El gobierno de Trump finalmente no avanzará con el fondo de USD 1.800 millones para supuestos perseguidos políticos

El gobierno de Donald Trump prevé desmantelar el polémico fondo de USD 1.800 millones creado para compensar a supuestas víctimas de la “politización” de la justicia federal. El Departamento de Justicia (DOJ) señaló en un comunicado que “discrepa enérgicamente” del fallo judicial que congeló el fondo, pero que “acatará la resolución del tribunal”. El sitio Axios citó a una fuente que resumió la situación en una frase: “Está muerto por ahora”.

El fondo fue constituido como parte de un acuerdo extrajudicial que resolvió la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones fiscales a The New York Times en 2019. La administración lo denominó “Fondo Antipolitización” y lo presentó como un mecanismo para resarcir a quienes, según funcionarios, fueron objeto de persecución legal durante el gobierno de Joe Biden.

Los críticos sostienen que el fondo carece de base legal, no cuenta con supervisión del Congreso y podría beneficiar a condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La jueza de distrito Kathleen Williams, que supervisa la demanda original contra el IRS en Florida, ordenó a los abogados de Trump responder antes del 12 de junio a “graves acusaciones” de colusión y a si el caso debe reabrirse porque el tribunal habría sido “víctima de un fraude”.

La jueza federal Leonie Brinkema, con sede en Alexandria, Virginia, bloqueó el viernes pasado cualquier acción para crear u operar el fondo mientras evalúa una impugnación más amplia. En su resolución del 29 de mayo, Brinkema programó una audiencia para el 12 de junio y aclaró que la medida busca garantizar que “ningún fondo sea desembolsado de manera irreversible” antes de un pronunciamiento definitivo.

El caso ante Brinkema es uno de al menos cuatro litigios presentados contra el fondo. Entre los demandantes figuran agentes de policía que respondieron al ataque al Capitolio y organizaciones de supervisión gubernamental. La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, una de las organizaciones demandantes, advirtió que no abandonará el litigio hasta que la administración descarte el plan de forma definitiva: “Hasta que la administración abandone completamente el esquema (…) estaremos en los tribunales impugnándolo”.

El fondo generó una reacción adversa incluso dentro del Partido Republicano. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó ante periodistas en el Capitolio que “la mejor manera de avanzar es que la administración lo cierre por sí misma” y que ese sería “el resultado ideal”.

Los líderes republicanos del Senado postergaron la semana pasada una votación sobre un paquete de financiamiento para la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en parte por el temor a que el fondo permitiera que condenados por los disturbios del 6 de enero recibieran dinero de los contribuyentes. El senador Ted Cruz, de Texas, describió una reunión a puerta cerrada con el secretario de Justicia interino Todd Blanche como una de “las reuniones más duras” que ha presenciado en su carrera en el Senado.

Trump había declarado inicialmente que cualquier dinero obtenido de su demanda contra el IRS iría a organizaciones benéficas, pero el fondo fue diseñado para beneficiar a aliados políticos, incluidos potenciales beneficiarios entre quienes participaron en el intento de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden en 2020.

(Con información de AFP, Bloomberg y AP)