La popularidad de Bukele impulsa análisis sobre elegibilidad de extranjeros para la presidencia guatemalteca

La creciente fascinación por los métodos de seguridad aplicados por Nayib Bukele alimenta rumores sobre su potencialidad como candidato a la presidencia de Guatemala lo que genera un debate jurídico e histórico de amplio alcance, donde la letra de la Constitución choca con realidades institucionales y barreras prácticas, y obliga a repasar los límites de la integración regional en Centroamérica a la luz del fenómeno Bukele. El exministro de Relaciones Exteriores Gabriel Orellana resumió el fundamento del debate legal al afirmar: “Efectivamente, nuestra constitución y sistema legislativo regulan la nacionalidad; personas nacidas en países que formaron parte de la federación centroamericana se consideran para Guatemala como nacionales de origen”.

Esta disposición constitucional, recogida en el Artículo 145, tiene como propósito, en palabras del propio texto fundamental, “promover la integración centroamericana” mediante la facilitación de la nacionalidad y el fortalecimiento de vínculos con los países vecinos. Sin embargo, la simple nacionalidad de origen no garantiza el acceso a la candidatura presidencial, como detalla Orellana: “Para poder lograr lo que la ley nos dice de la equiparación de nacionalidad, se tiene que domiciliar; esto implica permanencia durante un año como mínimo en el mismo domicilio”. El exministro subraya que el proceso obliga al aspirante extranjero a cumplir con requisitos migratorios formales, fijar su residencia y demostrar medios de subsistencia en el país.

A los requisitos administrativos se suman incertidumbres temporales en el contexto electoral. El propio Orellana cuestiona: “La gran incógnita es si le daría tiempo para ser candidato a la presidencia en la próxima elección”. La complejidad no se agota en los aspectos legales. El impacto social y la gobernabilidad institucional también aparecen como retos, según planteó el jurista: “En un año o dos, ¿generaría dentro de las fuerzas armadas corrientes de lealtad que le obedezcan ciegamente?”, una pregunta central para la estabilidad del estado.

El debate no se reduce al marco legal. El exdiputado y exconstituyente Roberto Alejos reivindicó la tradición centroamericanista de la Carta Magna y de la apertura guatemalteca desde los años ochenta, pero aclaró: “No puede ostentar dos cargos, no ejerce jurisdicción y debería interpretarse de manera definitiva”, lo que define la incompatibilidad entre simultaneidad de presidencias y el diseño institucional de Guatemala. La pertenencia al Parlamento Centroamericano y otras expresiones de integración no anulan el principio, repetido por Alejos, de que “solo quien vive aquí y reside acá” debe optar a los máximos cargos, una posición que involucra la defensa de la autonomía frente al influjo de liderazgos externos.

<b>Bukele sinónimo de populismo y no de estrategia </b>

Por su parte, el abogado Edgar Ortiz también reconoce el fundamento constitucional para que un centroamericano adquiera la nacionalidad guatemalteca y aspire al principal cargo público: “Un centroamericano nacionalizado puede ser presidente”. Sin embargo, Ortiz advirtió que la hipótesis se alimenta más de la popularidad de Bukele que de una estrategia política realista: “Todo el mundo quisiera un Bukele guatemalteco, eso es lo que creo”. La comparación constante con el modelo salvadoreño, especialmente en temas como seguridad, responde, según Ortiz, a una “moda”, y relativiza el carácter práctico de la posibilidad jurídica.

Pablo Hurtado de ASIES, al respecto dice “no podemos negar, no solo en Guatemala, en la región Latinoamérica, es una figura política muy conocida; sus habilidades de comunicación y en redes hacen que no pase inadvertido”. Este reconocimiento regional, sumado al eco de sus políticas en El Salvador, pone en primer plano la posibilidad, aunque solo sea teórica, de una candidatura en territorio guatemalteco. No obstante, la viabilidad práctica parece lejana, pues “sería dejar la presidencia para vivir e iniciar la carrera política en Guatemala, no se ve muy práctica”, advierte.

El peso del reconocimiento popular dentro de Guatemala permanece como obstáculo. Orellana se preguntó: “¿Será que generaría simpatía para ser electo? Hay grandes incógnitas que las personas no toman en cuenta”. El exministro señaló que la notoriedad mediática de Bukele puede no traducirse en apoyo contundente, sobre todo en áreas rurales y entre comunidades apartadas, lo que incrementa el desafío de legitimidad para un candidato ajeno a la vida local.

En suma, el actual marco legal guatemalteco permite —bajo estrictos requisitos de nacionalización, residencia efectiva y arraigo legal— que un ciudadano de otra república centroamericana aspire a la presidencia, pero, como concluyó Orellana, “prácticamente inviable, tal vez cuando los salvadoreños se aburran de él”.