El transporte de carga y de pasajeros atraviesa una crisis de seguridad vial en Guatemala, reflejada en los altos índices de accidentes fatales, la baja aplicación de tecnología preventiva y una regulación considerada obsoleta por los actores del sector.
En este contexto, José Alejandro Ramírez, director de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, en conferencia de prensa convocó a Luis Contreras, presidente del Congreso, y a los jefes de bloque, para instalar una mesa técnica que impulse reformas integrales a la ley de tránsito, su reglamento y la implementación de un seguro obligatorio.
La falta de dispositivos reductores de velocidad es una de las preocupaciones señaladas en la citación celebrada por diputados de la bancada VOS con funcionarios del área de transporte.
Según datos presentados en esa instancia, de los 256.000 vehículos de transporte pesado, apenas 15.133 están equipados con mecanismos para controlar la velocidad. En el caso del transporte colectivo, únicamente 793 unidades —de un total de 21.631 buses— poseen los reductores, según lo manifestado por el medio fuente durante la comparecencia.
La magnitud del problema involucra cifras que muestran la dimensión del riesgo: en el último registro oficial, 141 personas fallecieron y 751 resultaron lesionadas en accidentes vinculados al transporte colectivo.
El transporte de carga sumó 1.267 vehículos involucrados en incidentes, con 161 muertos y 337 lesionados, según los datos proporcionados por Mynor Gonzales, director general de transporte.
Las sanciones para quienes incurrieron en accidentes con colectivos sumaron dieciséis multas con valores que oscilan entre 5.000 y 25.000 quetzales. Gonzales indicó que estas cifras oficiales proceden del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito y el Departamento de Tránsito.
Las demandas del sector de transporte: reformas urgentes y señalización
La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga solicitó al Congreso la asignación de recursos específicos para optimizar la señalización en las rutas principales, sumando esta exigencia a la demanda de una reforma legal integral.
Además, la entidad propone que la mesa técnica coordinada por Luis Contreras inicie labores en un plazo máximo de diez días e integre representantes del Congreso, de los ministerios de Gobernación y de Comunicaciones, y del sector transportista.
Entre los doce puntos presentados por el sector, se encuentra la modificación de la ley de tránsito y su reglamento para que la responsabilidad de las infracciones recaiga conforme a la causa: que el conductor asuma la sanción si la falta es suya y el propietario del vehículo, cuando la deficiencia corresponda al estado del automotor.
Asimismo, solicitaron fortalecer el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, de modo que sus estadísticas incluyan los datos reportados por hospitales nacionales, y proveer de equipamiento electrónico al personal de tránsito para fiscalizar la velocidad en carretera.
Para José Alejandro Ramírez, resulta indispensable instalar “una mesa técnica de trabajo de muy alto nivel, de carácter técnico, con una agenda y una ruta establecida, liderada por el presidente del Congreso de la República”, con la participación de las más altas autoridades vinculadas a la seguridad y la gestión del transporte.
El registro de accidentes y la fiscalización insuficiente
Durante la citación parlamentaria, Mynor Gonzales expuso que en 2025 los operativos de control alcanzaron la revisión de 558 vehículos y la detención de 3.400 unidades de transporte colectivo. Solo se contabilizaron treinta y cinco accidentes registrados oficialmente en el ámbito del transporte colectivo. Según los diputados asistentes, esta cifra podría estar subestimada, dada la deficiente recolección de datos y la existencia de servicios “pirata” fuera de control formal, de acuerdo con lo señalado por el funcionario a el medio fuente.
La disparidad entre el parque vehicular y las sanciones impuestas refleja vacíos institucionales y subraya la urgencia de modernizar los controles. Las penalizaciones actualmente dependen de la gravedad y el tipo de irregularidad detectada —como la falta de registro o la licencia vencida—, pero, conforme a los testimonios presentados en el Congreso, aún no cuentan con regulación ni actualización estrictas.
El panorama, con alta mortalidad y limitada supervisión en el cumplimiento de las normas viales, llevó a los actores del sector y legisladores a coincidir en la urgencia de reformas legales, tecnológicas y administrativas para mitigar los accidentes y actualizar el marco normativo del transporte en Guatemala.
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