Ministro de gobernación de Guatemala: “El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes”

En conferencia de prensa los ministros de gobernación, Marco Antonio Villeda y de defensa Henry Sáenz Ramos, conferencia de prensa presentaron un recuento de las acciones que se realizaron al retomar el control del centro carcelario Renovación I, que permitió el rescate de nueve rehenes, lo que marca un momento clave en la respuesta del Estado guatemalteco frente a la reciente ola de violencia carcelaria orquestada por pandilleros.

La administración ha señalado que el costo de estos hechos fue la muerte de siete agentes atacados durante los operativos, cifra que el Gobierno reconoció como una pérdida dolorosa, pero presentó como una consecuencia inevitable en el proceso de recuperar la seguridad y restablecer la autoridad en los centros penitenciarios.

En su comparecencia, el titular del Ministerio de Gobernación describió su sentir como una mezcla de “sentimientos encontrados”.

Subrayó su satisfacción por la labor de las fuerzas estatales, pero enfatizó el pesar por el fallecimiento de los policías durante los ataques de grupos calificados como “terroristas”, en respuesta directa a las acciones emprendidas por el Gobierno contra el crimen organizado privado de libertad.

No cederán a chantajes

Las autoridades recalcaron que, pese al dolor de la pérdida, “estos ataques, si bien nos golpean, no nos van a amedrentar”.

El Gobierno descartó la posibilidad de negociar con pandillas: “No estoy dispuesto ni a pactar, ni a retornar sus privilegios, ni a conceder nada para que esta situación deje de producirse”, afirmó el funcionario al frente de la crisis.

Insistió en que no cederá ante las presiones o chantajes, y que garantizará la seguridad de la población pese a lcosto y la dificultad de una confrontación frontal.

Destacó que este es un camino del cual no se apartarán: “Es lamentable y doloroso, pero no vamos a ceder en esta lucha”.

Entre las medidas tomadas, informó que el presidente Bernardo Arévalo ha ordenado operaciones conjuntas entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa para resguardar los principales centros urbanos y reforzar la seguridad ciudadana.

El general al frente del Ministerio de la Defensa Sáenz Ramos reveló la implementación de una nueva estrategia de seguridad, iniciada con el denominado “cinturón de fuego” y, posteriormente, la puesta en marcha de “operaciones Centinela”.

Resaltó que el Ejército de Guatemala despliega el 100 % de su capacidad en coordinación con Gobernación, y que los hechos recientes no son incidentes aislados, sino parte de una respuesta estructurada para desarticular a las organizaciones responsables.

Durante los operativos, explicó el funcionario, se capturó a siete pandilleros—algunos antes y otros después de los atentados—y uno resultó muerto en enfrentamientos con la Policía.

Además, las fuerzas incautaron dos fusiles, retuvieron dos vehículos y un mototaxi (tuctuc), elementos que, según las autoridades, forman parte de las redes logísticas de las bandas delictivas.

Dos tomas de rehenes marcaron la emergencia: una en la Zona 18 (sector 11) y otra en Fraijanes II. Las fuerzas tomaron la decisión de intentar el diálogo en un primer momento, buscando que los reclusos depongan su actitud y liberar al personal.

Frente a la falta de respuesta, advirtieron que están dispuestos a emplear todos los recursos disponibles hasta retomar el control.

El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo confirmó que existían alertas previas sobre posibles ataques y señaló que el origen de la crisis está en la negativa del Gobierno a aceptar “los chantajes que siempre han ejercido” los reclusos, quienes buscaban recuperar privilegios y condiciones especiales previamente vigentes.

Remarcó que “la situación política y administrativa es no tolerar chantajes, aunque las presiones vengan de todos lados”.

De acuerdo con los reportes oficiales, la sangre derramada de los siete agentes es el precio que el Estado está decidido a pagar por enfrentar a las estructuras criminales, en un contexto donde la firmeza y la legitimidad de la ley son presentadas como respuesta esencial.

Las fuerzas estatales reiteraron que “el Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes, hará un combate frontal en el marco del Estado de Derecho con toda la legitimidad”.