
Los documentos municipales que Nueva York divulgará muestran que el polvo tóxico del 11-S llegó a departamentos del bajo Manhattan y las autoridades tardaron meses en ofrecer un plan de análisis y limpieza para los hogares.
Durante ese lapso, muchos residentes regresaron y retiraron por su cuenta residuos que podían contener amianto y otros contaminantes.
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El material entró por ventanas rotas o abiertas, conductos de ventilación, rendijas y equipos de aire acondicionado. Una vez dentro, quedó sobre muebles, pisos, alfombras y rejillas; al limpiarlo, las partículas podían volver a flotar en el aire que respiraban las familias.
Los archivos, revisados por The New York Times antes de su publicación, permiten seguir una parte menos visible de la emergencia posterior al derrumbe de las Torres Gemelas.
Mientras los mensajes públicos se concentraban en la calidad del aire exterior, la respuesta para los interiores quedó en gran medida a cargo de propietarios e inquilinos.

El polvo del World Trade Center permaneció en viviendas, alfombras y sistemas de aire
La nube que dejó el colapso del World Trade Center mezcló hormigón y yeso pulverizados, fibra de vidrio, cuarzo, metales pesados, amianto y compuestos liberados por la combustión de plásticos y combustible de aviación.
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La cercanía a la Zona Cero, el daño en cada edificio y las vías de entrada determinaron cuánto material llegó a las viviendas.
Una semana después de los atentados, dos especialistas en higiene industrial analizaron aire y polvo de dos departamentos: uno junto a la Zona Cero y otro a pocas cuadras. El estudio, solicitado por funcionarios electos, detectó concentraciones elevadas de amianto.
El problema afectó de modo particular a Battery Park City, el conjunto residencial ubicado al oeste de las torres. Varios de sus más de 20 edificios de gran altura sufrieron roturas de ventanas durante los derrumbes.
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Al regresar, algunas familias hallaron polvo dentro de sus hogares y en las rejillas del aire acondicionado, una vía que podía redistribuirlo en espacios cerrados.

Entre el 4 de noviembre y el 11 de diciembre de 2001, el Departamento de Salud de la ciudad y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades examinaron 30 edificios residenciales.
Encontraron amianto en el 18 % de las muestras interiores y en más del 40 % de las exteriores. También detectaron fibra de vidrio, cuarzo y yeso, materiales asociados con problemas respiratorios.
Los organismos advirtieron sobre los posibles efectos de la mezcla de contaminantes, aunque discutieron cómo y en qué medida debían comunicar los resultados a los vecinos.
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Las instrucciones para limpiar podían volver a levantar las partículas
El Departamento de Salud de Nueva York aconsejó no barrer en seco y usar paños o mopas húmedas. También indicó lavar las alfombras con champú y después aspirarlas con equipos dotados de filtros de aire de alta eficiencia para partículas, conocidos como HEPA.
La recomendación de evitar el barrido en seco reconocía que mover el polvo podía hacerlo respirar otra vez.

Sin embargo, los especialistas que estudiaron las primeras viviendas alertaron que aspirar o retirar residuos de las superficies también podía poner los contaminantes nuevamente en suspensión.
Las pautas generales no exigían respiradores ni la intervención de cuadrillas especializadas en materiales peligrosos. Tampoco garantizaban que cada propietario hiciera pruebas y descontaminara el interior antes de que volvieran los inquilinos.
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Así, una tarea doméstica podía exponer a quienes la realizaban a residuos que requerían una evaluación técnica.
La entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Christine Todd Whitman, afirmó que el aire de la ciudad era seguro.
Los registros, sin embargo, describen mediciones y discusiones sobre contaminantes fuera y dentro de las propiedades, sin una estrategia equivalente para ambos ámbitos.
Los propietarios asumieron pruebas y descontaminaciones con supervisión desigual
Fuera del perímetro inmediato de la Zona Cero, el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad debía supervisar la limpieza.
Los documentos indican que dejó las pruebas de polvo y la descontaminación de interiores, en buena medida, bajo responsabilidad de los dueños de los edificios.
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La agencia les recomendó analizar los residuos con escombros para establecer si contenían amianto y manipularlos de forma adecuada.
La aplicación de esas medidas fue desigual. Menos de la mitad de los hogares encuestados más tarde dijo que su vivienda había recibido la limpieza sugerida por las autoridades.
El 25 de octubre de 2001, el Departamento de Salud inició relevamientos puerta a puerta en Battery Park City y otros sectores del bajo Manhattan.
Más del 80 % de los hogares consultados informó tos, irritación nasal u otros síntomas que aparecieron o empeoraron después de los atentados.
Cerca de la mitad de las personas encuestadas afirmó sentirse segura en su departamento. Quienes expresaron preocupación señalaron sobre todo la calidad del aire y el polvo acumulado sobre pisos, muebles y alfombras.
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La reapertura residencial avanzó mientras seguían las alertas sanitarias
Un memorando del 6 de octubre, elaborado por Kelly McKinney, comisionada asociada de Salud, consignó que la alcaldía recibía presión de propietarios y empresarios para ampliar la ocupación de la zona restringida. Esa discusión coincidió con la detección de contaminación en inmuebles habitados.
El plan oficial llegó después de que muchas familias ya habían limpiado sus hogares
El 1 de abril de 2002, una madre que vivía con sus dos hijos llamó a una línea municipal para preguntar si la ciudad obligaría al propietario a reemplazar la alfombra de su vivienda.
Había pagado USD 1.500 por un análisis de amianto después de regresar al edificio en octubre de 2001.
La prueba mostró una concentración alta en la alfombra. La mujer compró una aspiradora con filtro HEPA y empezó a limpiarla todos los días.
El caso reflejó la falta de una respuesta uniforme para quienes debían decidir, con información limitada, qué hacer con los residuos dentro de sus casas.
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El 9 de abril de 2002, un abogado municipal advirtió en un intercambio interno que la EPA consideraba que incluso pequeñas cantidades de polvo en residencias podían suponer un posible riesgo de amianto. La apreciación contrastó con el consejo previo de resolver el problema con una mopa húmeda.
En mayo de 2002, la EPA y las autoridades de la ciudad anunciaron un programa, financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para analizar y limpiar los hogares cuyos ocupantes lo solicitaran.
Para entonces, numerosos residentes ya habían vuelto, limpiado por sí mismos o pagado evaluaciones privadas.
Cerca de un año después, solo unos 4.000 de los más de 20.000 hogares habilitados se habían incorporado al programa.
Un informe de 2003 de la oficina del inspector general de la EPA concluyó que muchas personas habían regresado y limpiado sus viviendas antes de que el plan estuviera disponible.
La ciudad prepara la publicación escalonada de más de 170.000 páginas de registros, almacenados durante más de dos décadas en 68 cajas de una oficina municipal.
Los documentos permitirán precisar qué sabían las autoridades sobre la contaminación que quedó en los hogares tras el 11 de septiembre de 2001.
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