EE. UU. cambia las reglas para obtener la Green Card: estos son los nuevos requisitos que deberán cumplir los solicitantes

El gobierno de Estados Unidos anunció una reforma integral en la evaluación de las solicitudes de residencia permanente (“green card”), que amplía los criterios para determinar la “carga pública” y modifica el formulario I-485 a partir del 18 de septiembre de 2026. El cambio fue oficializado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de publicaciones en el Registro Federal, y constituye la transformación más amplia del proceso de ajuste de estatus en más de una década.

El DHS comunicó que la nueva normativa sustituye por completo la regulación aprobada en 2022 y busca ajustar la política migratoria a los parámetros del Congreso, restaurando un enfoque más detallado y flexible en la determinación de la autosuficiencia de los solicitantes. De acuerdo con los documentos oficiales, los cambios afectan tanto los criterios de evaluación como el procedimiento administrativo, y tendrán impacto inmediato sobre quienes busquen la residencia legal en el país a partir de septiembre.

USCIS estableció que no habrá periodo de transición para la implementación del nuevo formulario I-485: toda solicitud presentada con la edición previa será rechazada automáticamente desde el primer día de vigencia. La agencia detalló que las solicitudes en trámite antes del 18 de septiembre seguirán evaluándose bajo las reglas anteriores, mientras que las nuevas quedarán sujetas a los criterios actualizados, que amplían el universo de beneficios públicos a considerar y refuerzan la evaluación caso por caso.

¿Cuáles son los principales cambios en la evaluación de carga pública?

Según la normativa publicada por USCIS y el DHS, la nueva guía obliga a los oficiales migratorios a considerar cinco factores principales para determinar si un solicitante podría convertirse en una “carga pública”: edad, salud, estatus familiar, bienes y situación financiera, y educación y habilidades. Los oficiales también podrán analizar cualquier otro elemento relevante, incluidos antecedentes de recepción de beneficios públicos sujetos a verificación económica.

Los documentos oficiales explican que, a diferencia de la regulación de 2022 —que solo contemplaba asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada a expensas del Estado—, la nueva política permite evaluar cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos, como Medicaid, CHIP, WIC, SNAP, subsidios federales para vivienda y ayuda financiera para estudios universitarios. De este modo, la autoridad migratoria amplía el alcance de la ley y refuerza la discrecionalidad de los oficiales en el examen de cada caso.

El análisis incluirá no solo la recepción efectiva de beneficios, sino también la solicitud, aprobación o certificación para recibirlos a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo marco normativo, siempre que sean programas sujetos a verificación de recursos.

¿A quiénes afecta la nueva regulación de carga pública?

La política oficial de USCIS detalla que los nuevos criterios de evaluación de carga pública se aplicarán a todas las personas que soliciten el ajuste de estatus a residente permanente legal en Estados Unidos mediante el formulario I-485 y estén sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública. Esto abarca a solicitantes por vínculo familiar, laboral, diversidad de visas e inversionistas, entre otros.

No obstante, la normativa federal establece exenciones precisas. Según los lineamientos de USCIS, quedan excluidos de la evaluación de carga pública los refugiados, asilados, víctimas de violencia doméstica (VAWA), beneficiarios de visas T y U, menores bajo estatus de inmigrante especial, afganos e iraquíes bajo programas humanitarios, ciertos cubanos y haitianos con protección especial, y otras categorías humanitarias definidas por ley.

La agencia aclaró que, para quienes se encuentren en trámite antes del 18 de septiembre de 2026, se mantendrán los criterios anteriores. Esto implica que los solicitantes deben revisar cuidadosamente su situación para anticipar el marco normativo aplicable a su caso.

¿Qué cambios introduce el nuevo formulario I-485?

USCIS informó que el formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus a residente permanente legal, será actualizado el 18 de septiembre de 2026 para reflejar los nuevos criterios de carga pública. La edición anterior dejará de ser válida y todas las solicitudes presentadas con una versión obsoleta serán rechazadas automáticamente, sin periodo de gracia.

