En marzo de 2026, un jurado de Utah declaró culpable a Kouri Richins de envenenar con fentanilo a su esposo, Eric Richins, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso, seguido con atención en todo el país, parecía cerrado. Ahora, la aparición de una carta anónima y las imputaciones penales contra dos jefes policiales volvieron a abrirlo.
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Jared Rigby, actual sheriff del condado de Wasatch, enfrenta dos cargos: obstrucción de la Justicia en un procedimiento penal —delito grave de segundo grado— y declaración escrita falsa. David Edmunds, exsheriff del condado de Summit, fue acusado de obstrucción de la Justicia en una investigación criminal, un delito grave de tercer grado.
Las imputaciones fueron presentadas el 24 de septiembre y permanecieron bajo reserva casi dos semanas; el 7 de octubre se desclasificaron con amplias tachaduras. Ambos se declararon no culpables el 1 de octubre, según informó la filial de ABC News en Salt Lake City, KTVX.
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El origen de los cargos
El hilo conductor de ambas acusaciones es una carta anónima enviada el 10 de enero de 2026. Los documentos judiciales desclasificados, citados por ABC News, señalan que Rigby habría presentado un ítem falso “con intención de obstaculizar” la causa.
La acusación contra Edmunds, a su vez, lo vincula con una declaración falsa destinada a “entorpecer la identificación del autor de esa carta”.
Los escritos judiciales obtenidos por ABC4 indican que la nota estaba relacionada con supuestas irregularidades atribuidas al detective Eric Mainord, quien figuraba en la lista de testigos del juicio pero nunca llegó a declarar. La fiscalía optó por proyectar videos de sus entrevistas con otro testigo, lo que impidió que la defensa lo interrogara en forma directa.
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La defensa de Richins argumentó que el expediente judicial indica que Edmunds “completó un documento junto a Rigby en nombre de un tercero”, cuya identidad no fue revelada públicamente. Ese individuo no recibió cargos.
El trasfondo político de las acusaciones
Los documentos judiciales agregan una dimensión política al asunto. Mainord era candidato a sheriff del condado de Wasatch en el momento en que circularon las acusaciones en su contra.
Sus abogados sostuvieron ante los tribunales, según consta en escritos reproducidos por ABC4, que “varios individuos del condado de Summit consideran que las acusaciones contra Mainord son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio” ligada a esa contienda electoral. Mainord se retiró de la carrera más tarde.
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Un testimonio recogido en una orden de allanamiento para acceder a los registros telefónicos de Rigby, y citado por el mismo medio, señala que “la impresión clara del testigo fue que Rigby insinuaba que, salvo que Mainord abandonara su candidatura, esa información se haría pública e impactaría directa o indirectamente en el juicio contra Kouri Richins”.
Rigby permanece en funciones hasta enero de 2027, a pesar de los cargos en su contra. Edmunds, en tanto, dejó la jefatura del condado de Summit en 2014.
La situación judicial de Richins
La suerte procesal de la propia Richins también se mantiene en suspenso. En junio presentó una apelación que solicitaba un nuevo juicio, con base en presuntas irregularidades durante el proceso.
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En septiembre, su equipo pidió una suspensión de los plazos de la Corte de Apelaciones para analizar en profundidad las acusaciones contra los funcionarios policiales.
El tribunal la rechazó. Afirmó, según consta en la resolución transcripta por ABC4, que “la solicitud de la acusada de suspender los alegatos y la consideración de su moción de nuevo juicio queda denegada”.
El equipo de Richins había argumentado previamente que la fiscalía no divulgó a la contraparte información sobre las irregularidades vinculadas a Mainord, tal como exige la ley.
“Este material era de conocimiento público cuando el detective Mainord testificó en la audiencia de supresión de pruebas y cuando fue incorporado a la lista de testigos del Estado”, consta en las presentaciones de la defensa reproducidas por ABC4.
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La decisión sobre si se habilitará un nuevo juicio aún está pendiente. El equipo legal sostiene que las imputaciones contra Rigby y Edmunds podrían ser tenidas en cuenta en ese análisis.
Mientras el expediente penal sigue abierto en múltiples frentes, un jurado civil condenó a Richins a pagar USD 55 millones al patrimonio de Eric por daños en una demanda civil por daños y perjuicios.
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