El gobierno de EEUU recurrió por tercera vez a la Corte Suprema para imponer restricciones al voto por correo

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentó el domingo su tercera apelación ante la Corte Suprema en poco más de dos semanas para intentar reactivar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. El recurso llegó horas después de que la jueza federal de distrito Indira Talwani ampliara el bloqueo judicial que impide al Servicio Postal aplicar la orden ejecutiva de Trump sobre el voto por correo.

Talwani, con sede en Massachusetts, emitió el viernes una orden preliminar que sustituye a la restricción temporal que había dictado el 27 de agosto y que beneficia a una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, en su mayoría gobernados por demócratas. El procurador general John Sauer calificó la nueva orden de “materialmente idéntica” a la anterior y acusó a la jueza de un “prejuicio continuo” contra la norma.

El litigio se remonta a la orden ejecutiva que Trump firmó el 31 de marzo, denominada oficialmente Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections. La norma otorga al Servicio Postal un papel en la validación de votantes: solo debería entregar boletas a electores incluidos en listas de elegibilidad elaboradas a partir de una base de datos de ciudadanía que construye el Departamento de Seguridad Nacional. Varios estados demócratas y organizaciones de derechos electorales impugnaron la medida por considerar que invade una competencia que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.

La disputa ya pasó dos veces por la Corte Suprema. A fines de agosto, el alto tribunal falló a favor del gobierno y permitió que la norma avanzara. El Servicio Postal publicó entonces la norma final el 22 de agosto, pese al litigio abierto. El jueves 3 de septiembre la administración presentó una segunda apelación, retirada el domingo tras el nuevo fallo de Talwani. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ya había confirmado en julio una orden previa de la jueza.

El forcejeo legal ocurre mientras los estados ya comienzan a enviar boletas por correo, lo que deja al gobierno poco margen para cambiar las reglas antes de los comicios. “Ya han comenzado a enviarse boletas en Carolina del Norte, y más estados iniciarán el envío mientras la orden judicial siga vigente, incluidos Alabama el 9 de septiembre y al menos cinco estados en la semana del 13 de septiembre”, señaló Sauer en el escrito presentado ante el tribunal.

El procurador general advirtió que, una vez que los sobres ingresan al circuito postal, “no hay forma de recuperarlos”, y sostuvo que cada día que la orden judicial permanece vigente “corre el riesgo de sembrar confusión y caos”, porque deja como voluntarios los pasos que deberían ser obligatorios para cumplir con la norma.

Los estados demandantes y los grupos de derechos electorales rechazan ese argumento. Sostienen que el Servicio Postal, una agencia independiente, no tiene autoridad para fijar reglas electorales, una potestad que la Cláusula de Elecciones de la Constitución asigna a las legislaturas estatales y al Congreso. Varios funcionarios electorales han advertido que no existe tiempo material para adaptar sus sistemas a menos de 70 días de los comicios, plazo que la propia Talwani citó en su fallo del viernes.

El gobierno insistió en que las restricciones son “cambios de sentido común” dentro de su autoridad para regular el correo, y precisó que la elegibilidad para votar por correo seguirá rigiéndose por la legislación de cada estado. “El Servicio Postal no desempeñará ningún papel en la determinación de la elegibilidad de los votantes, el mantenimiento de los padrones electorales ni el recuento de votos”, subrayó Sauer.

Trump ha intentado limitar el voto por correo desde hace años, pese a que él mismo suele votar por esa vía, y ha atribuido su derrota de 2020 frente al demócrata Joe Biden a un fraude vinculado a esa modalidad, utilizada por cerca de un tercio del electorado. La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, encargada de las apelaciones de emergencia de esa región judicial, fijó como plazo el miércoles 9 de septiembre a las 16.00 (hora del este) para que los estados demandantes respondan al escrito del gobierno.