El formulario actualizado requerirá información más detallada sobre activos, recursos, historial financiero, educación y posible recepción de beneficios públicos. El objetivo, según el DHS, es alinear la documentación con los nuevos parámetros legales y garantizar que los oficiales cuenten con todos los elementos necesarios para una evaluación exhaustiva.

La agencia enfatizó que los solicitantes deben asegurarse de utilizar la versión correcta del formulario y revisar detenidamente las instrucciones oficiales publicadas en el sitio web de USCIS (uscis.gov). El formulario estará disponible en línea el mismo día de entrada en vigor de la nueva norma.

¿Qué consecuencias tiene ser considerado “carga pública” bajo la nueva política?

De acuerdo con la normativa de USCIS, si un oficial determina que un solicitante podría convertirse en carga pública según los nuevos criterios, la solicitud de ajuste de estatus podrá ser rechazada. En algunos casos, el oficial podrá invitar al solicitante a presentar una fianza de carga pública como garantía financiera. El monto mínimo establecido en la regulación es de 1.000 dólares y se calculará según la asistencia potencial que el solicitante podría recibir en los próximos cinco años.

La fianza, administrada por USCIS, servirá como garantía para el gobierno en caso de que el beneficiario reciba beneficios públicos después de obtener la residencia. Si el solicitante cumple con las condiciones del proceso y no incurre en dependencia estatal, la fianza podrá ser liberada posteriormente.

La autoridad migratoria enfatizó que la evaluación será estrictamente individual y dependerá de la totalidad de circunstancias presentadas en cada expediente, lo que refuerza la importancia de documentar adecuadamente ingresos, activos, educación, situación laboral y cualquier otro factor relevante.

¿Cómo se aplicarán las reglas de transición y a partir de cuándo?

El DHS y USCIS especificaron que las solicitudes de ajuste de estatus presentadas antes del 18 de septiembre de 2026 continuarán bajo la normativa de 2022, que mantiene un alcance más acotado en la revisión de beneficios públicos. Solo las solicitudes con matasellos o envío electrónico a partir de la fecha de entrada en vigor quedarán sujetas a la nueva política, que amplía el análisis y modifica el formulario I-485.

No habrá periodo de transición ni excepciones para el uso del formulario antiguo. La agencia recomienda a quienes planean iniciar el trámite que revisen cuidadosamente los plazos y preparen la documentación acorde a los nuevos requisitos.

¿Cuáles son los antecedentes y el objetivo de la reforma?

El Departamento de Seguridad Nacional argumentó en el Registro Federal que la decisión de modificar la política responde a la necesidad de restaurar los parámetros originales del Congreso estadounidense en materia de autosuficiencia migratoria y de adecuar la ley a las condiciones actuales. El objetivo declarado es reforzar la evaluación de los riesgos de dependencia en el sistema de beneficios públicos, garantizar la transparencia y asegurar que los futuros residentes legales puedan sostenerse económicamente en el país.

La reforma reemplaza la regla de carga pública de 2022, aprobada durante la administración de Joe Biden, y restablece la discrecionalidad de los oficiales migratorios para ponderar de manera integral la situación de cada solicitante. La nueva política busca evitar la dependencia estatal y proteger la sostenibilidad de los recursos públicos.

¿Qué deben hacer los solicitantes a partir de ahora?

USCIS recomienda a los futuros solicitantes de la “green card” que consulten únicamente fuentes oficiales para informarse sobre los nuevos requisitos, descarguen el formulario actualizado el 18 de septiembre de 2026 y revisen cuidadosamente su elegibilidad bajo los nuevos criterios. La agencia sugiere preparar documentación exhaustiva sobre ingresos, activos, historial de beneficios públicos y cualquier elemento que permita acreditar autosuficiencia económica.

El sitio oficial de USCIS (uscis.gov) ofrece información detallada sobre la nueva política, formularios, guías de presentación y canales de consulta para resolver dudas específicas. Las autoridades insisten en la importancia de no utilizar versiones desactualizadas del formulario I-485 y de anticipar los cambios para evitar demoras o rechazos en el trámite de ajuste de estatus.