El campamento de Texas donde fallecieron 27 personas carecía de protocolos de emergencia ante inundaciones

Una investigación oficial reveló que Camp Mystic, un tradicional campamento cristiano para niñas ubicado en el condado de Kerr, Texas, no contaba con planes de evacuación ni protocolos de emergencia ante inundaciones.

La falta de preparación influenció directamente en que 27 personas murieran—entre ellas 25 niñas y dos consejeras adolescentes—cuando el río Guadalupe se desbordó el 4 de julio de 2025.

La tragedia, según determinaron los investigadores en audiencias legislativas, se habría podido evitar si las responsables a cargo de las menores hubieran recibido capacitación suficiente o si se hubiera ordenado una evacuación oportuna, publicó The Texas Tribune.

El impacto de la inundación fue especialmente grave en las áreas del campamento administradas por consejeras adolescentes sin experiencia, quienes, de acuerdo con la abogada e investigadora legislativa Casey Garrett, carecían de entrenamiento en situaciones de emergencia y no sabían cómo proceder ante la amenaza.

Garrett explicó ante legisladores de Texas que la evacuación se retrasó peligrosamente pese a las alertas de inundación, y que en algunos casos bastaba caminar 20 pasos para acceder a un edificio de dos pisos y salvar vidas.

El campamento Mystic no fue la única zona afectada. De acuerdo con The Texas Tribune, las lluvias torrenciales provocaron una catástrofe regional con más de 100 fallecidos en la zona central de Texas, arrasando viviendas y comunidades, y dejando un saldo de víctimas que incluyó a varias familias hispanas.

Las autoridades del estado identificaron a personas latinas como Joel Ramos (43 años), Tasha Ramos (48 años) y Carlos Romero (1 año) entre otros tantos fallecidos, reflejando el alcance social de la tragedia más allá del ámbito privado del campamento.

Deficiencias estructurales y cultura de obediencia agravaron la tragedia

La investigación relatada por NBC News detalló que, antes del desastre, el personal juvenil evitaba tomar decisiones propias por temor a ser reprendidas. Casey Garrett subrayó que jamás se realizaron simulacros de evacuación y que la única instrucción escrita para las niñas era un breve párrafo aprobado por un inspector estatal dos días antes de la inundación, el cual ordenaba “permanecer en las cabañas a menos que la oficina dispusiera algo diferente”.

La noche previa al desastre, el propietario histórico del campamento, Richard Eastland, quien era conocido como “El General” entre el personal, monitoreó las condiciones meteorológicas pero decidió esperar antes de activar una evacuación general, según el testimonio de la investigadora.

Garrett describió una cultura interna basada en la obediencia, donde incluso los familiares de Eastland sabían que tomar decisiones sin su aprobación podía traer consecuencias negativas. Tras la inundación, Eastland murió junto a varias niñas, hallados dentro de su vehículo cuando intentaba evacuarlas hacia un sitio seguro.

En los momentos más críticos, algunos miembros del equipo tomaron la iniciativa de evacuar cabañas por su cuenta, impulsando a las niñas a través de ventanas y aconsejándoles trepar hasta colinas cercanas o buscar refugio en la segunda planta del salón de recreo. Varias sobrevivientes narraron en entrevistas cómo tuvieron que sujetarse de columnas o ramas para evitar ser arrastradas, informó The Texas Tribune.

Víctimas infantiles y consecuencias legales

La mayoría de las menores fallecidas tenía menos de 10 años y, en muchos casos, era su primera experiencia lejos de casa, como lo confirmó la investigadora ante los legisladores. El informe, basado en entrevistas con unos 150 afectados, sobrevivientes y familiares, reconstruyó en detalle el cronograma y las comunicaciones entre los responsables del campamento durante la emergencia.

A pesar del dolor, el proceso legislativo ya ha generado una respuesta institucional. El año pasado, el Congreso estatal aprobó nuevas normativas que exigen la elaboración de planes de emergencia detallados, el entrenamiento obligatorio para el personal y la instalación de sistemas de alerta ante desastres en todos los campamentos juveniles.

Sin embargo, el futuro de Camp Mystic permanece incierto: mientras sus propietarios planean reabrir una fracción del predio en mayo y prevén recibir a casi 900 niñas, la licencia de funcionamiento está bajo revisión y el teniente gobernador Dan Patrick ha solicitado expresamente que no se renueve hasta que concluyan las investigaciones.

Actualmente, el campamento enfrenta varias demandas por parte de familias de víctimas y la investigación a cargo de los reguladores estatales y los Texas Rangers continúa abierta, reportó el medio regional.

Dolor de las familias con relatos de supervivencia

Durante la exposición legislativa, familiares de las víctimas—muchos de ellos integrantes de la comunidad latina—escucharon atónitos los testimonios y observaron imágenes de las menores y del campamento devastado.

Una de las historias más estremecedoras incluye a una niña que fue arrastrada más de 10 kilómetros río abajo hasta ser rescatada viva la mañana siguiente, cubierta de mordeduras de insectos y aferrada a un montículo de restos, según datos recogidos por The Texas Tribune.

El trauma colectivo atraviesa a toda la región central de Texas, golpeando tanto a familias que acudían tradicionalmente al campamento desde varias generaciones, como a la comunidad local de trabajadores.

Mientras persiste la indignación por la falta de preparación e indiferencia ante las alertas, la principal conclusión de la investigación oficial es rotunda: la tragedia habría sido evitable con protocolos adecuados y entrenamiento para consejeras y personal adulto.

Richard Eastland, dominante figura del campamento, es recordado por muchos de sus allegados por su cercanía con las niñas y por haberles enseñado a pescar o a adaptarse en su primer viaje fuera de casa.

En la contracara, su liderazgo jerárquico y la dependencia absoluta en sus decisiones demostraron ser fatales cuando la emergencia lo superó. Las autoridades estatales esperan presentar el informe final antes de fin de año.