El cierre de 270 escuelas de manejo de camiones comerciales en Estados Unidos abre una nueva fase en la política migratoria y de seguridad vial de la administración de Donald Trump.
La medida incluye la clausura de 110 escuelas acusadas de certificar a conductores sin el dominio del inglés exigido por la normativa federal y otras 160 por incumplir condiciones mínimas de infraestructura o por emplear instructores no habilitados.
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El anuncio se realizó en Detroit, en una conferencia conjunta de los secretarios de Transporte y Seguridad Nacional. Allí se destacó que las clausuras buscan prevenir fraudes y reducir riesgos para la seguridad pública.
La decisión surge tras una revisión federal que abarcó 400 escuelas de conducción comercial. Según informó el director de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, Derek Barrs, el 40% de esos establecimientos no cumplía con los estándares legales y operativos.
En particular, las autoridades detectaron que, en cada una de las escuelas señaladas como principales infractoras, al menos 10 conductores aprobados habían sido citados en controles de ruta por no cumplir con el requisito de dominio del inglés.
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Qué detectó la revisión federal y cómo se justificó la clausura
El Departamento de Transporte, encabezado por Sean Duffy, presentó estas acciones como parte de un esfuerzo para “resguardar las carreteras estadounidenses contra camioneros no calificados” y para reducir la dependencia de mano de obra inmigrante en una industria clave para el abastecimiento nacional.
La medida responde a una política general orientada, según funcionarios, a reducir la participación de mano de obra inmigrante tras el retorno de Trump a la presidencia en 2025.
El Gobierno justificó la intervención al sostener que, durante la administración anterior, millones de inmigrantes en situación irregular ingresaron al país y que muchos recibieron licencias comerciales sin cumplir los requisitos mínimos, especialmente el dominio del inglés.
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Funcionarios federales vincularon las licencias obtenidas de manera irregular con incidentes de tránsito graves. Barrs afirmó a Fox Business: “Es inaceptable. Cuando ves morir a personas en la carretera no lo olvidas, y empieza justamente aquí, con lo que estoy hablando”.
A su vez, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, responsabilizó a estos conductores de “cientos de muertes y miles de heridos” en carretera, aunque no se aportaron cifras ni detalles concretos sobre los casos citados.
Qué dicen los estudios citados y las otras medidas anunciadas
Si bien la administración sostiene que el estatus migratorio de determinados camioneros justifica medidas como la clausura de escuelas, medios especializados citaron estudios que señalan que no existen pruebas concluyentes de una mayor siniestralidad entre choferes migrantes.
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Los datos citados sugieren que, en promedio, los ciudadanos estadounidenses reciben más sanciones por delitos graves al volante, mientras que los migrantes suelen recibir sanciones por faltas menores.
La ofensiva federal incluyó también investigaciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional para detectar posibles fraudes y la emisión de licencias a personas cuyos documentos presentaban irregularidades.
Mullin relató que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detectó a más de 100 individuos con permisos en los que figuraba literalmente No name given (“No se proporcionó nombre”).
En el marco de estas reformas, el Gobierno adelantó que los puestos que queden vacantes tras la clausura de escuelas y la disminución de conductores inmigrantes podrían ser cubiertos por veteranos con experiencia en vehículos de carga, quienes quedarían exceptuados de nuevas pruebas de manejo si acreditan antecedentes suficientes.
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La clausura masiva de escuelas de manejo responde, según los funcionarios, a la necesidad de garantizar que solo conductores plenamente calificados —incluido el dominio del inglés— accedan a licencias comerciales.
La administración Trump presenta la medida como parte de su estrategia para fortalecer el control migratorio y reducir riesgos en las rutas, aunque los datos públicos citados no permiten concluir que los migrantes sean responsables de más accidentes que otros conductores.
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