
La Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán advirtió, en un comunicado emitido en marzo de 2026, que la persistente subida de precios en combustibles y alimentos está afectando de manera directa a las familias más vulnerables de Guatemala. Ante la falta de respuestas del Estado, la organización señaló que las comunidades indígenas evaluarán la posibilidad de aplicar medidas legales y no descartan futuras protestas si el gobierno continúa sin intervenir en la crisis del costo de vida, según informó el propio Consejo en un pronunciamiento difundido a toda la región.
La declaración, publicada por la Junta Directiva, enfatizó la indignación ante el costo prohibitivo de la canasta básica. El documento acusa a las empresas distribuidoras e importadoras de especulación sin control, asunto que representa, de acuerdo con la organización, una amenaza directa a la seguridad alimentaria y al derecho constitucional a una vida digna. En el mismo mensaje, la entidad advirtió que, mientras persista la indiferencia estatal, los pobladores se mantendrán en asamblea permanente, aunque aclaró que por el momento no han convocado manifestaciones, aunque esta opción sigue vigente si no se produce una respuesta oficial.
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Con vistas a una solución inmediata, el Consejo reclamó al Estado la intervención de instituciones públicas y requirió a organismos como los ministerios de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) reforzar la supervisión del mercado para detener el acaparamiento. Además, exigió al Congreso de Guatemala que otorgue prioridad a la economía popular y actúe contra “los abusos de los monopolios” que, a juicio de la organización, han provocado incrementos injustificados en los precios, informó la Junta Directiva.
Reclamos por falta de control estatal en mercados
La evolución de los precios de combustibles y productos básicos en Guatemala se complica por la ausencia de controles eficaces; esta brecha ha generado que sectores sociales extensos tengan dificultades para acceder a alimentos esenciales. El propio comunicado sostiene que la ausencia de acciones regulatorias no solo perjudica a Totonicapán, sino que “vulnera derechos fundamentales de los habitantes de la región”.
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La Gremial de Transporte exige al Congreso la aprobación urgente de subsidios
Frente al escenario de aumentos, la Gremial de Transporte extraurbano de pasajeros solicitó a la Junta Directiva del Congreso de Guatemala una convocatoria inmediata para aprobar los subsidios anunciados para el sector. Esta petición adquiere relevancia porque el transporte comercial resulta esencial para la movilidad diaria de miles de personas y para la distribución de insumos básicos en el país.
La gremial advirtió que, si no se implementan medidas inmediatas, la crisis operativa podría poner en riesgo el funcionamiento del sector, lo que tendría un impacto inmediato en la economía de los guatemaltecos. Los representantes del transporte señalaron que las desigualdades económicas de la población acentúan las consecuencias negativas de una posible paralización del servicio y podrían agravar la emergencia social resultante del aumento de precios.
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Según la comunicación de la Junta Directiva de los cuarenta y ocho cantones, la falta persistente de intervención estatal y el retraso en legislaciones clave exponen a miles de familias a una situación crítica, tanto por el encarecimiento de bienes esenciales como por el riesgo de una interrupción en el transporte público, sector clave para la vida económica y social de Guatemala.
En tanto, los diputados en el Congreso de la República, continúan con el análisis de las diversas propuestas que se mantienen sobre la mesa de discusión ante los desacuerdos que existen, con relación a otorgar subsidios.
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