
Las familias de cinco niñas y dos consejeras fallecidas durante las inundaciones del pasado 4 de julio en Camp Mystic, un campamento para niñas en el centro de Texas, presentaron una demanda contra los propietarios de la institución. El colectivo de padres acusa a la dirección del campamento de anteponer sus intereses económicos a la seguridad de las menores, operar durante décadas con medidas insuficientes de prevención y no actuar ante advertencias meteorológicas críticas.
La demanda, presentada el lunes 10 de noviembre en una corte estatal de Austin, señala tanto a Camp Mystic como a miembros de la familia Eastland, propietarios del campamento. El texto judicial sostiene que el liderazgo de la institución “desperdició una ventana crucial de tiempo” después de que el Servicio Meteorológico Nacional alertara, a la 1:14 a.m., sobre condiciones de “inundaciones repentinas que amenazan la vida”.
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Ante el aviso, según el documento citado por The New York Times, los responsables emplearon más de una hora asegurando equipo del campamento, en lugar de evacuar o al menos verificar el estado de las niñas.
“Estas jóvenes murieron porque un campamento con fines de lucro puso la ganancia por encima de la seguridad”, se lee en la demanda colectiva. Otra querella, promovida por los padres de Eloise Peck, de 8 años, describe una falta grave de planificación para emergencias. “No hay mayor confianza que la de un padre al dejar a su hijo al cuidado de otros. Los padres no envían a sus hijos a un campamento de verano para perderlos”, señala el texto legal presentado por la familia Peck.
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Zona de alto riesgo
Según las averiguaciones, el campamento, fundado y gestionado por los Eastland durante generaciones, se encontraba dentro de una zona de alto riesgo de inundación, en un área conocida como Flash Flood Alley a orillas del río Guadalupe. A pesar de esto, la demanda afirma que la dirección del campamento ignoró reiteradas advertencias sobre el clima y no contaba con planes de evacuación adecuados.
“Con el río subiendo, el campamento optó por dirigir a los encargados de mantenimiento para evacuar el equipo, no a las niñas ni a las consejeras”, expone el escrito. De acuerdo con los documentos judiciales y testimonios, aunque consejeros pidieron ayuda de forma temprana, la respuesta de la administración se limitó a pedirles a las menores que colocaran toallas en el suelo y permanecieran en sus cabañas, mientras el nivel del agua aumentaba.
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Solo cuando la situación se tornó insostenible, los responsables intentaron lo que el texto califica como “un rescate inútil derivado de su propio desastre”, en el que finalmente fallecieron 25 niñas, dos consejeras y el propio director del campamento, Dick Eastland. “El campamento y quienes lo dirigían traicionaron esa confianza”, aseguran los padres de Eloise Peck.
Un portavoz legal del campamento, Jeff Ray, negó las acusaciones de negligencia. “Tenemos la intención de probar que la magnitud de la crecida superó por mucho cualquier antecedente en el área y que no existían sistemas de alerta adecuados”, sostuvo en declaraciones a NBC Dallas-Fort Worth. Sobre el accionar del director fallecido, Ray aseguró que hay “información errónea” en las demandas y defendió que las condiciones meteorológicas fueron inéditas.
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Sin embargo, organizaciones federales confirman que la región ha sido históricamente vulnerable a lluvias extremas. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias clasificó en 2011 al campamento dentro de la zona de inundaciones cada cien años, aunque la familia Eastland logró revertir esa determinación para evitar costos adicionales de seguro.

Según los relatos recogidos en las demandas, la instrucción dada a las consejeras para un caso de crisis era mínima y aseguraba que “todas las cabañas están construidas en ubicaciones altas y seguras”.
Durante la madrugada del 4 de julio, los responsables se reunieron en la oficina administrativa media hora después de la advertencia oficial. En ese lapso, algunos campistas intentaron salir por iniciativa propia. Consejeras rompieron ventanas y sacaron a niñas de los dormitorios para correr hacia zonas elevadas, mientras otras buscaban refugio en un salón recreativo. Varios testimonios de niñas que sobrevivieron relatan la desesperación: “las que nos aferrábamos a los árboles vimos a nuestras amigas pasar, rogando por ayuda”.
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Sobre el momento crítico, la demanda indica que “el liderazgo del campamento buscó preservar la ilusión de seguridad al tiempo que creaba riqueza generacional a costa de gastos mínimos y altos ingresos anuales”.

En septiembre, Texas aprobó una nueva legislación para reforzar la seguridad en campamentos de verano, impulsada por familiares de las víctimas, bajo el colectivo Heaven’s 27. Un monumento está previsto dentro del plan para reabrir el campamento en un sitio alternativo, mientras la zona donde ocurrieron las muertes permanece cerrada.
El vicegobernador Dan Patrick lamentó la decisión del campamento de reanudar sus actividades. “Me sorprendió ver que Camp Mystic empezara a recibir inscripciones mientras hay tantas preguntas sin responder sobre lo ocurrido esa madrugada”, declaró.
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La Legislatura de Texas anunció una investigación formal sobre las condiciones y fallos ocurridos durante la inundación, la cual cobró la vida de más de 130 personas en la región. “Fue una tragedia que podría haberse evitado. Camp Mystic debe rendir cuentas”, sostuvo Randy R. Howry, abogado de la familia Peck.
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