Mientras Lindsay Clancy enfrenta en Plymouth, Massachusetts, un juicio por el asesinato de sus tres hijos, una de las médicas que la atendió antes de los hechos pide que un tribunal especializado en negligencia médica determine si tiene fundamento la denuncia presentada en su contra en enero de 2026.
La acción apunta a que un órgano integrado por especialistas médicos y legales revise si el tratamiento brindado en los meses previos a los crímenes incurrió en mala praxis. Esta maniobra podría frenar o reencauzar la causa civil iniciada por la propia acusada.
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Según la publicación de The Sun, la mujer está acusada de matar a Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, a quienes, según la acusación, estranguló con bandas elásticas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury.
Un pedido que puede alterar la demanda
La legislación de Massachusetts contempla en los litigios por negligencia profesional un tribunal de 3 integrantes, aunque su intervención no se activa de forma automática, ya que una de las partes debe pedirla y también puede desistir de esa instancia.
La doctora Jennifer Tufts pide que el panel evalúe su atención hacia la paciente y si hay pruebas que respalden la acusación. Según The Sun, la demanda sostiene que la psiquiatra y otros profesionales no detectaron ni trataron de forma adecuada el deterioro de su estado psiquiátrico.
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La discusión central gira en torno a si hubo señales clínicas suficientes antes de los asesinatos. El doctor Whaley, presentado por Clancy, afirma que la psiquiatra debió detectar indicios de un trastorno bipolar con rasgos psicóticos.
La respuesta de la defensa de la doctora apunta a que no existieron alertas claras en ese momento, ya que la paciente negó en reiteradas ocasiones ideas suicidas, deseos de dañar a otras personas y la presencia de alucinaciones.
Los abogados de la especialista sostienen que Whaley evaluó el caso a partir de lo que ocurrió después con los niños y descalifican sus conclusiones al considerarlas “especulación y análisis retrospectivo”. También rechazan que debía haber recibido un estabilizador del ánimo o un antipsicótico.
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El tratamiento, bajo examen
Tufts comenzó a atender a Clancy en septiembre de 2022 y la vio 14 veces durante casi 5 meses. La última consulta ocurrió el 23 de enero de 2023, un día antes de la muerte de los niños. Todas las citas se desarrollaron de manera virtual.
La defensa de la psiquiatra respondió que sí prescribió lamotrigina, fármaco utilizado como estabilizador del estado de ánimo, y afirmó que omitir ese dato vuelve la opinión del perito contrario “fatalmente errónea”.
El abogado defensor Kevin Reddington interrogó a Tufts sobre su formación, experiencia en cuadros posparto severos y decisiones clínicas. En un pasaje, comparó su método con el de “un robot” que solo marca casillas.
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También puso en duda que la psiquiatra no hubiera reunido los antecedentes clínicos completos de otros profesionales que la atendían y subrayó que la mujer había llamado en 2 ocasiones a una línea de prevención del suicidio, un dato que la médica dijo no conocer.
El juicio y las otras demandas
La defensa penal de Clancy sostiene que la mujer padecía psicosis posparto grave al momento de los hechos. La fiscalía, en cambio, afirma que planificó el crimen y que actuó con plena intención, de acuerdo con el artículo.
Tras la muerte de los niños, saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio fallido que la dejó paralizada. La escena fue descubierta por su entonces esposo, Patrick Clancy, que había salido de la casa para hacer recados.
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En el interrogatorio, Reddington sugirió que el aumento de la amitriptilina pudo empujar a la paciente al límite. A lo que Tufts respondió: “No lo creo”. Y luego añadió “No creo haber sido negligente”.
La profesional figura entre 11 demandados en la causa civil promovida por Lindsay: 7 profesionales médicos o de salud mental y 4 organizaciones sanitarias. Allí aparecen como acusados Tufts, la enfermera especializada Rebecca Jollotta, Aster Mental Health y South Shore Health System.
A ese expediente se suma otra demanda iniciada en enero por Patrick, quien acusa a los responsables de la atención de Lindsay de una prescripción descoordinada y de no responder de forma adecuada al deterioro de su estado psiquiátrico.
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La psiquiatra también pidió al juez que desestime esa causa. Ambas solicitudes siguen pendientes mientras continúa el juicio por asesinato.
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