Una adolescente de 17 años de Carolina del Norte, Sarah Lindsey Santiago, fue imputada por asesinato por presuntamente colaborar e instigar el ataque contra una mezquita de San Diego el 18 de mayo, según la fiscalía.
La acusación la vincula con la grabación del tiroteo en una transmisión en vivo, su difusión y la publicación de un manifiesto atribuido a los atacantes. Para la fiscalía, su rol fue clave en la circulación del material asociado al ataque.
El ataque dejó tres muertos dentro del Centro Islámico y, según la fiscalía, también integró un plan más amplio contra otros dos objetivos: un templo judío y una escuela secundaria de mayoría negra.
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El fiscal dijo que la intervención del guardia de seguridad evitó una matanza mayor al ayudar a proteger a 140 niños que estaban a pocos pasos del lugar.
Según The Associated Press, el fiscal del condado de Forsyth, Jim O’Neill, informó el lunes en una conferencia de prensa en Winston-Salem que la joven fue arrestada la semana pasada. Un gran jurado la imputó ese mismo lunes por tres cargos de asesinato y uno de conspiración.
O’Neill explicó que la ley de Carolina del Norte equipara las penas por ayudar e instigar con las que corresponderían a quien ejecutó materialmente el ataque.
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De acuerdo con la acusación, Santiago aceptó antes del atentado que grabaría la transmisión, la distribuiría y publicaría el manifiesto.
Qué sostiene la acusación sobre la difusión del ataque
La imputación añade que la acusada cumplió esas tareas y que compró un parche con un símbolo de supremacismo blanco para enviárselo a uno de los tiradores, con el fin de que lo llevara durante el ataque. Su abogado no respondió de inmediato a un mensaje de AP en busca de comentarios.
“El individuo aquí, a nivel local, era la persona que estaba grabando la transmisión en vivo”, dijo O’Neill citado por The Associated Press. “Ella difundió esa información y publicó su manifiesto”.
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Los atacantes fueron Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18. Ambos irrumpieron en el centro islámico el 18 de mayo, pero un guardia de seguridad los obligó a retroceder hacia el exterior al intercambiar disparos con ellos mientras activaba un confinamiento interno.
Según la fiscalía, esa maniobra ayudó a proteger a 140 niños que se encontraban a escasa distancia. Los dos agresores mataron al guardia, Amin Abdullah, y a otros dos hombres antes de suicidarse en un vehículo cercano.
La fiscalía sostuvo que el confinamiento interno permitió alejar a los niños del área inmediata del tiroteo.
Qué decían los textos atribuidos a los atacantes
O’Neill afirmó que los dos jóvenes dejaron textos cargados de odio contra un amplio abanico de personas. En esos escritos mencionaban como uno de sus modelos de violencia al tirador que asesinó a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.
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La publicación detalló que esos documentos reunían referencias ideológicas de extrema derecha, entre ellas la noción de que la población blanca está siendo reemplazada por otros grupos.
También exponían motivos y objetivos de los atacantes y una selección de enemigos en la que incluían a personas judías, musulmanas y el islam.
Los textos incluían retórica de odio contra la comunidad LGBTQ+, las personas negras, las mujeres y sectores tanto de la izquierda como de la derecha política. Los autores indicaban que buscaban acelerar el colapso de la sociedad.
La declaración de la familia de Vazquez
Vazquez escribió que tenía “algunos problemas de salud mental” y que había sido rechazado por mujeres. En una declaración escrita, la familia Vazquez afirmó que Caleb estaba dentro del espectro autista y que había llegado a resentir partes de su propia identidad.
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La familia sostuvo que esa situación, combinada con la exposición a discursos de odio en internet, contribuyó a su radicalización.
O’Neill, en tanto, señaló que la investigación se concentró en reconstruir la preparación del ataque, el intercambio de material previo y la difusión posterior del contenido asociado al tiroteo.
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