El Departamento de Educación de Estados Unidos amenazó con retirar fondos federales a dos distritos escolares de Maryland y Michigan por presuntamente ocultar a los padres información sobre la identidad de género de sus hijos. El anuncio llegó el lunes 27 de julio.
Las investigaciones apuntan a las Anne Arundel County Public Schools, en Maryland, y las Ann Arbor Public Schools, en Michigan. Ambos distritos enfrentan posibles sanciones que incluyen procedimientos judiciales y la pérdida de financiamiento federal, según informó Fox News.
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Qué es FERPA y por qué está en el centro del caso
La ley federal conocida como FERPA, por sus siglas en inglés de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, garantiza a los padres el derecho a consultar los expedientes escolares de sus hijos, solicitar correcciones y controlar quién puede acceder a esa información.
El gobierno de Trump sostiene que ambos distritos violaron esa ley al manejar datos sobre la identidad de género de los estudiantes de forma que excluye a sus propias familias. Las investigaciones las llevan a cabo de manera conjunta el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia.
Qué se le acusa a cada distrito
En el caso de Anne Arundel County, el Departamento de Educación señala que el distrito clasifica la identidad de género de los alumnos como “información médica confidencial” que no puede compartirse con los padres, lo que a juicio del gobierno constituye una violación directa de FERPA.
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Uno de los casos bajo investigación involucra a una familia de Maryland que descubrió, a través de un correo electrónico con pronombres masculinos, que el personal escolar trataba a su hija como varón durante el horario escolar, sin su conocimiento ni consentimiento. Cuando los padres pidieron más información, el subdirector del plantel se negó a entregar los registros relacionados con la transición de género de la menor, de acuerdo con Fox News.
En Michigan, la acusación recae sobre una política del distrito de Ann Arbor que, según el gobierno federal, instruye a los maestros a ayudar a los estudiantes a ocultar su “estatus transgénero” a sus padres. Además, el distrito mantiene los registros vinculados a la “identidad de género” en un sistema de archivos separado del expediente general del alumno.
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Las consecuencias posibles y los plazos
El Departamento de Educación ya anunció medidas de cumplimiento contra Anne Arundel County Public Schools. Ann Arbor Public Schools tiene hasta el 11 de agosto de 2026 para justificar su política ante las autoridades federales. Si no lo hace, podría perder su financiamiento federal.
Ese dinero sostiene programas que afectan directamente a los estudiantes:
- Educación especial para alumnos con discapacidades.
- Alimentación escolar subsidiada.
- Apoyo académico a estudiantes de bajos ingresos.
- Servicios de orientación y salud mental en las escuelas.
La palabra de las escuelas y el gobierno
Anne Arundel County Public Schools afirmó, en declaraciones citadas por una filial de NBC, que se enteró de las acusaciones del gobierno a través del comunicado público del Departamento de Educación y que no recibió ninguna correspondencia formal ni documentos que sustentaran los señalamientos. El distrito agregó que revisará la información una vez que la reciba y responderá “a través del proceso correspondiente”. Ann Arbor Public Schools no emitió comentarios de inmediato.
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La secretaria de Educación Linda McMahon fue enfática en su postura. “Es inconcebible que cualquier distrito escolar oculte la información más delicada sobre los niños a sus propios padres”, declaró a Fox News. “Hoy, el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia les notifican a los distritos que usaremos todas las herramientas disponibles para responsabilizarlos por este comportamiento”.
El contexto más amplio de la política de Trump
Esta acción forma parte de una serie de medidas del gobierno de Trump contra políticas de género en las escuelas. La administración ya ha intentado congelar fondos federales a instituciones educativas por iniciativas de diversidad, protestas pro palestinas y programas sobre cambio climático.
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Los grupos de derechos civiles sostienen que estas intervenciones violan la libertad académica, la libertad de expresión y el debido proceso, según reportó Reuters.
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