
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural de Guatemala ha decidido ampliar el horizonte del Plan Nacional de Desarrollo Katún hasta 2052, delegando la coordinación de su actualización a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), con el objetivo de revertir el bajo nivel de avance del actual plan—apenas 6,53 % de cumplimiento, según datos oficiales—y adaptarlo a los complejos cambios sociales, económicos y tecnológicos que ha experimentado el país en la última década, según informó SEGEPLAN.
Durante la más reciente sesión del consejo, se expuso que de los indicadores y metas planteados en el segundo quinquenio del plan, el 44 % carecen de información actualizada. Esti Bonojel, funcionaria de SEGEPLAN, precisó ante el pleno que “más del ochenta por ciento de la producción institucional no se vincula actualmente con el plan, incluyendo políticas, programas y planes sectoriales”. Según Bonojel, esta situación evidencia la urgencia de “revisar nuestras metas de país y apostar a aquellas que puedan generar desarrollo”.
La ampliación al 2052 responde a una planificación de Estado
La actualización extiende el horizonte estratégico de desarrollo de Guatemala hasta 2052, alineándolo con la cosmovisión ancestral que identifica a los ciclos de veinte años como períodos clave para proyectos de gran escala. Según un dictamen técnico de la Comisión de Alineación, Seguimiento y Evaluación, “la extensión del horizonte estratégico al 2052 fortalece la planificación del país, favoreciendo la coherencia entre la visión nacional de desarrollo, las políticas públicas, la inversión y el presupuesto”.

La estructura del plan actualizado, que pasará a denominarse Katún, Nuestra Guatemala 2052, contempla cinco ejes centrales: integración urbano-rural, bienestar poblacional, generación de riqueza inclusiva, gestión sostenible de recursos naturales y consolidación del Estado como garante de los derechos humanos. Tal como detallaron representantes de SEGEPLAN, el futuro documento buscará ser “una hoja de ruta compartida que oriente políticas públicas y decisiones para priorizar a las personas y territorios excluidos”.
La revisión responde a transformaciones profundas provocadas por la pandemia, los avances tecnológicos y el agravamiento del cambio climático, fenómenos que exigen redefinir objetivos, identificar nuevas brechas y adoptar compromisos internacionales en desarrollo sostenible, gestión del riesgo y gobernanza democrática.
Metodología participativa y plazos definidos hasta 2026
El proceso de actualización aprobado por el consejo comprende cinco fases: preparación estratégica y diseño metodológico, participación ciudadana y diálogo multiactor, recopilación y análisis de información diagnóstica, formulación estratégica y elaboración del nuevo plan, y finalmente validación, aprobación y lanzamiento público.
SEGEPLAN remarcó la importancia de que la “participación ciudadana sea la base de legitimidad” y que el enfoque sea eminentemente territorial, combinando encuestas, talleres departamentales y municipales, consultas con múltiples actores—sociedad civil, sector privado y cooperación internacional—y diálogos estratégicos.
El cronograma establece que la primera versión del nuevo plan estará lista en octubre de este año, mientras que las fases de consulta y validación se extenderán hasta octubre de 2026, con etapas intermedias de entrega de informes y validaciones.
El Estado deberá asegurar recursos y reorganizar la institucionalidad pública
El consejo resolvió que todas las entidades públicas competentes deberán aportar recursos financieros, técnicos y logísticos prioritarios para el desarrollo del plan, garantizando su inclusión en la planificación de corto y mediano plazo, así como en la formulación presupuestaria anual y multianual.
La aprobación definitiva del Plan Nacional de Desarrollo Katún, Nuestra Guatemala 2052 se efectuará en una sesión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El proceso quedó formalmente vigente desde el 27 de febrero de este año en la ciudad de Guatemala.
Durante su exposición, Esti Bonojel enfatizó: “Con el apoyo de la institucionalidad y de los diversos actores, este documento va a ser posible para que oriente la planificación en los próximos veinte años”.
Las autoridades del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural subrayaron ante el presidente de la república, Bernardo Arévalo, que la agenda debe reorientarse hacia la formulación de políticas integrales y sostenibles con visión territorial y asegurar la participación efectiva de la población en la identificación de necesidades y construcción de soluciones. Entre los ejes señalados como prioritarios figuran: la definición de una política nacional de desarrollo, el impulso de la democracia participativa y representación plural, la profundización de la descentralización y la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento del SISCODE, el mejoramiento de los mecanismos de inversión pública territorial y una auditoría social rigurosa de las políticas públicas.
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