ABC demanda a la Comisión Federal de Comunicaciones por presuntas represalias vinculadas a su contenido

ABC, perteneciente a Disney, demandó este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ante un tribunal federal de distrito en Washington y acusó al organismo de impulsar una “campaña de represalias” por el contenido que emite la señal. Según la empresa, esa acción vulnera derechos protegidos por la Primera Enmienda.

La presentación judicial busca frenar una revisión anticipada de licencias que, de acuerdo con los demandantes, altera el calendario ordinario de renovación y convierte una facultad regulatoria en una sanción política.

En esa línea, la cadena solicitó a la Justicia que impida a la agencia “tomar o amenazar con cualquier medida” que pudiera derivar en que estaciones de ABC queden fuera del aire, al plantear que el proceso representa una “amenaza existencial” para sus operaciones.

Según el escrito, “actuando a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración ha emprendido una campaña de represalias contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”. En esa línea, la empresa añadió que esa ofensiva comenzó “en los primeros días de este Gobierno y no ha hecho más que intensificarse desde entonces”.

La disputa gira en torno a una orden de la FCC que alcanzó a ocho estaciones de televisión afiliadas a ABC y propiedad de Disney en mercados centrales de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia. Bajo el esquema habitual, esas licencias operan en ciclos de ocho años y, según la demanda, no debían renovarse hasta 2028, como mínimo.

De acuerdo con lo informado por The New York Times, la demanda pidió que el tribunal bloquee medidas regulatorias que podrían obligar a estaciones de ABC a salir del aire, en caso de que la agencia avance con la revocación de licencias.

Una revisión “sin precedentes” y un plazo de 30 días

El núcleo de la demanda es la decisión que la FCC tomó en abril para adelantar la revisión de todas las licencias de las estaciones de televisión vinculadas a ABC. La medida fue justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa.

En su presentación, ABC planteó que el litigio es un caso inusual: un raro ejemplo de una organización de medios que demanda a la administración Trump por lo que describió como una campaña para castigar a la prensa nacional mediante regulaciones y demandas judiciales.

El planteo busca detener una serie de medidas de la FCC que, según la cadena, pusieron en duda su capacidad para operar y, en el escenario más extremo, abrieron la puerta a la revocación de licencias de transmisión de estaciones locales, lo que las obligaría a salir del aire.

Disney afirmó que la intervención de abril rompió con el protocolo ordinario. En la demanda sostuvo: “La Comisión emitió una orden sin precedentes que obligaba a las emisoras a presentar solicitudes anticipadas para renovar sus licencias años antes de que cualquiera de ellas hubiera vencido en circunstancias normales, y permitía solo 30 días para presentar solicitudes que normalmente tardan meses en prepararse”.

La acción afectó de forma directa a WABC-TV en Nueva York, KABC-TV en Los Ángeles, WLS-TV en Chicago y WPVI-TV en Filadelfia, además de otras estaciones de la red. Para la empresa, el adelanto no fue una simple decisión administrativa, sino una intervención extraordinaria sobre activos clave de ABC en algunos de los mercados televisivos más relevantes del país.

La escalada del conflicto con Brendan Carr y el caso Jimmy Kimmel

La demanda representa una escalada en una disputa que se prolonga desde hace meses entre la FCC —dirigida por Brendan Carr, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— y ABC. La cadena sostiene que el conflicto se profundizó tras los comentarios del presentador Jimmy Kimmel luego del asesinato de Charlie Kirk.

ABC suspendió brevemente a Kimmel ante la presión de la FCC y los propietarios de las emisoras. “Cuando ves cosas como esta, podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, le dijo Carr al presentador de podcasts conservadores Benny Johnson en septiembre de 2025. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o, ya sabes, la FCC tendrá más trabajo por delante”.

Esos comentarios provocaron la condena de demócratas, defensores de la libertad de prensa y algunos miembros del Partido Republicano. El senador Ted Cruz (republicano por Texas) calificó la amenaza de Carr de “peligrosa” y lo comparó con un mafioso de película: “Eso es como en Goodfellas. Es como si un mafioso entrara en un bar y dijera: ‘Dios, qué buen bar tienes aquí. Sería una lástima que le pasara algo’”.

