El Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA de Guatemala enfrenta una crisis de inacción mientras la epidemia se agrava: con apenas el 1% de su presupuesto ejecutado hasta abril de 2026 y 124 muertes por sida registradas en 2025, la vigilancia y respuesta estatal han quedado notablemente rezagadas, según denunció la Asociación Gente Positiva (AGP) ante el Congreso.
El hallazgo de 12 mujeres embarazadas con VIH en enero de 2026 expone la ausencia de estrategias de prevención y diagnóstico, en un país donde la transmisión vertical amenaza con incrementar los nacimientos de niños con VIH.
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La detección de 12 mujeres embarazadas con VIH en enero de 2026, según confirmó la epidemióloga Tania Alvarado, representa únicamente a quienes accedieron a pruebas, ya que el test solo es obligatorio en el primer mes de embarazo y para donantes de sangre.
Gabriela Dávila de la AGP advirtió que por cada caso confirmado existen al menos dos sin detectar, lo que eleva la proyección a un mínimo de 36 mujeres embarazadas portadoras del virus, la mayoría sin diagnóstico ni tratamiento, con el consecuente riesgo de dar a luz sin conocer su condición.
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En la reunión citada por la bancada Vos, el diputado José Chic recibió el informe presentado por Gabriela Dávila, subdirectora ejecutiva de la AGP y miembro del Consejo Nacional de Sida (CONASIDA).
Dávila indicó que el programa nacional dispone de un presupuesto anual de 73.239.691 quetzales, idéntico al del ejercicio anterior, y que hasta el cuarto mes de 2026 solo había movilizado el 1% de esos fondos.
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El 85% de los recursos está destinado a medicamentos y diagnósticos, por lo que a mayo prácticamente ninguna compra o proceso relevante había avanzado, señaló Dávila ante el legislador y ante Mario Tipol, director del programa.
La situación epidemiológica de Guatemala registró en 2025 un total de 1.690 casos de VIH y 688 de sida notificados oficialmente. De los nuevos diagnósticos, el 42% se realizó cuando los pacientes ya habían evolucionado al estadio sida, lo que demuestra un grave retraso en la detección y refleja el difícil acceso a las pruebas. El 17% de los pacientes con diagnóstico de sida falleció durante el período, lo que acentúa una mortalidad elevada para una enfermedad considerada prevenible y tratable a nivel internacional.
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Los departamentos de Guatemala Central, Escuintla e Izabal concentran la mayor mortalidad
Guatemala Central lidera con 31 fallecidos, seguido de Escuintla con 22 e Izabal con 10. Alta Verapaz y Huehuetenango registraron siete muertes cada uno, San Marcos seis, y Retalhuleu y Chimaltenango cinco cada uno. Petén reportó cuatro defunciones. Por grupo etario, la mayor mortalidad se concentró en personas entre 35 y 39 años (18 casos), seguido del grupo de 30 a 34 años (16). Entre las víctimas aparece un menor de entre 0 y 4 años, evidencia del alcance transversal de la crisis.
El análisis por grupo de edad y género mostró que el 82% de los nuevos diagnósticos corresponde a individuos de entre 15 y 44 años, y el 79% de estos corresponde a hombres.
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Por cada mujer diagnosticada con VIH hay cuatro hombres con el mismo resultado positivo. En orientación sexual, la transmisión heterosexual mantiene un peso central: el 48% de los nuevos casos de VIH y el 52% de los de sida ocurrieron en población heterosexual. Los ladinos o mestizos suman 1.348 casos, frente a 281 en población maya y 54 en población extranjera.
Prevención ausente, brechas lingüísticas y desigualdad territorial
El informe documentó la ausencia de campañas nacionales y de mensajes en los 22 idiomas maternos del país. La única campaña existente, dirigida a adolescentes, fue financiada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y no por el Ministerio de Salud. La AGP ofreció en dos ocasiones su apoyo logístico gratuito para producir materiales en idiomas indígenas, sin respuesta del Estado. Dávila remarcó que no existe campaña nacional alguna vigente, mientras que el 73% de los diagnósticos corresponde a personas solteras con prácticas sexuales de riesgo.
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Entre 2022 y 2024, Totonicapán presentó un incremento del 76,5% en casos de sida, seguido por Huehuetenango con 61,5% y Zacapa con 60,5%. En 2025, estos departamentos acompañan a Chiquimula, Izabal, San Marcos, Chimaltenango, Quiché, Santa Rosa y Jalapa como zonas críticas. En Totonicapán se detectaron personas en estado terminal con apenas 36 kilogramos de peso, consecuencia directa de la barrera idiomática y la ausencia de información preventiva.
El Estado, interpelado ante el resurgimiento de enfermedades evitables
El diputado Chic remarcó que “ya no debería de haber muertes por sida”, en un contexto donde el Estado restringe el acceso a la prueba de VIH a situaciones muy acotadas y la mayoría de diagnósticos ocurre por voluntad individual. La prueba solo es concluyente tres meses después de una relación sexual de riesgo, lo que dificulta la detección oportuna.
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Chic anunció que citará al ministro de Salud para exigir explicaciones sobre la ineficacia del programa y subrayó la existencia de una iniciativa de ley para actualizar el marco normativo del VIH/SIDA, aún no aprobada, y el Acuerdo Gubernativo 27-2000, que clasifica la enfermedad como emergencia nacional. El legislador también señaló el rebrote de otras enfermedades —tosferina, malaria, sarampión y tuberculosis— que, al igual que el sida, estaban bajo control en el sistema sanitario guatemalteco.
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