Abolicionistas exigen que Bill Lee conmute la pena de muerte de Christa Pike tras la ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, sobrevivió el 30 de septiembre de 2026 a un intento de ejecución por inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Ahora, Trish Cooper, directora adjunta de Death Penalty Action (DPA) —organización abolicionista sin fines de lucro dedicada a detener ejecuciones y erradicar la pena de muerte—, exige al gobernador Bill Lee que conmute su sentencia a cadena perpetua.

“El Departamento Correccional de Tennessee falló. Ella estaba dispuesta a aceptar esta sentencia y lo hizo. Christa Pike no debería ser sometida nuevamente a esta tortura”, declaró Cooper en una entrevista con Sky 501. Para la activista, la responsabilidad del procedimiento fallido recae sobre el estado, no sobre la condenada: “Ella ha rendido cuentas y creo que en este momento el gobernador Bill Lee debe conmutar su sentencia por cadena perpetua y no intentar hacer esto nunca más”, agregó.

Death Penalty Action y otros sectores piden a Bill Lee que conmute la sentencia de Christa Pike

Para la DPA, el camino es claro: convertir la pena de muerte en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cooper subrayó que el estado no puede repetir un procedimiento que ya fracasó y que la responsabilidad de lo ocurrido el 30 de septiembre recae sobre el Departamento Correccional de Tennessee.

La organización no es la única voz en ese sentido. Obispos episcopales, luteranos y católicos de Tennessee le escribieron al gobernador para pedirle que garantice que el estado “no intente ejecutar a Pike nuevamente”, según Episcopal News Service. Más de 100 organizaciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres también habían solicitado la conmutación antes del 30 de septiembre.

La propia Pike tomó la palabra un mes después del episodio. En un comunicado dictado a su equipo legal y difundido el 30 de octubre, describió una recuperación marcada por el dolor físico y el aislamiento. “Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó.

Qué ocurrió durante la ejecución fallida del 30 de septiembre

El procedimiento se extendió por más de dos horas. El equipo encargado utilizó cerca de 10 agujas para intentar establecer las dos vías intravenosas que exige el protocolo estatal. La vía del brazo derecho quedó colocada en aproximadamente seis minutos, pero el acceso en el brazo izquierdo demandó casi una hora, con múltiples intentos fallidos y una aguja retirada con una doblez de 90 grados.

Varios integrantes del equipo advirtieron que al menos una vena de Pike podía haberse “reventado”. “Creo que la vena está reventada”, señaló uno de los técnicos, según el documento judicial presentado por el abogado Randy Spivey el 22 de octubre. Aun así, el equipo administró dos dosis completas de pentobarbital —el barbitúrico utilizado como único fármaco en el protocolo de Tennessee—. Antes de perder la conciencia, Pike se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”.

El doctor Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory y asesor de la defensa, explicó a la BBC que “la mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, terminó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”.

Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador; recobró la conciencia días después y volvió a prisión al décimo día. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió una inyección letal tras recibir los fármacos completos.

La pausa en las ejecuciones, la renuncia de Strada y la investigación ordenada por Lee

Las consecuencias institucionales fueron inmediatas. Lee suspendió todas las ejecuciones programadas hasta fin de año y ordenó una revisión externa “para determinar exactamente qué ocurrió”. El comisionado correccional Frank Strada anunció su renuncia el 3 de octubre, con el argumento de que era “lo más conveniente para el estado”. El 30 de octubre Lee nombró al comisionado interino Christopher Hansen.

El Departamento de Correcciones declinó hacer comentarios y sostuvo haber “seguido cada paso del protocolo de ejecución legalmente establecido”. No fue la primera irregularidad del año: en mayo, las autoridades detuvieron el procedimiento contra Tony Carruthers al no lograr el acceso intravenoso.

La postura de Bill Lee y la incertidumbre sobre un segundo intento

Lee rechazó hasta ahora conmutar la pena de Pike. Ante preguntas de la prensa, respondió: “Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen otra cosa”, según The Guardian. La sentencia de muerte permanece vigente.

El equipo legal anticipó una “larga batalla judicial”. La defensa maneja dos argumentos constitucionales: la prohibición de la doble incriminación —el castigo ya comenzó cuando se administraron los fármacos— y la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Un juez ya ordenó al estado conservar toda la evidencia del procedimiento fallido. Los fiscales, por su parte, indicaron que “no existe ninguna orden de ejecución pendiente”.

Si Lee no actúa antes de enero, la decisión pasará a su sucesor: la candidata demócrata Jerri Green prometió una moratoria sobre las ejecuciones, mientras que la republicana Marsha Blackburn prometió reanudarlas.

El crimen de 1995 y el contexto del caso

Pike tenía 18 años en enero de 1995 cuando torturó y mató a Colleen Slemmer, de 19 años, en Knoxville, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona. El jurado encontró que el homicidio fue especialmente atroz, involucró tortura y fue cometido para evitar una detención. Shipp, menor al momento del crimen, recibió cadena perpetua; permanece encarcelado.

Pike, condenada en 1996, no niega su participación. Su defensa sostiene que el jurado nunca conoció en profundidad su historial de abuso sexual, maltrato físico y abandono durante la infancia —factores que, argumentan, fueron decisivos para la determinación de la pena.