Ecuador ascendió al top cinco mundial del crimen organizado: las claves de su salto en el ranking global

Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado –publicado esta semana–, el país escaló hasta el quinto puesto entre 193 Estados evaluados, con un puntaje de criminalidad de 7,48 sobre 10, una de las calificaciones más altas del mundo. El informe lo sitúa entre los entornos más complejos para la gobernanza frente a economías ilícitas y estructuras criminales, reflejando una transformación profunda en su papel dentro de las dinámicas del crimen transnacional.

A nivel regional, Sudamérica registra un puntaje promedio de criminalidad de 6,13 y se ubica como la segunda región con mayor incidencia a escala global. Sin embargo, el desempeño ecuatoriano supera con amplitud ese promedio, consolidándolo como uno de los casos más críticos del hemisferio. El ascenso no responde a un único mercado ilícito, sino a la convergencia de múltiples economías criminales y a la creciente sofisticación de los actores involucrados.

El mercado de cocaína se mantiene como el principal motor de esta dinámica. En el perfil regional, el tráfico de cocaína alcanza un puntaje de 8,42, el más alto entre los mercados evaluados. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales, y con puertos estratégicos en el Pacífico, se ha convertido en una plataforma clave de almacenamiento, procesamiento, contaminación de contenedores y envío hacia Europa y Norteamérica. La infraestructura portuaria y la dolarización de la economía han sido señaladas como factores que facilitan tanto la logística como el lavado de activos.

Pero la expansión no se limita a las drogas. El tráfico de armas (6,67), el comercio ilícito de recursos no renovables (6,79), los delitos financieros (6,33) y el contrabando de bienes sujetos a impuestos especiales muestran incrementos sostenidos en la región. En Ecuador, estas economías se articulan con redes locales que han diversificado sus fuentes de ingresos, integrando minería ilegal, extorsión y lavado de dinero. El resultado es una estructura criminal menos dependiente de un solo flujo y más resiliente frente a operativos estatales aislados.

Uno de los indicadores más preocupantes es el de actores incrustados en el Estado. En la medición regional, los “state-embedded actors” alcanzan 7,29 puntos, una cifra que sugiere la existencia de vínculos entre estructuras criminales y funcionarios públicos o agentes con capacidad de influencia institucional. Esta dimensión resulta determinante para entender por qué los esfuerzos represivos no han logrado contener la expansión del fenómeno.

El índice también evalúa la resiliencia, entendida como la capacidad del Estado y de la sociedad para prevenir y enfrentar el crimen organizado. Sudamérica obtiene un puntaje de 4,66 en este apartado, lo que indica fragilidades persistentes en liderazgo político, transparencia, cooperación internacional, sistema judicial y capacidad regulatoria. En el caso ecuatoriano, la caída sostenida en resiliencia acompaña el aumento de la criminalidad, configurando una brecha cada vez más amplia entre amenaza y respuesta institucional.

El informe desagrega componentes como gobernanza política, transparencia, cooperación internacional, integridad territorial, lucha contra el lavado de activos y apoyo a víctimas. Las debilidades acumuladas en varios de estos frentes han coincidido con un deterioro de la seguridad pública visible en el incremento de homicidios, motines carcelarios y violencia vinculada a disputas entre organizaciones.

En paralelo, el índice de actores criminales regional alcanza 6,44, lo que refleja la presencia consolidada de grupos de tipo mafioso, redes criminales flexibles y actores extranjeros. Ecuador ha experimentado la entrada y consolidación de organizaciones transnacionales que operan en alianza con bandas locales. Esta hibridación ha incrementado la capacidad operativa, el acceso a armamento y la conexión con mercados internacionales.

La transición de país de tránsito a nodo estratégico no ocurrió de forma abrupta. Durante años, la relativa estabilidad y menores niveles de violencia diferenciaban a Ecuador de sus vecinos andinos. Sin embargo, el desplazamiento de rutas, la presión en Colombia y México, y la capacidad portuaria ecuatoriana generaron incentivos para el asentamiento permanente de estructuras criminales. La fragmentación institucional y la crisis carcelaria actuaron como catalizadores.

El Índice Global de Crimen Organizado, desarrollado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, combina análisis de mercados ilícitos y actores con indicadores de resiliencia institucional. En el caso ecuatoriano, el incremento simultáneo de criminalidad y la erosión de resiliencia configuran un escenario de alta complejidad.