
Entre 2019 y 2022, California registró 47 casos de silicosis en operarios de un rubro que hasta hace pocos años casi no aparecía en las alertas sanitarias. Desde 2023 y hasta agosto de 2026, esa cifra escaló a 571 diagnósticos, de acuerdo con datos oficiales citados por Los Angeles Times.
El salto quedó documentado en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, que tomó como base registros del Departamento de Salud Pública de California. Para los autores, la aceleración de los casos expone una crisis laboral y sanitaria asociada al procesamiento de superficies sintéticas usadas en cocinas y baños.
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El mismo relevamiento indicó que el estado identificó 32 muertes desde 2019, además de 72 trasplantes de pulmón y 51 derivaciones para evaluación con ese fin. Esos datos aceleraron el debate sobre nuevas respuestas regulatorias.

Una enfermedad sin cura con cuadros más agresivos
La silicosis aparece cuando partículas microscópicas de sílice ingresan a los pulmones y dañan de forma permanente el tejido respiratorio.
En este caso, la exposición está vinculada al corte, lijado y pulido de superficies de piedra artificial, un material conocido en inglés como engineered stone.
El estudio indicó que los casos detectados en esta actividad presentan una evolución más severa que la observada en otros trabajos con contacto con sílice. La edad mediana del diagnóstico es de 46 años y la edad mediana de muerte es de 52, precisó el informe recogido por Los Angeles Times.
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David Michaels, profesor de salud ambiental y ocupacional en George Washington University y coautor del trabajo, afirmó que estos cuadros avanzan con mayor rapidez que los registrados en la minería o la construcción. “Quedó claro que este producto no puede fabricarse de manera segura y económica”, sostuvo en declaraciones al diario.
Michaels también advirtió sobre la carga médica que deja esta actividad. “Está provocando muertes más tempranas y discapacidades severas”, aseguró.
En otra cita difundida por Los Angeles Times, remarcó que la cantidad de personas que ya recibieron un trasplante o esperan uno “es asombrosamente alta”.

El foco se concentra en talleres del área de Los Ángeles
El informe señaló que cerca del 98% de los casos corresponde a hombres latinos. También precisó que alrededor de la mitad de los diagnósticos se concentró en Los Ángeles County, donde el valle de San Fernando reúne una gran cantidad de talleres dedicados a esta actividad.
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Los pacientes incluidos en el análisis reportaron entre 16 y 25 años de exposición al polvo de sílice. Para los investigadores, ese dato ayuda a dimensionar el nivel de riesgo acumulado dentro de una industria que ganó espacio en el mercado residencial.

El primer caso conocido en un operario de este sector en California se identificó en 2019, recordó Los Angeles Times.
La difusión pública del problema tomó otra escala entre 2022 y 2023, aunque las respuestas legislativas y administrativas avanzaron a un ritmo más lento.

California avanza con nuevas restricciones para la industria
En 2024 quedó en pausa un proyecto que buscaba endurecer los protocolos de seguridad en los talleres y publicar reportes sobre su cumplimiento.
Un año más tarde, la ley SB 20 amplió las funciones del Departamento de Salud Pública de California en tareas de vigilancia, educación y seguimiento de la silicosis.
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La norma también convirtió a la enfermedad en una condición de notificación obligatoria dentro del estado.
Desde ese cambio, los empleadores deben ofrecer respiradores, aplicar sistemas de supresión de polvo con agua y adoptar otras medidas de protección cuando los operarios trabajan sobre estas superficies, detalló Los Angeles Times.

Pese a esas medidas, entidades médicas reclamaron decisiones más duras. La Western Occupational & Environmental Medical Association presentó en diciembre una petición ante la junta de normas de Cal/OSHA para impulsar cambios de emergencia.
La organización advirtió que 94% de los talleres inspeccionados recibió sanciones y que 20% enfrentó órdenes de cierre inmediato.
El mismo planteo señaló que las 140 inspecciones realizadas apenas cubrieron cerca del 10% de las 1.342 operaciones estimadas en todo California.
A fines de mayo, la junta dio luz verde al inicio formal de una norma de emergencia para vedar esa actividad. La propuesta todavía debe atravesar revisión técnica, consultas con el sector y una aprobación final antes de entrar en vigor.
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