El DHS emitió más de cien mil multas civiles por USD 84.000 millones a inmigrantes ilegales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió 103.000 multas civiles por un total de USD 84.000 millones a inmigrantes ilegales desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca hace unos 18 meses, según declaró un funcionario del departamento a Fox News Digital. Hasta julio, la agencia había cobrado cerca de USD 1.200 millones en pagos.

En mayo, Fox News Digital informó que, de acuerdo con cifras proporcionadas por el DHS, más de 3 millones de inmigrantes ilegales salieron del país durante el primer año del segundo mandato de Trump y que un estimado de 2,2 millones se autoexpulsaron. La administración también reportó casi 900.000 deportaciones y más de 900.000 arrestos hasta el 17 de mayo.

Poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno anunció multas de USD 998 diarios para quienes tuvieran órdenes definitivas de deportación y no abandonaran el país de forma voluntaria. De acuerdo a lo dispuesto por el DHS, los infractores deben pagar antes de ser expulsados y podrían enfrentar la confiscación de bienes si no cumplen con la sanción.

El mecanismo se basa en una ley migratoria aprobada en 1996 que autoriza al gobierno federal a sancionar económicamente a extranjeros que no abandonen el país en los plazos establecidos. Aunque la norma ya se había aplicado durante la primera presidencia de Trump, fue suspendida en 2021 y restablecida en 2025 con nuevos procedimientos.

Cómo funciona el plan de autoexpulsión

Como parte de estas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) difundió un folleto con “beneficios” y “consecuencias” para quienes se autoexpulsen con la aplicación gubernamental CBP Home. El folleto dice: “La autoexpulsión es segura. [...] Salga en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida”.

Según el DHS, los inmigrantes ilegales no criminales que salgan voluntariamente podrían conservar el dinero que ganaron en Estados Unidos y mantener la posibilidad de buscar vías legales de inmigración en el futuro; algunos también podrían calificar para vuelos subsidiados en caso de no poder costear el viaje. El folleto advierte que quienes no se autoexpulsen serán “detenidos por el DHS sin oportunidad de poner en orden sus asuntos de antemano”.

Las sanciones llegan a los tribunales

La política de multas generó cuestionamientos de legisladores y organizaciones de derechos civiles, que pusieron en duda su constitucionalidad y efectividad. Sus críticos sostienen que muchas de las personas sancionadas no tienen recursos para afrontar los montos exigidos y que la medida podría sobrecargar los tribunales federales.

El Departamento de Justicia comenzó a presentar demandas civiles contra algunos inmigrantes que habían recibido notificaciones de multa pero aún no habían pagado. Los primeros casos se iniciaron en septiembre pasado en distintos distritos federales, desde California hasta Florida. Para mayo, un análisis de Bloomberg Law había identificado más de 50 demandas.

Las acciones judiciales buscan que un juez reconozca la deuda y autorice al gobierno a ejecutar el cobro. En caso de obtener esos fallos, las autoridades podrían embargar bienes, retener salarios o interceptar reembolsos de impuestos.