El Ejército de Guatemala confirmó la extracción de datos sensibles tras un ataque informático externo al portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), lo que implica la anulación inmediata y sin costo de licencias y tenencias afectadas, mientras que las autoridades inician la reposición de registros para garantizar la legalidad en la portación de armas a partir del 10 de abril.
El Ministerio de la Defensa Nacional informó el 10 de abril que la vulneración del portal de la Digecam permitió la sustracción de información, producto de un ataque automatizado que se extendió durante aproximadamente 13 horas, según relató Julio César Taracena, comandante de la Unidad de Comunicaciones del Ejército, en una conferencia de prensa.
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El volumen de datos sustraídos no superaría los cinco gigabytes, conforme al informe preliminar presentado por la autoridad militar.
Este incidente afecta de manera directa a titulares de licencias y tenencias otorgadas por la Digecam. El Ejército instruyó que los registros afectados serán anulados y sustituidos sin costo por nuevos documentos con un número y registro diferente.
Los usuarios impactados recibirán comunicación oficial individual sobre la fecha y hora en la que deberán presentarse en la sede de la Digecam para completar el proceso administrativo necesario.
La vulneración no generó, según declaraciones del Ministerio de la Defensa, encriptación ni una solicitud de rescate, típicas de ataques de tipo ransomware.
Se detectó que fueron comprometidas credenciales de usuarios, aunque el número exacto de personas afectadas no ha sido divulgado hasta el momento. La autoridad explicó, además, que el uso de un documento filtrado quedará detectado como inválido dentro de los sistemas actualizados.
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La reposición de documentos se realiza bajo supervisión del Ministerio Público
La comandanta a cargo de la seguridad y el proceso de reposición explicó, que “va a ser una licencia nueva y se va a comunicar con cada una de las personas que se vieron afectadas, para que ellos se presenten a la Digecam para que puedan hacer ese proceso”.
Agregó que la identificación del universo total de usuarios afectados es responsabilidad del Ministerio Público, dependencia ante la cual el Ejército presentó formal denuncia el 10 de abril.
Julio César Taracena aclaró el protocolo para la validación y reemplazo de los documentos. Precisó: “No es que se les vuelva a dar (la misma licencia), sino que será un número diferente, un número de registro nuevo, porque esos registros que fueron filtrados automáticamente quedarán, como algo, prácticamente podríamos decir que van a ser falsos”.
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La nueva documentación permitirá a los propietarios mantener su derecho a portar y poseer armas, ya que estos carnets sustituyen los registros anulados tras la filtración de información. La Digecam ya inició el procedimiento de citación y reposición de documentos tan pronto concluyó la conferencia oficial del 10 de abril.
La cifra exacta de personas impactadas sigue bajo resguardo judicial
A pesar de la insistencia de periodistas, tanto la comandanta responsable como Taracena insistieron en que “va a ser el Ministerio Público el que, en su oportunidad, tendría que dar a conocer la cantidad” de usuarios alcanzados por el incidente, debido a impedimentos legales vigentes tras la presentación de la denuncia.
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El Ejército subrayó que los usuarios afectados no tendrán inconvenientes legales al momento de interactuar con autoridades policiales, incluso bajo el actual estado de prevención decretado en siete departamentos del país, ya que los carnets originales serán anulados y sustituidos por nuevos registros oficiales.
Las investigaciones para identificar a los responsables del ataque continúan abiertas, en colaboración con el Ministerio Público. La autoridad militar reiteró que la seguridad del sistema sigue bajo análisis y que la información recabada fue puesta a disposición de la fiscalía.
Las personas cuyos registros hayan sido afectados recibirán notificación oficial y acceso al proceso de reposición, para que mantengan la legalidad de sus documentos y no enfrenten complicaciones ante futuras inspecciones policiales o cambios legislativos relacionados con el control de armas.
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