Guatemala activó más de 1.030 inspecciones en estaciones de servicio en todo el país para asegurar la transferencia del descuento temporal en combustibles a los consumidores, una medida que responde al incremento sostenido de precios internacionales del petróleo y su efecto sobre el costo de vida. El operativo, coordinado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), forma parte de la ley de apoyo de emergencia aprobada por el Congreso en abril de 2026, con una asignación inicial de Q2.000 millones y el objetivo de aliviar los precios de la gasolina y diésel durante al menos tres meses, según informó la DIACO GT.
Más de 300 denuncias y procedimiento legal para gasolineras que demoraron el descuento
Hasta esta semana la Diaco había reunido más de 300 quejas a través de la plataforma Alerta Diaco Combustibles. Las denuncias permitieron focalizar los operativos en departamentos como Guatemala (56 % de los reportes), Quiché (8 %) y Alta Verapaz (7 %), según datos citados por AGN. Los controles incluyeron la toma de muestras de combustible y la revisión de que cada bomba entregara el volumen especificado.
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En la primera etapa de implementación, alrededor de 80 estaciones no aplicaron el descuento de manera inmediata. La directora de la Diaco, Leslie Tzicap, explicó que estos negocios se ampararon en el artículo 8 del reglamento, que los autoriza a completar el inventario adquirido anteriormente con distinto precio antes de ajustar el valor en el mostrador. Además, la ley otorga a las estaciones un plazo de 10 días para presentar sus descargos antes de considerar aplicar sanciones. Hasta el 14 de mayo no se habían determinado multas. Las sanciones posibles en caso de incumplimiento contemplan multas de 30 Unidades de Multa Ajustables (Umas), equivalentes a 30 salarios mínimos, según estipula el Decreto 11-2026.
Supervisión y fiscalización interinstitucional de la transferencia del subsidio
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) verifica el accionar de los importadores y tiene la obligación de informar al MEM los montos descontados por el apoyo temporal para su correcto traslado a los consumidores. La Contraloría General de Cuentas (CGC) fiscaliza la administración y el destino de los fondos públicos vinculados al subsidio, para asegurar la transparencia en todos los procesos.
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El resto del financiamiento, que asciende a Q1.192 millones, depende aún de ajustes presupuestarios que debe implementar el Ministerio de Finanzas Públicas siguiendo la normativa vigente.
En el segundo período de precios de referencia, del 5 al 11 de mayo, el MEM detectó incrementos adicionales de Q2,60 por galón en gasolinas y Q1,60 en diésel impulsados por el repunte de los mercados internacionales, según indicó Barrios a Prensa Libre. Estos precios se calculan a partir de los costos portuarios, fletes, importaciones y márgenes comerciales, integrando todos los componentes que inciden en la formación del valor final al consumidor.
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La cadena de inspecciones, denuncias y controles administrativos activada en mayo de 2026, así como la transferencia de fondos previstos por el Decreto 11-2026, componen el esquema de respuesta del Estado guatemalteco ante la presión inflacionaria del petróleo en los mercados internacionales.
El primer desembolso del subsidio alcanzó los Q175,5 millones (USD 23 millones), conforme detalló el viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios. El pago se programó entre el 8 y el 11 de mayo. Estos fondos recortan asignaciones previamente destinadas al Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según la misma fuente.
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La legislación, denominada formalmente como Decreto 11-2026, dispone una reducción directa de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior. Esta rebaja se aplica desde el terminal del importador –registrado ante la Dirección General de Hidrocarburos del MEM– hasta la factura que recibe la estación de servicio y, finalmente, al consumidor en la bomba. El beneficio se mantendrá hasta que se agoten los fondos o expire el plazo de tres meses.
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