentada a la línea 1800 Delito y, luego de varios meses de labores investigativas, derivó en la ejecución de 18 allanamientos durante la madrugada del jueves.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció los resultados de la operación a través de su cuenta oficial en la red social X, donde aseguró que la investigación permitió desarticular una estructura que presuntamente manipulaba los procesos de matriculación y otros trámites vehiculares bajo la frase recurrente de “no hay sistema”, utilizada, según las autoridades, para justificar retrasos mientras se realizaban gestiones irregulares.

En su publicación, el ministro señaló que la alcaldesa Ángela Plúa sería la presunta cabecilla de la organización y afirmó que la red estaba integrada por funcionarios públicos y tramitadores externos que cobraban entre USD 100 y USD 150 por cada trámite para eludir los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa vigente.

Según la versión oficial, las irregularidades estaban relacionadas con la emisión de matrículas vehiculares, revisiones técnicas, licencias de conducir y traspasos de dominio de vehículos. La Policía sostiene que estos procedimientos eran procesados de manera irregular en dependencias municipales de tránsito de los tres cantones involucrados.

Las autoridades informaron que, además de la alcaldesa, fueron detenidos el gerente de la Corporación de Servicios Municipales de Jipijapa, el jefe de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, digitadores, el director de Movilidad, un coordinador de matriculación, un técnico encargado de la emisión de licencias y varios presuntos tramitadores externos. Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la investigación, la principal sospechosa también registra movimientos financieros que, según la Policía, no guardarían relación con los ingresos declarados oficialmente. El ministro Reimberg afirmó que se detectaron más de USD 2,6 millones cuya justificación patrimonial aún deberá ser determinada dentro del proceso judicial.

Durante el operativo se ejecutaron allanamientos en trece domicilios y cinco instituciones públicas. Entre ellas constan el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa EP, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y el centro de revisión técnica vehicular de San Vicente.

Como parte de las diligencias, los equipos investigadores incautaron teléfonos celulares, computadoras, una tableta electrónica, una laptop, dispositivos de almacenamiento digital, chips telefónicos y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados al expediente para las pericias correspondientes.

La Policía sostiene que la organización habría aprovechado sus funciones dentro de las entidades de tránsito para facilitar la emisión de documentos sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley. La hipótesis investigativa señala que el esquema operó durante varios meses y permitió beneficiar a usuarios que buscaban agilizar trámites mediante pagos adicionales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente sobre la formulación de cargos ni sobre las medidas cautelares que solicitará contra los detenidos. Tampoco se han dado a conocer los argumentos de defensa de los procesados o de la alcaldesa Ángela Plúa, quien hasta el cierre de esta publicación no había emitido un pronunciamiento público sobre su detención.