The View, prácticas de diversidad y una campaña en antena

La disputa, según el escrito, no se limitó al caso Kimmel. La FCC investigó a ABC y a Disney —que también figura como demandante— por sus prácticas de diversidad y por si el programa de entrevistas diurno The View está obligado a cumplir con la norma de igualdad de tiempo para entrevistar a candidatos de ambos partidos en una elección.

En junio, ABC lanzó una campaña en antena instando a los telespectadores a enviar comentarios a la FCC sobre este tema. En la demanda, Disney enmarcó ese episodio como parte de un patrón de presión institucional, en el que la discusión sobre contenidos y formatos terminó conectada con la continuidad de licencias estratégicas para la operación de la cadena.

La orden formal de abril se produjo días después de que la primera dama Melania Trump criticara a Kimmel por uno de sus chistes y calificara sus palabras de “corrosivas”.

En el texto judicial, Disney vinculó el contexto político y mediático con la actuación del regulador y sostuvo que la revisión anticipada operó como un mensaje disciplinador hacia la cadena.

Qué pidió Disney a la Justicia y cómo respondió la FCC

Disney y ABC solicitaron a un juez federal que anule la revisión anticipada de sus licencias, al sostener que viola derechos amparados por la Primera Enmienda. La compañía también presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal que, de ser concedida, suspendería de inmediato la revisión de la FCC.

En un comunicado, la FCC señaló: “Todas las emisoras tienen la obligación legal de actuar en beneficio del interés público, incluso Disney”.

El organismo agregó que lleva más de un año examinando acusaciones sobre discriminación ilegal vinculada con políticas de diversidad, equidad e inclusión y sostuvo: “Es evidente que Disney está muy preocupada por el procedimiento de la FCC, como lo demuestra su continua campaña de desinformación y su decisión de solicitar a un tribunal que impida que la FCC siga adelante con el caso. La FCC continuará ateniéndose a los hechos y a la ley, sin importar a dónde la lleven”.

La comisionada Anna M. Gomez, la única demócrata de la FCC, criticó a Carr en un comunicado y dijo que “libró una campaña de censura y control contra las estaciones ABC porque se opone a la libertad de expresión de la compañía”

“Ya es hora de que esta administración comprenda que la Constitución no se doblega ante la conveniencia política, y que la Primera Enmienda protege las noticias y los comentarios que los estadounidenses ven en sus pantallas, incluso cuando quienes están en el poder desearían que no fuera así”, afirmó.

El caso fue asignado a la jueza federal Loren AliKhan, designada por el presidente Joe Biden.

Los grupos defensores de la libertad de prensa aplaudieron la demanda. Bob Corn-Revere, asesor jurídico principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, afirmó que Carr ha instrumentalizado la comisión para atacar a medios que desagradan a Trump.

“Ha llegado el momento de rendir cuentas para Brendan Carr”, declaró Corn-Revere. “En Estados Unidos, los funcionarios gubernamentales no pueden abusar de su poder regulador para amenazar la Primera Enmienda”.

Seth Stern, jefe de defensa de la Freedom of the Press Foundation, afirmó que Carr ha actuado como “el zar de la censura de Trump”. “Carr sabe que la FCC no es la policía del periodismo y lo ha dicho repetidamente antes de decidir desechar la poca integridad que alguna vez tuvo para congraciarse con Trump”, dijo Stern. “Innumerables personas cuyos derechos de la Primera Enmienda se han visto vulnerados por las payasadas de Carr deberían seguir el ejemplo de Disney”.

ABC no siempre se caracterizó por oponerse a la administración Trump. Cuando Trump demandó a la cadena por una entrevista con George Stephanopoulos que consideró difamatoria, ABC acordó pagar 15 millones de dólares para llegar a un acuerdo extrajudicial, luego de que el presentador afirmara erróneamente durante esa entrevista que Trump había sido declarado civilmente “responsable de violación” en el caso presentado por la escritora E. Jean Carroll.

En 2023, un jurado de Manhattan dictaminó que Trump había abusado sexualmente y difamado a Carroll, pero no llegó a afirmar que la hubiera violado, delito del que ella lo acusó en la década de 1990.

Cuando el comediante regresó al aire tras la suspensión, transmitió un mensaje sobre la importancia de la libertad de expresión: “Este programa no es importante: lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este.”