Un hombre de Florida demandó a la policía tras ser detenido por un error de reconocimiento facial

El arresto de Richard Dillon en Florida en 2023 ha puesto en el centro del debate el uso policial de sistemas de reconocimiento facial basados en inteligencia artificial. Dillon, quien fue acusado injustamente de intentar atraer a una menor en Jacksonville Beach, sostiene que la tecnología utilizada para identificarlo es “propensa a errores” y permitió que la investigación policial sustituyera el trabajo tradicional de verificación de coartadas. Su caso, que ahora es objeto de una demanda liderada por la ACLU, expone las debilidades y riesgos de la aplicación de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial.

La situación comenzó en noviembre de 2023, cuando, según el relato policial, un hombre abordó a una niña de 12 años en un local de McDonald’s y supuestamente intentó alejarla de sus padres. Un mes después, Dillon, residente en otra región de Florida, recibió una llamada del agente de la policía de Jacksonville Beach, Scott O’Connell, quien lo acusó insistentemente de haber cometido el delito. Desde el primer momento, Dillon negó su implicación y explicó que en el momento de los hechos se hallaba a más de 480 kilómetros del lugar. Además, puso de manifiesto que poseía “cicatrices distintivas” en el rostro, resultado de una cirugía por cáncer de piel, rasgo que consideraba suficiente para descartar cualquier confusión con el sospechoso.

Durante la conversación telefónica con O’Connell, Dillon mostró su perplejidad al comparar las imágenes del sospechoso y las suyas propias, y consultó a la policía local para asegurarse de que no estaba siendo víctima de una estafa. Tanto la policía de Jacksonville Beach como la de su localidad le aseguraron que la llamada era “una farsa” y que el procedimiento empleado no se ajustaba a los protocolos habituales. Sin embargo, la incertidumbre persistió durante meses, hasta que finalmente, ocho meses después, agentes del sheriff del condado de Lee lo arrestaron en su domicilio.

La pieza central de la acusación contra Dillon fue el uso del software de reconocimiento facial conocido como FACESNXT (Sistema de Análisis, Comparación y Examen Facial). Según la demanda, el agente David Cohill tomó con su teléfono móvil fotografías de la pantalla de una computadora donde se mostraban imágenes de vigilancia del incidente. Estas imágenes, parcialmente sombreadas y descentradas, fueron procesadas por la Oficina del Sheriff de Jacksonville con FACESNXT, que arrojó una coincidencia del 93 % entre los rasgos faciales del sospechoso y los de Dillon. De acuerdo con documentos de capacitación de FACESNXT de 2015, las imágenes de baja calidad pueden afectar gravemente la fiabilidad del sistema, ya que factores como el encuadre o la iluminación alteran los resultados.

La utilización de FACESNXT en este contexto ha sido cuestionada por expertos y organizaciones defensoras de los derechos civiles. Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, advierte que la policía tiende a interpretar una “coincidencia” arrojada por el software como una confirmación definitiva de la identidad, cuando en realidad la herramienta solo proporciona posibles pistas. Según declaraciones de fabricantes y funcionarios policiales recogidas por CBS News, estos sistemas no producen identificaciones concluyentes, sino que generan listas de candidatos que requieren verificación adicional por parte de los investigadores.

El caso de Dillon no es aislado: existen más de una docena de arrestos injustificados en Estados Unidos atribuidos al uso de reconocimiento facial con inteligencia artificial, lo que evidencia una problemática nacional. Para Wessler, la experiencia de Dillon ilustra que “esta tecnología es fundamentalmente peligrosa” y puede tener consecuencias devastadoras si se utiliza como única prueba para justificar una detención. Además, el Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown estima que las bases de datos públicas de reconocimiento facial contienen imágenes de 117 millones de estadounidenses, lo que subraya la magnitud del fenómeno.

Las consecuencias personales para Dillon han sido significativas. Tras su arresto, pasó la noche en la cárcel, se vio obligado a pedir dinero prestado y a hipotecar el título de propiedad de su camioneta para pagar la fianza, y enfrentó el estigma social incluso después de que los cargos fueran retirados dos meses después. Según su propio testimonio, la experiencia ha cambiado su vida: siente que es observado constantemente y teme interactuar con menores, ante la posibilidad de que cualquier cámara lo vuelva a colocar bajo sospecha. “Siento que la gente dice: ‘Oye, ese tipo salió en las noticias, aléjate de él’”, relató a CBS News.

La denuncia presentada por Dillon, con el respaldo de la ACLU, va dirigida contra el Departamento de Policía de Jacksonville Beach y otros organismos implicados. En el documento se argumenta que la policía nunca mostró ninguna fotografía a la víctima, y que la única identificación se realizó mediante una rueda fotográfica con la ayuda de un empleado de McDonald’s que no fue testigo directo de los hechos. Dillon espera que su demanda sirva para obtener justicia y evitar que otras personas sufran el mismo trauma que él experimentó. Según sus palabras: “Espero que el resultado de esto sea evitar que otras personas pasen por el trauma que yo viví”.