Propietarios demandan a Nueva York por el impuesto a segundas viviendas de lujo y la filtración de datos personales

Varios propietarios de inmuebles demandaron este viernes a la ciudad de Nueva York, al alcalde Zohran Mamdani y al titular del Departamento de Finanzas, Richard Lee, por la aplicación del impuesto a segundas residencias de alto valor y la publicación de datos personales en registros públicos.

Argumentaron que la ciudad notificó a dueños de residencias principales que podrían quedar alcanzados por el gravamen y difundió datos de más de 900.000 propiedades en un registro público del Departamento de Finanzas, según Bloomberg.

La querella sostiene además que el Departamento de Finanzas envió cartas a unas 17.000 residencias, una cifra que, según el escrito, triplica la estimación de inmuebles realmente sujetos al tributo atribuida a la excomisionada del organismo Martha Stark. Los demandantes piden que se invalide el listado publicado en la web oficial y que se impida a la ciudad cobrar el impuesto mientras el caso siga en trámite.

Según el texto de la demanda, varios propietarios recibieron notificaciones en las que se les advertía que sus viviendas podrían estar sujetas al gravamen pese a haber confirmado que se trataba de sus residencias principales. Esa objeción es uno de los ejes del reclamo judicial contra la administración municipal.

El escrito también apunta contra el Departamento de Finanzas y contra su titular, Richard Lee. Los demandantes acusan a la ciudad de haber hecho públicos en un registro en línea los nombres de propietarios, las direcciones de sus residencias y los valores de mercado de más de 900.000 inmuebles que, en principio, podrían estar alcanzados por el impuesto.

La demanda cuestiona la publicación de datos personales y el alcance de las notificaciones

Después de la difusión de ese registro, los demandados instaron a ignorarlo al sostener que “no formaba parte de los requisitos legales” vinculados al tributo. La querella replica que su publicación “no solo provocó una gran confusión, sino que también facilitó, propició y amplificó un escrutinio indeseado de la información personal de los propietarios”.

El documento judicial añade que en la ciudad hay solo 24.000 propiedades que cumplen con los umbrales de valor de mercado exigidos por el impuesto. Siempre según la presentación, la mayoría de esos inmuebles son primeras residencias, pero la ciudad remitió notificaciones a más del 70% de esas viviendas.

La pretensión central de los demandantes es doble: que el tribunal ordene retirar o invalidar el listado difundido en la página del organismo y que la ciudad no imponga el gravamen hasta que se resuelva la querella. El caso también pone en cuestión el modo en que la administración identificó a los inmuebles potencialmente alcanzados.

En su planteo, los propietarios sostienen que la municipalidad “caprichosa y arbitrariamente” trasladó a los residentes la carga de demostrar que no están alcanzados por el recargo anual. En ese marco, el reclamo busca que la Justicia deje sin efecto las notificaciones y, en paralelo, suspenda cualquier exigencia de respuesta mientras el expediente continúe abierto.

Los demandantes también remarcan que, a su entender, el registro publicado no cumplió una función administrativa clara. En cambio, señalan que expuso información sensible de cientos de miles de titulares de viviendas, incluso de aquellos que no estarían sujetos al tributo.

El impuesto alcanza a cooperativas, condominios y casas unifamiliares de alto valor

El impuesto conocido como pied-à-terre fue aprobado en mayo por legisladores estatales. La medida alcanza a cooperativas y condominios con un valor de mercado de USD 1 millón o más, y a viviendas unifamiliares valuadas en USD 5 millones o más.

La norma entró en vigor el 1 de julio. De acuerdo con el texto fuente, la administración de Mamdani busca recaudar unos USD 500 millones al año con ese gravamen.

En ese contexto, la demanda sostiene que el modo en que se implementó el tributo afectó a propietarios que se consideran ajenos al universo alcanzado.

Según el escrito, el punto más controvertido es que las notificaciones se enviaron a dueños de viviendas que ya habían indicado que el inmueble era su residencia principal.

La presentación judicial pide que se ordene retirar o invalidar el listado difundido en la web del organismo y que se impida a la ciudad avanzar con el cobro mientras el caso permanezca en trámite.

La discusión, tal como la plantean los demandantes, no apunta a la creación del impuesto en sí, sino a la forma en que se identificó y comunicó quiénes podrían estar alcanzados.

A partir de esa publicación, los propietarios sostienen que se generó incertidumbre y que la información quedó expuesta en un formato accesible en línea, con datos que —según afirman— habilitaron un escrutinio no buscado sobre la situación patrimonial de los residentes.

La demanda también plantea que el número de cartas enviadas por el Departamento de Finanzas excedió ampliamente el universo de propiedades que cumplirían los umbrales de valuación previstos por la norma.

En esa línea, insiste en que se notificó a miles de dueños de inmuebles que, por su condición de residencia principal, no deberían quedar sujetos al recargo.

El caso abre un nuevo frente judicial para la administración municipal en torno a la puesta en marcha del gravamen y a las herramientas utilizadas para su implementación, con el foco puesto en el alcance de las notificaciones y en la difusión de un registro con datos de propietarios y valuaciones.