Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Las autoridades de Guatemala detuvieron este jueves a dos empleados públicos por su presunta implicación en la facilitación de documentos falsos a Fernando Farías Laguna, un prófugo mexicano capturado recientemente en Argentina. Según informó la agencia EFE, la investigación apunta a la participación de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renap) en la expedición irregular de un Documento Personal de Identificación (DPI) que permitió al fugitivo eludir la justicia mexicana durante varios meses.

De acuerdo con datos recabados por EFE, el operativo, denominado “Guachicoleros del Renap”, se llevó a cabo en el municipio de San José del Golfo, dentro del departamento central de Guatemala, e incluyó tres allanamientos coordinados por el Ministerio Público. Las personas arrestadas fueron identificadas como Y. A. Mayén, operadora registral acusada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, señalado por incumplimiento de deberes.

El informe de EFE destaca que los funcionarios implicados habrían usado sus cargos para facilitar de manera ilegal un DPI guatemalteco a Fernando Farías Laguna, quien figura en los registros bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos. Esta maniobra permitió que el ciudadano mexicano, acusado en su país de encabezar una red de robo y tráfico de hidrocarburos, viajara fuera de México y llegara hasta territorio argentino.

Según la Fiscalía de Guatemala, los hechos atribuidos a los empleados públicos constituyen acciones individuales y dolosas. En un comunicado recogido por EFE, el Renap afirmó: “Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa”. La institución subrayó que ya activó los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo acciones de despido, y enfatizó que la conducta de los acusados “no representa el funcionamiento institucional” de la entidad, que actualmente colabora con el Ministerio Público para preservar la seguridad jurídica del sistema registral.

El caso ha adquirido notoriedad internacional debido a la magnitud de las acusaciones contra Farías Laguna, identificado como contralmirante y presunto líder de una red de tráfico de combustibles, fenómeno conocido en México como “huachicoleo”. De acuerdo con lo publicado por EFE, el prófugo permanecía en situación de fuga desde agosto de 2025, hasta que fue localizado y arrestado en Argentina el pasado 24 de abril.

Las pesquisas revelan que el uso de la identidad guatemalteca falsa habría sido clave para que Farías Laguna eludiera los controles migratorios y extendiera su huida. Las autoridades argentinas, tras recibir información de los organismos de Guatemala y México, detuvieron al sospechoso, quien ahora podría enfrentar procesos de extradición por los delitos imputados en su país de origen.

El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los sistemas de registro civil ante posibles actos de corrupción y el impacto que estas acciones pueden tener en la lucha contra el crimen transnacional. Mientras tanto, la Fiscalía guatemalteca continúa con las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados en la expedición fraudulenta de documentos.

En el transcurso de las diligencias, el Ministerio Público de Guatemala reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades internacionales para esclarecer el caso y fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema registral. EFE indicó que la institución trabaja de manera conjunta con el Renap y otras dependencias para evitar que hechos similares se repitan.

La detención de Farías Laguna y la captura de los empleados públicos en Guatemala han generado atención tanto en los medios locales como en la comunidad internacional, al evidenciar la complejidad de las redes de apoyo que facilitan la fuga de personas buscadas por delitos graves. Según los reportes de EFE, las autoridades consideran prioritario desarticular cualquier estructura que contribuya a la falsificación de documentos oficiales y a la protección de prófugos de alto perfil.