Un exsoldado del Ejército de Estados Unidos condenado a casi seis años de prisión por liderar una red de hackeo y extorsión que comprometió los sistemas de al menos diez empresas de telecomunicaciones, robó registros telefónicos de funcionarios del gobierno y amenazó con filtrar esa información a cambio de rescates millonarios. Se trata de Cameron John Wagenius, de 22 años, quien operaba bajo el alias “kiberphant0m” mientras prestaba servicio activo en una base militar en Texas.
La condena, dictada por un tribunal federal del Distrito Oeste de Washington, incluyó 70 meses de prisión y una orden de restitución de USD 294.978. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la trama se extendió entre abril de 2023 y el 18 de diciembre de 2024, período durante el cual Wagenius y sus cómplices intentaron extorsionar a sus víctimas por al menos USD 1 millón.
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Cómo operaba la red de hackeo y extorsión contra empresas de telecomunicaciones
La operación tuvo una estructura organizada desde el inicio. Wagenius colaboró en el desarrollo de una herramienta de intrusión conocida como SSH Brute, con la que él y sus cómplices obtenían credenciales de acceso a redes protegidas de empresas de telecomunicaciones. Una vez dentro de los sistemas, extraían bases de datos con información sensible de usuarios y clientes.
La coordinación entre los miembros de la red se llevó a cabo principalmente a través de grupos privados en Telegram, donde intercambiaban credenciales robadas y planificaban los ingresos no autorizados a las redes corporativas. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el DOJ, la actividad delictiva se desarrolló mientras Wagenius cumplía funciones como soldado en servicio activo, lo que supone una violación directa de la confianza depositada en él por las instituciones militares.
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La filtración de registros telefónicos de funcionarios y las amenazas de extorsión pública
En noviembre de 2024, Wagenius publicó en foros de ciberdelincuencia información que identificaba como registros de llamadas confidenciales de un funcionario del gobierno y de familiares de otro exfuncionario. Las publicaciones incluían amenazas explícitas: si las víctimas no pagaban un rescate, los datos serían difundidos masivamente.
BreachForums y XSS.is, dos plataformas de comunidades de hackers, fueron elegidas para esas amenazas. Integrantes de la red también ofrecieron en venta los datos robados en esos foros. Los registros sirvieron para otros fraudes, como ataques de intercambio fraudulento de SIM: delincuentes transfieren el número de la víctima a una SIM bajo su control para acceder a cuentas bancarias y servicios digitales.
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El texto de al menos una de esas publicaciones sugería que parte de la motivación de Wagenius era retaliación por el arresto reciente de otro ciberdelincuente, según consta en el expediente judicial.
La investigación del FBI, el Departamento de Defensa y la Justicia federal
La detección y el arresto de Wagenius fueron resultado de una investigación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. También participaron la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.
Según declaró el director adjunto del FBI Brett Leatherman, jefe de la División Cibernética del organismo, las agencias lograron identificar, localizar y arrestar a Wagenius en cuestión de semanas desde que realizó sus amenazas públicas de extorsión. El FBI y sus socios actuaron con rapidez ante las primeras señales de actividad extorsiva, lo que permitió cerrar el caso antes de que la red pudiera ampliar su alcance.
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La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ estuvo a cargo de la persecución penal, con el apoyo de la Sección Nacional de Ciberseguridad.
Los cargos, la declaración de culpabilidad y las consecuencias judiciales
Wagenius enfrentó dos procesos penales simultáneos en el Distrito Oeste de Washington. El 5 de marzo de 2025, se declaró culpable de dos cargos por transferencia ilegal de registros telefónicos confidenciales en el marco de esta conspiración. Meses después, el 15 de julio de 2025, reconoció su responsabilidad en los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, extorsión vinculada a delitos informáticos y robo agravado de identidad.
La condena definitiva de 70 meses unificó ambas causas. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la restitución de USD 294.978 a las víctimas. La Sección CCIPS, que desde 2020 acumula más de 180 condenas por delitos cibernéticos y órdenes de restitución por más de USD 350 millones, coordinó la acusación junto con la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington.
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