Autoridades guatemaltecas realizan requisa en el Centro de Orientación Femenino

Despliegue coordinado entre cuerpos militares y civiles permite fortalecer los controles internos en los centros penitenciarios para mujeres, así como restringir la entrada de artículos ilegales y prevenir conductas delictivas dentro de las instalaciones

(Foto: Ejército de Guatemala)
(Foto: Ejército de Guatemala)
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Autoridades intervienen el Centro de Orientación Femenino de Fraijanes mediante un despliegue conjunto entre el Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil. El propósito de la operación es reforzar la seguridad interna y prevenir actos ilícitos dentro de la institución, de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Voceros del Ejército han señalado que la supervisión y el refuerzo de protocolos en centros femeninos contribuyen a disminuir riesgos y resguardar la integridad de quienes cumplen condena. Las autoridades consideran que este tipo de medidas limita el uso de las instalaciones para fines ilícitos.

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La intervención en centros femeninos responde a la necesidad de impedir actos ilícitos y proteger la integridad de mujeres privadas de libertad. (Vídeo: Ejército de Guatemala)

Autoridades sostienen que las acciones se realizan bajo el marco legal y la transparencia contempladas en acción penitenciaria. La coordinación entre fuerzas militares y cuerpos civiles se considera esencial para mantener el orden y la protección de la población.

Requisas recientes en cárceles femeninas y decomiso de objetos prohibidos

En fechas recientes, el Ejército y fuerzas civiles realizaron un operativo en la cárcel de mujeres Santa Teresita, ubicada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Esta intervención, en el marco de la Operación Muro de Hierro VI, permitió el decomiso de teléfonos celulares y paquetes con presunta marihuana, que quedaron bajo resguardo de las autoridades para el seguimiento legal correspondiente.

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La operación en Santa Teresita responde a una estrategia nacional orientada a reforzar los controles penitenciarios. Durante la intervención, se inspeccionaron celdas y áreas comunes, localizando objetos prohibidos y sustancias ilegales. El objetivo es impedir acciones ilícitas y fortalecer los protocolos de seguridad en los centros de detención femenina.

Esta estrategia, implementada bajo un estado de prevención, busca limitar la comunicación ilegal y restringir el acceso a artículos prohibidos en el sistema penitenciario. Las autoridades destacan que la colaboración con la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario responde a la demanda de mayor seguridad en las cárceles.

Fuerzas combinadas en Guatemala ejecutan requisa en cárcel preventiva de mujeres
Las requisas recientes en la cárcel Santa Teresita, durante la Operación Muro de Hierro VI, resultan en el decomiso de celulares y paquetes con presunta marihuana. (Foto: cortesía)

Según reportes institucionales, operativos similares se realizaron en penitenciarías como Renovación I, en Escuintla, y Pavoncito, en Fraijanes. En estos lugares localizaron armas, municiones, radios de comunicación y computadoras portátiles, lo que refleja los desafíos en el control penitenciario. En Renovación I, fue controlado un intento de motín tras el hallazgo de caletas con armas y drogas, mientras que en Pavoncito se decomisaron celulares y armas punzocortantes.

El gobierno guatemalteco informa que estos operativos buscan recuperar el control de los centros de reclusión y limitar su utilización para actividades delictivas. El ministro de Gobernación Marco Villeda ha señalado que la política de no negociación con el crimen y la eliminación de privilegios internos ha contribuido a una reducción de las extorsiones y homicidios reportados en el periodo reciente.

El refuerzo de controles y la intensificación de requisas pretenden desarticular estructuras que operan desde el interior de las prisiones. Los registros oficiales muestran una disminución de las extorsiones y homicidios desde el inicio del año.

La estrategia contempla tanto el decomiso de objetos ilícitos como el fortalecimiento de la gobernabilidad penitenciaria y la confianza en la capacidad institucional del Estado para mantener la seguridad pública.

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