La Justicia de California desarticuló una maniobra que dejó sin ahorros a decenas de trabajadores latinos que buscaban abrir un negocio propio.
Fernando Jauregui Ochoa, dueño de 8A Food Trucks, fue declarado culpable de 18 cargos por obtención de dinero mediante fraude, un cargo por intimidación de testigos y un agravante por haber apuntado a personas vulnerables por su situación migratoria, afirmó Los Angeles Times.
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El caso tomó relevancia por el perfil de los afectados y por la magnitud de las pérdidas. La fiscalía del condado de Stanislaus sostuvo que muchas de esas personas habían trabajado durante años para reunir los recursos necesarios para comprar un camión o un remolque gastronómico, con la expectativa de convertir ese vehículo en su fuente de ingreso.
Los Angeles Times indicó además que Ochoa fue obligado a pagar restitución y que la audiencia de sentencia quedó prevista para octubre.
La acusación señaló que el empresario, de 30 años, recibía pagos por adelantado para fabricar esas unidades, pero no concretaba las entregas o entregaba vehículos en malas condiciones.
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El diario estadounidense detalló que los fiscales atribuyeron a esa operatoria pérdidas cercanas a USD 1.000.000.
El caso se apoyó en decenas de denuncias y en un patrón de engaño
De acuerdo con Los Angeles Times, la investigación comenzó en abril de 2023, después de que la oficina de investigaciones del fiscal recibiera múltiples denuncias vinculadas con 8A Food Trucks. Los fiscales aseguraron que más de 40 personas sufrieron pérdidas por cientos de miles de dólares.
En una etapa anterior del proceso, las autoridades habían señalado que el monto del fraude alcanzaba unos USD 993.000 y que al menos 28 denunciantes ya habían sido identificados.
Los Angeles Times consignó además que 15 clientes atribuían pérdidas por más de USD 475.000.
Los investigadores sostuvieron que Ochoa utilizó el dinero de sus clientes para gastos personales. La acusación afirmó que parte de esos fondos terminó en drogas, viajes y artículos de lujo.
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El medio también recordó que el empresario mostraba en redes sociales una imagen de prosperidad, con publicaciones en motos de agua y junto a un Corvette negro.
La fiscalía apoyó parte de su acusación en ese contraste. Jeff Laugero, fiscal de distrito de Stanislaus, afirmó que el acusado “explotó la confianza y las vulnerabilidades de sus víctimas y les robó”, en declaraciones difundidas por su oficina y recogidas por Los Angeles Times.
Las víctimas eran trabajadores que buscaban abrir un emprendimiento propio
El impacto del caso alcanzó a familias que habían apostado sus recursos a un emprendimiento propio. Los Angeles Times señaló que entre los afectados había trabajadores rurales, cocineros, personal de limpieza y obreros de la construcción.
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Una de las denunciantes, Paulina Quintal, declaró al medio que muchas de las personas engañadas eran jornaleros y que varias incluso pidieron ayuda económica a familiares en México. Quintal aseguró que al menos una persona sufrió un infarto después de perder su dinero y ahora necesita una silla de ruedas.
“Soy residente legal, pero muchas de las personas a las que les robó no tenían papeles. A él no le importó. Me rompió el corazón y me dije: no vas a salirte con la tuya y no vas a burlarte de tu propia gente”, dijo Quintal al periódico.
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El jurado validó ese agravante al emitir el veredicto y respaldó así la acusación de la fiscalía sobre la especial vulnerabilidad de parte de los denunciantes.
Una sentencia prevista para octubre marcará el cierre judicial del caso
El expediente también incluyó un episodio de intimidación. Los Angeles Times recordó que Paulina Quintal y su esposo, Alejandro Gonzalez, denunciaron amenazas después de una disputa con Ochoa por pagos y por la propiedad de un remolque que habían comprado.
La pareja sostuvo que el conflicto derivó en el cierre de su restaurante, Mi Casita Purepecha, en San Bernardino. Gonzalez declaró que, tras la desaparición del tráiler, acudió al negocio de Ochoa en Ceres y encontró el lugar vacío.
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Días después, añadió, dos hombres llegaron al restaurante y uno exhibió un arma. Más tarde, la pareja afirmó haber recibido un mensaje de voz amenazante.
Consultado por Los Angeles Times, Ochoa negó haber robado los remolques y rechazó haber enviado personas para intimidar al matrimonio.
Ochoa será sentenciado el 30 de octubre y, de acuerdo con los fiscales, deberá cumplir 20 años de prisión además de pagar restitución.
Quintal dijo a Los Angeles Times que estará presente ese día, después de haber impulsado durante meses las denuncias contra el empresario.
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