La Corte Suprema de Estados Unidos dio este lunes una victoria provisional al presidente Donald Trump en su intento de imponer nuevas restricciones al voto por correo a través del Servicio Postal. Con el voto en contra de las tres magistradas progresistas, el alto tribunal suspendió una de las dos resoluciones dictadas por un juzgado federal de Boston que bloqueaban partes centrales de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, a menos de tres meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, no resuelve si el Gobierno tiene autoridad legal para dictar normas sobre la administración de las elecciones, una potestad que la Constitución reserva en gran medida a los estados. El tribunal se limitó a determinar que la demanda presentada por California y otros 22 estados, más el Distrito de Columbia, había sido planteada de forma prematura, antes de que las agencias federales terminaran de definir cómo aplicarían la orden. “La resolución de esta solicitud no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno para implementar la orden vaya a ser necesariamente legal”, advirtió el tribunal en una opinión no firmada: “En eso, el tiempo lo dirá”.
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La jueza Sonia Sotomayor, en su voto discrepante, subrayó los límites del fallo. “La decisión de hoy no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales. Tampoco sugiere que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o estatutaria para implementar las directivas del presidente”, escribió. “En cambio, la decisión de hoy simplemente pospone la resolución de esos desafíos”.

La orden ejecutiva de marzo encarga al Departamento de Seguridad Nacional la elaboración de listas estatales de ciudadanos habilitados para votar, que los estados deberían remitir al Servicio Postal. Sobre esa base, la agencia postal exigiría el uso de sobres con códigos de barras y podría negarse a entregar papeletas a quienes no figuren en esas listas. Trump sostiene que la medida combate el fraude electoral, aunque no ha aportado pruebas que respalden una práctica extendida de irregularidades en el voto por correo, un método que él mismo utilizó en la elección especial de Florida de este año.
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El fallo de la Corte Suprema no garantiza que el plan pueda aplicarse antes de noviembre. Persiste una segunda orden judicial, dictada el 11 de agosto por la jueza federal Indira Talwani en Boston en una demanda distinta presentada por organizaciones de defensa del voto, entre ellas la Liga de Mujeres Votantes y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Esa resolución, de alcance nacional, sigue impidiendo que el Servicio Postal ejecute los nuevos procedimientos y no se vio directamente afectada por la decisión de este lunes. La propia agencia postal había advertido, al publicar sus regulaciones la semana pasada, que no aplicaría cambios para los comicios de 2026 salvo que la Corte Suprema fallara a favor del Gobierno.
El trasfondo del litigio se remonta a junio, cuando Talwani ya había bloqueado los aspectos centrales de la orden en una demanda impulsada por los 23 estados, al considerar que la Casa Blanca carece de autoridad para dictar reglas electorales que corresponden a las administraciones estatales. La jueza reiteró su postura en agosto, al advertir que faltaban menos de 90 días para las elecciones y que resultaba imprescindible una medida cautelar para impedir cambios de última hora en las reglas de votación. El Gobierno argumentó ante la Corte Suprema que los tribunales inferiores actuaron de forma anticipada, ya que las agencias federales aún no habían determinado cómo, ni siquiera si, aplicarían la orden en la práctica.
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La disputa se inscribe en una ofensiva más amplia de Trump para modificar el sistema electoral estadounidense, que incluye su respaldo a un paquete legislativo de restricciones al voto conocido como SAVE America Act, actualmente ante el Congreso de mayoría republicana. Especialistas en derecho electoral coinciden en que, incluso con luz verde judicial, la implementación completa del plan resulta improbable para estos comicios: el Servicio Postal, con recursos limitados, dispondría de apenas semanas para adaptar su operativa antes de que varios estados comiencen a enviar las papeletas.
El caso, registrado como Trump v. California, previsiblemente regresará ante Talwani en Boston en los próximos días, cuando la jueza deba pronunciarse sobre las regulaciones postales definitivas que la agencia tiene previsto publicar este miércoles.
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