Estados y ciudades demandan a la administración Trump por una norma que amplía las ayudas públicas que pueden afectar una solicitud de residencia

Una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con seis ciudades y condados, demandó al gobierno de Donald Trump para bloquear una nueva norma migratoria que amplía los beneficios públicos que los funcionarios de inmigración pueden considerar al evaluar solicitudes de residencia permanente.

La medida, que entrará en vigor este viernes, permitiría tomar en cuenta prestaciones como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda para determinar si un inmigrante podría convertirse en una “carga pública”.

Una de las demandas fue presentada por Letitia James, fiscal general de Nueva York, junto con 22 estados y el Distrito de Columbia, según The New York Times y CNN.

La segunda acción judicial la encabezó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, con el respaldo de Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King, según The New York Times, CNN y Reuters.

Qué cambia con la norma de carga pública

La nueva norma retoma la figura de la “carga pública”, una disposición de la ley migratoria de Estados Unidos que permite negar la residencia permanente a quien probablemente dependa del gobierno para su sustento.

Hasta ahora, las autoridades migratorias solían considerar sobre todo ayudas en efectivo o cuidados institucionalizados de largo plazo. The New York Times, CNN y Reuters coinciden en que la nueva política volvería a abrir la puerta a revisar prestaciones no monetarias como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda.

CNN añadió que la norma, anunciada en julio, no precisa qué programas sujetos a comprobación de recursos económicos quedarían bajo evaluación. Esa falta de detalle, según CNN y Reuters, deja a muchas familias sin claridad sobre qué asistencia podría perjudicar un trámite migratorio.

Maddie Geschu, directora de políticas y defensa de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes, dijo a CNN en julio que la norma también permitiría tomar en cuenta prestaciones pedidas en nombre de familiares, incluidos hijos con ciudadanía estadounidense. CNN señaló además que la medida se centra en personas con estatus legal, ya que los inmigrantes indocumentados no reúnen los requisitos para recibir prestaciones públicas.

El impacto que denuncian estados y ciudades

Los demandantes sostienen que la política puede empujar a familias inmigrantes a dejar de usar ayuda alimentaria, cobertura médica, vivienda asistida y comidas escolares por temor a dañar sus expedientes migratorios. The New York Times y CNN subrayaron que esa presión afectaría en especial a hogares de estatus migratorio mixto.

La fiscal general James planteó ese efecto en declaraciones recogidas por The New York Times y CNN: “Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”.

Mamdani vinculó el posible impacto a la red de servicios de la ciudad en un comunicado citado por CNN: “La nueva norma sobre la ‘carga pública’ busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y sana durante décadas”. El alcalde agregó que el temor podría extenderse incluso entre personas que siguen siendo plenamente elegibles para recibir ayuda.

Según The New York Times, los estados y gobiernos locales alegan que el retroceso en la participación en esos programas también presionaría las salas de urgencias y restaría fondos a empresas que dependen de transferencias federales. CNN agregó que los efectos podrían alcanzar a la salud y seguridad pública, las escuelas y las economías locales, en especial en lugares con gran población inmigrante.

Los argumentos legales y el antecedente de 2019

La demanda de los estados sostiene, según CNN, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad porque el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una carga pública. Los demandantes también alegan que la norma es “arbitraria y caprichosa” y que el DHS no justificó adecuadamente el cambio, de acuerdo con CNN.

Ambas demandas invocan la Ley de Procedimiento Administrativo. Los estados y gobiernos locales no reclaman una compensación económica: solicitan que el tribunal suspenda la entrada en vigor de la norma, la declare inválida y prohíba al DHS aplicarla, informó CNN.

La política revive un enfoque ya impulsado durante el primer mandato de Trump. Reuters recordó que esa versión se adoptó en 2019, y CNN indicó que en 2022 la administración de Joe Biden volvió a una definición más restrictiva que excluía de nuevo las prestaciones no monetarias.

Funcionarios de la administración Trump defendieron la medida, según The New York Times, como una forma de proteger recursos públicos y restablecer “el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”. Las demandas responden que ese cambio rompe con una práctica de larga data y reproduce un esquema que ya afrontó impugnaciones judiciales.

Según la demanda citada por CNN, la retirada de familias de Medicaid y CHIP podría traducirse en una merma nacional de $4.050 millones al año en transferencias federales a los estados. De ese total, los demandantes calculan que la pérdida para los estados que acudieron a los tribunales rondaría los $2.200 millones.