La estabilidad del hogar de Wilmer Trujillo, veterano de las fuerzas armadas, se vio alterada por la reciente detención de su esposa, Arelys Barahona-Martínez, en Texas.
De acuerdo con CBS News, la mujer fue arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que expone a la familia al riesgo de una separación prolongada.
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El futuro de Barahona-Martínez depende ahora de la posibilidad de que se reabra una antigua orden de expulsión y de que se le permita acogerse al programa parole in place, diseñado para proteger a familiares de militares de procesos de deportación.
El recorrido migratorio de Barahona-Martínez
La historia de Arelys Barahona-Martínez está marcada por dos ingresos irregulares a Estados Unidos: el primero en 2005, cuando llegó desde Honduras y, tras un breve periodo, regresó a su país; el segundo en 2018, motivada esta vez por la salud y seguridad de su hijo, Idben.
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Según declaraciones recogidas por CBS News, el joven padece neurofibromatosis, una enfermedad genética que provoca tumores en distintas partes del cuerpo. Barahona-Martínez explicó que su retorno obedeció a la necesidad de evitar que el adolescente cayera en manos de pandillas hondureñas y pudiera acceder a tratamiento médico.
La orden de deportación contra Barahona-Martínez, emitida hace más de dos décadas, cobra vigencia tras el arresto en Dallas, pese a que la mujer no registra antecedentes penales. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por CBS News, la detención responde a la política de priorizar la ejecución de órdenes previas, sin distinguir entre personas con o sin historial criminal.
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Impacto familiar y testimonio del veterano
La detención de Barahona-Martínez alteró la rutina y el entorno familiar de Wilmer Trujillo, quien sirvió durante casi 20 años en el Ejército de Estados Unidos y en la Guardia Nacional de Texas.
Trujillo relató a CBS News que considera este episodio como la mayor adversidad de su vida, más desafiante que cualquier misión militar en Afganistán, Irak o Corea del Sur.
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“Me destroza, porque el país por el que trabajé toda mi vida está destruyendo a mi familia y me está quitando a mi esposa”, expresó Trujillo a CBS News en su domicilio de Princeton, un suburbio de Dallas.
El exmilitar también compartió su desconcierto acerca de tener que suplicar a su propio país para poder mantener unida a su familia: “Nunca pensé que estaría en una situación en la que le suplico a mi propio país que deje ir a mi esposa para que podamos hacer las cosas de la manera correcta”, sostuvo en el mismo medio.
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El vínculo entre Barahona-Martínez y las hijas de Trujillo, fruto de un matrimonio previo, se estrechó desde su llegada a la familia.
Ahora, la ausencia de la madre se percibe de manera aguda en el hogar. Idben, de 20 años, resumió el vacío que siente: “Ella vino a este país solo para salvarme la vida”, manifestó el joven en diálogo con CBS News.
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El desafío legal y las posibilidades de reunificación
Barahona-Martínez permanece en el centro de detención del ICE en Alvarado, Texas, desde donde se comunicó con Trujillo a través de videollamada.
Durante la conversación, describió su situación con estas palabras: “Es realmente un infierno que te juzguen como si fueras una criminal”, según recogió CBS News.
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Su objetivo inmediato es conseguir la reapertura de su expediente migratorio y acceder al programa parole in place, mecanismo que permite a ciertos familiares de militares regularizar su estatus en el país.
El camino hacia la residencia permanente depende de la decisión de un juez de inmigración y de la disposición del Gobierno para conceder este beneficio. Hasta el momento, ICE no definió si Barahona-Martínez podrá continuar el trámite fuera de detención.
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CBS News subraya que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia endureció los criterios para liberar a personas con órdenes de deportación, incluso si carecen de antecedentes penales.
Este caso pone en evidencia los dilemas y tensiones del sistema migratorio estadounidense, especialmente cuando afecta a familias vinculadas al servicio militar.
La familia Trujillo-Barahona aguarda una resolución judicial que podría sentar un precedente para otros casos similares.
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