El juez Fredy Orellana habría anulado la orden de captura contra el expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías

La decisión tomada por el séptimo juzgado penal reactiva el análisis sobre uno de los procesos más extensos en la historia del país, mientras la falta de acción del Ministerio Público ha sido señalada por diversas fuentes

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El juez penal Fredy Orellana habría anulado las órdenes de captura que pesaban sobre el exiliado expresidente Jorge Serrano Elías, abriendo la vía para su posible retorno a Guatemala después de más de tres décadas de residencia en Panamá. La medida, sustentada en la prescripción de varios delitos y la inacción prolongada del Ministerio Público, podría cerrar uno de los procesos judiciales más antiguos y emblemáticos del país.

En Guatemala varios medios locales han publicado la información, como es el caso del Diario La Hora quien ha consultado fuentes cercanas que asegura el extremo en cuanto que Orellana anuló las órdenes de captura emitidas hace treinta y tres años en contra del exmandatario, quien quedó procesado por trece delitos derivados del intento de autogolpe conocido como el “Serranazo” en 1993. De este modo, Serrano Elías, quien permanece fuera de Guatemala desde esos hechos, podría regresar voluntariamente para enfrentar a la justicia local.

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Según la defensa de Jorge Serrano Elías, la solicitud de anulación se sustentó en dos argumentos principales: la prescripción de algunos delitos tras más de veinte años sin avance judicial y la falta de impulso del Ministerio Público. En ese lapso, el MP no presentó nuevas pruebas ni avanzó con la investigación. Según el medio Soy502 .

Un caso judicial que marcó la historia de Guatemala

El llamado “Serranazo” tuvo lugar el 25 de mayo de 1993, cuando Serrano Elías intentó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, acción calificada rápidamente como ruptura del orden constitucional. Por ese episodio, la justicia guatemalteca le imputó delitos tales como violación a la Constitución, rebelión, desacato a presidentes de organismos del Estado, abuso de autoridad, abandono del cargo, usurpación de funciones, peculado, malversación, fraude y apropiación indebida, entre otros.

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Tras abandonar Guatemala, Serrano Elías se refugió en Panamá, país con el que no hay tratado de extradición. Desde entonces, sigue radicado allí y ha aprovechado las redes sociales para posicionarse activamente en los debates políticos guatemaltecos, en particular durante las temporadas electorales.

Cambios de jurisdicción y la resolución de Orellana

La conducción del proceso penal contra el expresidente ha estado marcada por una constante redefinición judicial. El expediente radicó originalmente ante el juzgado sexto penal, a cargo de Carlos Toledo. En los últimos años, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia promovió el traslado de la causa, ejerciendo presión para favorecer las peticiones de la defensa o cambiarla de magistrado.

Esto llevó a la presentación y aceptación de una recusación en diciembre pasado por parte de la Sala Tercera Penal, presidida por Alejandro Prado. De forma inmediata, la carpeta judicial fue derivada al despacho de Orellana en enero, sin seguir el procedimiento habitual para reasignar expedientes entre jueces penales.

La expectativa ante un posible regreso del exmandatario

La suspensión de órdenes de captura genera amplia expectativa en el plano político, ya que podría significar el regreso de Serrano Elías al país tras treinta y un años de exilio, siempre que la justicia confirme el cierre definitivo del caso. En la actualidad, el proceso penal permanece bajo jurisdicción de Orellana, a la espera de nuevas acciones de la defensa y de posibles respuestas del Ministerio Público.

Serrano Elias
Fotografías:Redes Sociales Jorge Serrano Elias

En sus recientes intervenciones mediáticas, el expresidente apoyó públicamente a Claudia Paredes, la nueva presidenta del Organismo Judicial, a quien definió como “una señal de dignidad y cordura”. El futuro judicial y político de Serrano Elías dependerá ahora de las resoluciones que adopte Orellana y de la postura final que asuma el Ministerio Público ante la posibilidad de prescripción total de los delitos.

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