La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente el uso de una base federal de datos de votantes para verificar la ciudadanía en los padrones electorales. La decisión respalda a la administración del presidente Donald Trump en su campaña contra el voto de personas no ciudadanas.
La medida cautelar suspende una orden emitida en junio por una jueza federal de Washington, posteriormente confirmada por un tribunal federal, que había bloqueado la versión ampliada del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE.
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En una resolución sin firma, el máximo tribunal sostuvo que una ley de 1996 autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a obtener datos sobre ciudadanía e inmigración de otras agencias federales, precisó la agencia Associated Press.
La mayoría afirmó que el Gobierno federal tiene “la obligación de responder” a las solicitudes de las autoridades estatales que buscan verificar la ciudadanía de los electores.
Por consiguiente, la Corte aseveró que “la orden impide que el Gobierno Federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”.
Al mismo tiempo, expresó que las demandas de los grupos defensores del derecho al voto “probablemente carecen de fundamento” y que es probable que revoque la conclusión del tribunal de distrito de que la administración Trump infringió la ley federal con el sistema renovado, reportó CBS News.
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La lista se amplió por una orden ejecutiva de 2025 y fue bloqueada en junio
De acuerdo con CBS News, el sistema SAVE fue creado en 1986 para que organismos federales, estatales y locales verificaran la ciudadanía o el estatus migratorio de las personas que solicitaban determinados beneficios públicos y licencias.
En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a reunir sus registros en una herramienta en línea. La directiva impulsó la reforma y ampliación de SAVE.
El objetivo era que las autoridades electorales estatales y locales pudieran comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes se inscribieran para votar y de quienes ya figuraran en los padrones.
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La Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y cinco personas presentaron una demanda en la que alegaron que algunos estados se habían asociado con el Gobierno federal para procesar sus bases de datos electorales mediante SAVE.
A su vez, advirtieron que ciudadanos estadounidenses identificados erróneamente como no ciudadanos habían sido eliminados de forma indebida de los padrones.
En consecuencia, la jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó la versión ampliada en junio y consideró que las agencias habían combinado y reutilizado de “forma arbitraria” información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos sobre ciudadanía que “sabían que no eran fiables”, según la resolución citada por CBS News.
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A comienzos de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington rechazó suspender esa orden. El Departamento de Justicia acudió entonces a la Corte Suprema, que dejó sin efecto el bloqueo de manera provisional.
El uso de la herramienta por parte de los estados es voluntario y su reciente aval podría no tener consecuencias en las próximas elecciones del 3 de noviembre, indicó Associated Press.
Esto se debe a que la legislación federal impide a la mayoría de los estados realizar depuraciones sistemáticas de sus listas de votantes durante los 90 días previos a una elección.
Tres juezas alertaron sobre posibles exclusiones de votantes legítimos
Las juezas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan votaron en contra. Jackson escribió que el perjuicio de dificultar o privar del voto incluso a unos pocos electores habilitados “supera con creces el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”.
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El grupo disidente señaló que algunos estados podrían cancelar las inscripciones de ciudadanos recientemente naturalizados o exigirles una prueba de ciudadanía antes de votar.
En un comunicado recogido por The New York Times, la coalición demandante calificó la decisión de “profundamente decepcionante” y manifestó que deja a “millones de estadounidenses en riesgo de ser blanco ilegal de la base de datos poco fiable de depuración de votantes de la administración” antes de las elecciones.
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