La jueza electa Hannah Dugan, de 67 años, enfrenta este miércoles la sentencia que podría llevarla a prisión por hasta cinco años tras su condena por obstrucción de un proceso federal. El tribunal de Milwaukee es el escenario del primer caso en Wisconsin en que una jueza estatal fue a juicio por interferir con agentes de inmigración, y la audiencia se produce en medio de la tensión creciente entre el Poder Judicial y la política migratoria de la administración Trump.
La sentencia jueza Milwaukee llega siete meses después de que el jurado la declarara culpable en diciembre de 2025. El juez federal Lynn Adelman, quien presidió el proceso, es el encargado de fijar la pena. El caso convirtió a Dugan en un símbolo del debate sobre la independencia judicial frente a la estrategia del ICE de realizar arrestos dentro de los tribunales.
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Qué hizo Hannah Dugan el día del incidente
El 18 de abril de 2025, agentes del ICE se presentaron al tribunal del condado de Milwaukee tras confirmar que Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante mexicano de 31 años, tenía una audiencia programada ante Dugan por un caso de agresión estatal. Los agentes sabían que Flores-Ruiz había reingresado al país de forma irregular.
Antes de que comenzara la audiencia, Dugan confrontó a los agentes en el pasillo y los derivó a la oficina del juez principal, con el argumento de que su orden administrativa no era suficiente para proceder al arresto. Una vez que los agentes se retiraron, sacó a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada de jurados, según informó AP.
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Los agentes detectaron a Flores-Ruiz en el corredor, lo persiguieron a pie y lo arrestaron fuera del edificio. Una semana después, agentes del FBI detuvieron a Dugan en el propio tribunal y la sacaron esposada. Reuters reportó que el director del FBI, Kash Patel, publicó una foto de ese momento con el texto “nadie está por encima de la ley”.
Flores-Ruiz fue deportado en noviembre de 2025.
El juicio, la condena y la renuncia
El jurado declaró a Dugan culpable de obstrucción de un proceso federal, un delito grave, pero la absolvió del cargo menor de encubrimiento para evitar un arresto. La distinción entre ambos cargos fue central durante el proceso, que se extendió hasta diciembre de 2025, según AP.
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Antes de la condena, Dugan ya había renunciado en enero de 2025 al cargo que ocupaba desde hacía nueve años. La presión vino de legisladores republicanos que amenazaban con destituirla y la calificaban de jueza activista.
El representante republicano Tom Tiffany, precandidato a gobernador de Wisconsin, había pedido públicamente que la “encerraran” tras su condena, de acuerdo con AP.
Qué piden fiscales y defensa en la sentencia
La obstrucción agentes ICE que se le atribuye a Dugan no tiene una pena recomendada explícita por parte de los fiscales, pero su posición es clara: las pautas federales indican entre 15 y 21 meses de prisión, y la conducta de la exjueza constituyó un abuso del “prestigio del cargo judicial”, según el memorando de sentencia presentado por la fiscalía ante AP.
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“Los jueces tienen una enorme discreción, pero hay una línea que no pueden cruzar. La acusada cruzó esa línea“, escribió el fiscal ejecutivo auxiliar Richard Frohling en ese documento. La fiscalía también señaló que la sentencia promedio para casos de obstrucción es de 16 meses.
La defensa presentó un argumento opuesto: Dugan ya fue “suficientemente castigada” con la renuncia y las amenazas de violencia que recibió, por lo que debería recibir únicamente el tiempo ya cumplido, equivalente a parte de un día en custodia federal. Los abogados también anunciaron que presentarán una apelación sin importar el resultado de la audiencia de este miércoles.
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El trasfondo político del caso
Los abogados de Dugan sostuvieron durante el juicio que la administración Trump buscaba “aplastar” a la jueza para garantizar la obediencia del Poder Judicial ante la táctica del ICE de realizar arrestos en tribunales. Esa lectura del caso convirtió el proceso en un punto de referencia del debate sobre la independencia judicial en Estados Unidos.
Dugan no declaró durante el juicio. Sus abogados anunciaron que hablaría en la audiencia de sentencia de este miércoles, lo que sería su primera declaración pública en más de un año. En su carta de renuncia, la exjueza ya había advertido que el caso federal amenazaba "la independencia de nuestro poder judicial“, según AP.
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El juez Adelman tiene la última palabra y no está obligado a seguir las pautas federales al momento de dictar la condena.
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