La gobernadora de Nueva York ordena usar inteligencia artificial para depurar trámites estatales

La gobernadora Kathy Hochul firmó recientemente una orden ejecutiva que busca transformar el funcionamiento administrativo del estado de Nueva York, una jurisdicción conocida por su burocracia densa y procedimientos obsoletos. Esta medida surge en respuesta a la persistente ineficiencia de las agencias estatales, donde aún se sostienen prácticas y requisitos de otra época.

En pleno 2026, existen leyes que obligan a utilizar tecnologías como el fax, el telégrafo o el correo postal para trámites y comunicaciones oficiales, a pesar de la existencia de alternativas digitales que facilitan y agilizan la gestión pública. En algunos casos, la normativa vigente exige incluso que operadores de los últimos trenes a vapor notifiquen accidentes mediante telegrama, y cientos de documentos deben enviarse exclusivamente por fax o correo tradicional.

En palabras de Hochul, la presencia de leyes que requieren permisos especiales para que una mujer trabaje hasta tarde refleja el rezago normativo y la frustración ciudadana ante un aparato estatal que no se adapta a las realidades contemporáneas.

La nueva orden ejecutiva tiene como objetivo principal identificar y eliminar regulaciones y procedimientos que entorpecen la eficiencia gubernamental, modernizando la administración y removiendo barreras que dificultan la entrega de servicios.

Hochul apuesta por una transformación que permita a Nueva York abandonar la percepción de ser un estado hostil para los negocios o poco amigable para quienes necesitan interactuar con la administración pública.

La iniciativa se enmarca dentro del programa EXPRESS NY, una estrategia integral para actualizar los procesos gubernamentales y responder a la demanda social de una gestión más ágil, transparente y cercana a los ciudadanos.

Para enfrentar este desafío, el estado de Nueva York decidió incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) como recurso central para el relevamiento y diagnóstico de la normativa vigente.

La IA analizará aproximadamente 18 millones de palabras de leyes estatales, buscando referencias a tarifas, firmas, notarizaciones, fax, correo, telégrafo y otras tecnologías desfasadas, así como la existencia de grupos de trabajo, consejos e informes obligatorios que ya no responden a las necesidades actuales. Este proceso automatizado permitirá identificar las disposiciones anacrónicas que persisten en los códigos legales y administrativos.

El desarrollo de estas herramientas de IA fue posible gracias a la colaboración con la organización de tecnología cívica Recoding America y la Universidad de Stanford.

El profesor Daniel Ho, director del Laboratorio de Regulación, Evaluación y Gobernanza de Stanford, destacó a The New York Times que una fuente significativa de ineficiencia reside en los informes anuales obligatorios, muchos de los cuales se mantienen por inercia, aunque hayan perdido sentido o incluso hayan sido declarados inconstitucionales décadas atrás.

Por ejemplo, se sigue exigiendo un informe anual sobre la lucha contra maestros subversivos en las escuelas públicas, pese a que esa obligación fue invalidada en 1967.

El proceso de modernización instaurado por la orden ejecutiva contempla una revisión exhaustiva que combina capacidades tecnológicas y criterio humano especializado.

En la primera etapa, la inteligencia artificial realiza un barrido masivo de la legislación y detecta los artículos y cláusulas susceptibles de revisión o eliminación. Posteriormente, expertos humanos —designados en las agencias estatales— examinan los resultados y determinan cuáles cambios propondrán de manera formal.

Además, el estado abrió la posibilidad de participación ciudadana y de las propias agencias, recibiendo más de 4.000 propuestas para la reforma normativa. Muchas de estas sugerencias subrayan el sinsentido de mantener tecnologías obsoletas, como las máquinas de fax, en pleno siglo XXI.

Una vez analizadas las recomendaciones, los cambios que requieran aprobación legislativa serán incluidos en la agenda de la gobernadora para el siguiente período de sesiones. Se espera que este mecanismo permita priorizar la actualización de los marcos regulatorios más urgentes y facilitar la transición hacia un gobierno más eficiente y menos costoso para la ciudadanía.

Dentro de los principales puntos del mandato, la orden ejecutiva establece que todas las agencias bajo la autoridad del gobernador deben identificar y proponer la eliminación o reforma de procedimientos administrativos que generan demoras y costos innecesarios. Esto incluye la obligación de envíos postales, uso de fax, requerimiento de copias impresas, pagos por cheque, firma manuscrita o comunicaciones mediante tecnologías obsoletas, siempre que existan alternativas digitales seguras y viables. Se impulsa la modernización de audiencias y reuniones, permitiendo la adopción de formatos híbridos, así como la reducción o sustitución de notarizaciones tradicionales, habilitando la autodeclaración bajo juramento o la notarización electrónica cuando la ley lo permita.

Otro eje central es la revisión de multas, tarifas y sanciones, con el fin de asegurar que sean proporcionales y no perjudiquen de manera desmedida a personas de bajos ingresos o pequeños negocios.

También se contempla la posibilidad de reducir, eximir o postergar sanciones para infracciones no intencionales de primera vez, y de introducir períodos para corregir incumplimientos antes de aplicar penalidades.

Adicionalmente, se ordena la simplificación de los informes requeridos por ley, para eliminar o consolidar aquellos que resultan redundantes o carecen de utilidad. Se revisará también la vigencia de consejos, comisiones y otros órganos estatales, recomendando su disolución o reforma si ya no cumplen función activa.

La orden ejecutiva excluye expresamente a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y delimita su aplicación a entidades donde el gobernador tiene autoridad ejecutiva directa o de nombramiento. De este modo, el alcance de la medida se concentra en las áreas donde el Poder Ejecutivo estatal puede impulsar cambios de forma más ágil y efectiva, sin interferir en organismos autónomos o de jurisdicción compartida.