
El estado de Nueva York aprobó una nueva ley que limita el uso de redes sociales para menores de edad con una regulación que introduce exigencias inéditas para las principales plataformas digitales.
La norma, titulada SAFE for Kids Act, entrará en vigor el 25 de enero de 2027 y apunta a reducir la exposición de los jóvenes a algoritmos y notificaciones nocturnas, elementos considerados por autoridades y expertos como factores de riesgo para la salud mental infantil y adolescente.
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Esta iniciativa representa un cambio de paradigma en la regulación de la tecnología en Estados Unidos y fue presentada como un modelo que podría replicarse en otros estados.

Nuevas reglas para empresas y adolescentes
La SAFE for Kids Act establece que todas las plataformas donde los menores de 18 años pasen más del 20% de su tiempo en feeds algorítmicos deberán pedir consentimiento expreso a los padres antes de habilitar contenidos personalizados y notificaciones automáticas nocturnas.
La medida impacta directamente en servicios como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y X, que ahora deberán ajustar su funcionamiento para cumplir con la regulación.
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La gobernadora Kathy Hochul presentó la reglamentación en Brooklyn y advirtió a las empresas tecnológicas que “ahora están notificadas”, lanzando un mensaje claro sobre la voluntad estatal de hacer cumplir la ley.

Hochul remarcó que cualquier plataforma que intente “bombardear a nuestros jóvenes con contenidos algorítmicos adictivos o monetizar su salud mental” se enfrentará a sanciones legales. La ley autoriza a la fiscalía general a presentar demandas y prevé multas de hasta USD 5.000 por cada infracción.
En el caso de que un padre o tutor no otorgue su consentimiento, la aplicación deberá limitar el acceso del menor a un feed cronológico, es decir, a publicaciones de cuentas que ya sigue, y no podrá enviar notificaciones entre la medianoche y las 6 de la mañana.
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El acceso general a la red social y a sus funciones de búsqueda permanecerá disponible, pero las herramientas más adictivas quedarán deshabilitadas.

El debate por la privacidad y la verificación de identidad
Uno de los aspectos más controvertidos de la SAFE for Kids Act es el sistema de verificación de edad y consentimiento parental. Para que los padres puedan autorizar el uso de ciertas funciones, se les exigirá que verifiquen su edad, lo que despertó preocupaciones en materia de privacidad y protección de datos.
Organizaciones civiles y analistas en políticas digitales advierten que el proceso podría derivar en una mayor recolección de información personal tanto de adultos como de menores.
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La analista Aliya Bhatia, del Center for Democracy & Technology, advirtió que la normativa deja abiertas “varias preguntas esenciales para que las empresas respondan”, entre ellas, si se emplearán datos biométricos para verificar la edad y si esas medidas resultan proporcionales a los riesgos atribuidos a los algoritmos y notificaciones.
Bhatia señaló que “muchos métodos de verificación de edad plantean preocupaciones fundamentales al permitir una mayor recopilación de datos sobre todos los neoyorquinos, no solo sobre los niños”.

Por su parte, Allie Bohm, asesora principal de políticas de la New York Civil Liberties Union (NYCLU), sostuvo que la ley obliga a los padres a revelar edad e identidad para poder consentir el acceso de sus hijos, lo que podría desalentar la expresión de opiniones controversiales en internet.
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Bohm afirmó que la SAFE for Kids Act representa “riesgos de privacidad inaceptables para adultos y jóvenes por igual y limita la libertad de expresión”.
No todos los especialistas comparten ese diagnóstico. Iain Corby, director ejecutivo de la Age Verification Providers Association, aseguró que las reglas no exigen necesariamente la revelación de información personal, ya que permiten métodos criptográficos y diversas alternativas para certificar la edad sin necesidad de aportar documentos físicos.

Reacciones, apoyos y cuestionamientos
La industria tecnológica y las organizaciones de defensa de la infancia manifestaron posturas encontradas ante la nueva ley. Representantes de empresas como Meta, TikTok y Snapchat, agrupadas en Tech:NYC, destacaron que continúan evaluando la normativa y su viabilidad práctica.
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Julie Samuels, presidenta de esa organización, resaltó la importancia del objetivo, aunque subrayó que aún quedan dudas sobre cómo se implementarán disposiciones clave como la verificación de edad y la protección de datos.
Adam Kovacevich, director ejecutivo de Chamber of Progress, valoró que el texto final concede cierta flexibilidad a las empresas, pero cuestionó la premisa central de la ley al considerar que “sigue tratando a los contenidos algorítmicos como si fueran el problema”.

Por otro lado, desde el ámbito de la protección infantil, James Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media, afirmó que Nueva York está marcando un estándar nacional al enfocarse en limitar feeds adictivos y notificaciones nocturnas que alteran el sueño y el bienestar de los niños.
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Steyer consideró que aún queda trabajo por hacer frente a los riesgos que plantean la inteligencia artificial y las redes sociales, pero sostuvo que tanto la ley como su reglamentación son “innovadoras”.
La ley podría enfrentar desafíos judiciales antes de su entrada en vigencia. NetChoice, organización que agrupa a empresas tecnológicas y que ya litigó contra normas similares en otros estados, criticó la medida por considerarla inconstitucional, aunque no confirmó si presentará una impugnación formal en Nueva York.
Por su parte, la fiscal general Letitia James defendió la solidez del nuevo marco regulatorio y expresó confianza en que podrá resistir cuestionamientos en los tribunales.
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Un nuevo estándar regulatorio
La SAFE for Kids Act representa el intento más ambicioso hasta ahora de un estado de Estados Unidos por regular el contenido que consumen los menores en las redes sociales.
El nuevo régimen exige a las plataformas ajustes técnicos y legales significativos, al tiempo que reaviva el debate sobre privacidad, libertad de expresión y la verdadera capacidad de la regulación estatal para proteger a los menores en un entorno dominado por algoritmos.
El impacto de la ley en Nueva York será observado de cerca por otras jurisdicciones y podría sentar precedentes en la relación entre gobierno, tecnología y derechos digitales.
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