El presidente Bernardo Arévalo anunció el domingo recién pasado el aislamiento de los líderes de pandillas responsables del motín del 18 de enero en instalaciones carcelarias adaptadas en contenedores especiales, una directriz que responde tanto a la crisis penitenciaria abierta tras los disturbios como a la necesidad urgente de evitar la comunicación entre internos y frenar nuevas olas de violencia en Guatemala.
La decisión se hizo pública poco antes de cumplirse un mes desde los hechos que dejaron un 40 % de daño en el centro Renovación 1, dato confirmado por el director del sistema penitenciario, Jorge López Dellachiessa, en una citación en el Congreso de la República.
Durante la comparecencia, López Dellachiessa aseguró que la reclusión en contenedores será una medida temporal, implementada mientras avanzan las obras de reconstrucción.
El funcionario explicó que los contenedores fueron instalados y adecuados para alojar a los privados de libertad en tanto se rehabilita el área destruida: “ya se trasladaron a los primeros privados de libertad, que son los de la rueda del barrio Dieciocho, que tenemos en Renovación uno; son seis privados de libertad. Y aparte tenemos cinco contenedores que van a servir para albergar a los privados en lo que se reconstruye el centro.” Según detalló, el proceso se llevará a cabo por fases, permitiendo que los internos permanezcan en los contenedores mientras el personal de infraestructura recupera las áreas afectadas.
La estrategia empleada prevé una movilidad progresiva: a medida que avanzan los trabajos, los internos serán desplazados de los sectores intervenidos, de modo que “paulatinamente, todos los privados de libertad van a tener que pasar por los contenedores,” expuso el director.
Estimó que el encierro en estas estructuras podría durar entre una semana y un mes en promedio, aunque la cifra puede variar según la evolución delas obras. Conforme se rehabiliten los sectores internos, el número de reclusos en contenedores disminuirá hasta quedar solo cinco o seis personas en esa condición.
La seguridad figura como uno de los aspectos más cuestionados de esta medida. López Dellachiessa defendió el esquema ante el Congreso, detallando la existencia de un doble perímetro con varias puertas y candados: “Tienen que pasar por cuatro puertas, cuatro candados para vulnerar la seguridad de esa área.”
El plan contempla la extensión del modelo de contenedores a seis centros adicionales, específicamente aquellos que albergan líderes o miembros de pandillas: Santa Teresa, Boquerón uno, Chimaltenango, Renovación uno y dos, y Sector Once.
Así lo comunicó el diputado Byron Rodríguez de la bancada Todos, quien también informó que el presupuesto necesario ya está asignado para facilitar la continuidad de los trabajos.
El contexto actual se caracteriza por la tensión entre las necesidades administrativas, la conflictividad violenta y el escrutinio legal. Según el diputado Rodríguez, “algunos abogados de pandilleros han presentado ya acciones legales, como amparos o recursos de inconstitucionalidad, por el hecho de que los privados de libertad han sido movidos a estas cárceles hechas con contenedores.”
El director del sistema penitenciario reconoció que se trata de prácticas aplicadas en otros países de Latinoamérica, pero admitió el debate abierto acerca del impacto en derechos y condiciones penitenciarias.
Un elemento adicional que llamó la atención fue la falta de uniformes penitenciarios, ya que estos fueron destruidos durante los disturbios. López Dellachiessa puntualizó que ya se realizaron nuevas compras y se restablecieron los uniformes para el personal de custodia; los de los reclusos están en proceso de reposición.
El rediseño estructural de Renovación uno implica también reubicar las oficinas administrativas fuera del núcleo carcelario, con el objetivo de garantizar quelas áreas de reclusión queden confinadas solo dentro del perímetro, una modificación pensada para reforzar el control y responder a las deficiencias expuestas tras la revuelta.
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