
La Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el juez Mynor Moto asumirá el proceso penal contra los exlíderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, una decisión que redefine un expediente marcado por cambios de judicatura y que también deberá encaminar una petición de medida sustitutiva que sigue sin resolverse desde el año pasado.
El traslado convierte este expediente en un caso que ya cambió de juez en tres ocasiones. Según la resolución de la sala, el proceso pasó del Juzgado Cuarto Penal al Juzgado Quinto Penal, luego al Juzgado Séptimo Penal y ahora quedó a cargo del juez B del Juzgado Tercero Penal.
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Medios locales reportan que, la sala, presidida por Alejandro Prado, aceptó la excusa presentada por el juez A del Juzgado Séptimo Penal Fredy Orellana para apartarse del caso. El cambio se produjo después de recusaciones e inconformidades planteadas contra los juzgadores que habían conocido el expediente.

La resolución implica que la carpeta judicial deberá ser trasladada al juzgado de Moto, quien tendrá a su cargo conocer el proceso y decidir sobre la solicitud de medida sustitutiva presentada por ambos exdirigentes. Esa petición, según el texto fuente, no ha sido resuelta desde el año pasado por los sucesivos cambios de tribunal.
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El caso se originó en las protestas de 2023 y mantiene a ambos exdirigentes en prisión preventiva
El proceso contra Pacheco y Chaclán surgió por su participación en las protestas de 2023, que comenzaron por la persecución penal emprendida por el Ministerio Público contra el proceso electoral de ese año. Durante esas jornadas, organizaciones indígenas exigieron que se respetara el resultado electoral y pidieron la renuncia de la entonces fiscal general Consuelo Porras.
El 23 de abril de 2025, ambos líderes indígenas fueron detenidos y luego ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Después se les añadió el delito de asociación ilícita y, de acuerdo con el texto fuente, actualmente continúan en prisión preventiva.
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El cambio de juez responde directamente a la pregunta central del caso: quién conocerá ahora el proceso contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán. La respuesta es que el expediente quedó asignado a Mynor Moto, juez B del Juzgado Tercero Penal, por decisión de la Sala Tercera de Apelaciones tras aceptar la excusa de Orellana.
La trayectoria de Mynor Moto incluye casos de alto impacto y controversias judiciales
Mynor Mauricio Moto Morataya es descrito en el texto fuente como un juez y abogado guatemalteco que se desempeña actualmente como juez Tercero de Primera Instancia Penal. Su trayectoria ha estado vinculada a decisiones controvertidas, procesos legales y a casos de alto impacto en Guatemala.
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Entre los expedientes que ha conocido figuran el caso Rosenberg, el caso Bufete de la Impunidad y el caso Libramiento de Chimaltenango, según el texto fuente. También se le ha señalado por presuntos retrasos maliciosos en investigaciones y ha enfrentado antejuicios por supuestos vínculos con el caso Comisiones Paralelas 2020.
El texto fuente también indica que Moto ha intentado en varias ocasiones integrar la Corte de Constitucionalidad en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esos intentos, según el mismo texto, fueron frenados por acciones legales, denuncias y órdenes de captura que han marcado su historial reciente.
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Líderes de los 48 Cantones exige liberación de exdirigentes detenidos
Recientemente, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y representantes de otros pueblos indígenas realizaron una marcha en la Ciudad de Guatemala para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes del movimiento, detenidos desde hace un año por su supuesta vinculación a protestas ciudadanas de 2023. La movilización, que coincidió con el aniversario de la detención, busca llamar la atención sobre lo que consideran una prolongada “persecución política” y presionar por un cambio en el Ministerio Público, de acuerdo con las canales oficiales de los 48 cantones.
Durante la manifestación, los participantes instalaron afiches en los alrededores del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, con fotografías de los detenidos y mensajes en los que afirman: “¡No son criminales!”. Esta acción responde a lo que los manifestantes consideran una criminalización sistemática de líderes indígenas y a la falta de justicia objetiva y oportuna tras un año completo en prisión preventiva de Pacheco, expresidente, y Chaclán, extesorero, ambos de la junta directiva de los 48 Cantones
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