La escasez de viviendas agrava el aumento de personas sin hogar en Miami-Dade

La crisis habitacional que enfrenta el condado de Miami-Dade alcanzó un punto en el que la estructura de asistencia pública sostiene diariamente a miles de personas vulnerables en un entorno marcado por la escasez de viviendas asequibles.

En enero, un recuento oficial indicó que 858 personas viven a la intemperie, y aunque el número de asistidos bajo el amparo del Miami-Dade County Homeless Trust representa apenas el 0,3% de los casi tres millones de residentes, fuentes oficiales anticipan que esta cifra podría aumentar por la persistente desigualdad social, según el periódico de Miami Diario Las Américas.

A pesar del esfuerzo de la agencia pública Miami-Dade County Homeless Trust, que actualmente atiende a unas 9.000 personas, la continua presión sobre el sistema se explica tanto por el crecimiento de la demanda como por la limitada oferta de viviendas económicas.

La directora ejecutiva, Victoria L. Mallette, explicó en una conferencia telemática citada por Diario Las Américas que el apoyo abarca a quienes no tienen hogar y a quienes ya fueron asistidos pero permanecen en situación vulnerable.

Cómo se sostiene el sistema de asistencia a personas sin hogar

El respaldo institucional recae principalmente en un mecanismo fiscal único, el impuesto del 1% para las personas sin hogar, creado en 1992 con aval legislativo estatal. Este gravamen se aplica a negocios que venden alimentos y bebidas alcohólicas con ingresos brutos superiores a USD 400.000 al año.

El fondo recaudado por este concepto ha variado entre USD 20 millones y USD 30 millones en los últimos años.

Según detalló Victoria L. Mallette: “El 85% de los ingresos de ese impuesto sobre alimentos y bebidas va al Homeless Trust, y el 15% se destina a la construcción y operación de centros para víctimas de violencia doméstica”.

La eficacia del fondo explica que actualmente unas 2.700 personas residen actualmente en refugios distribuidos en el condado, incluyendo alojamientos de emergencia y temporales provistos por el fideicomiso.

Además de las plazas en refugios, aproximadamente 5.000 personas ocupan viviendas subvencionadas por el Homeless Trust. Otras organizaciones como la organización benéfica Camillus House y la organización religiosa Rescue Mission colaboran activamente en la red de apoyo, junto con contribuciones más limitadas del gobierno federal, estatal y el sector privado.

La vida diaria fuera de los refugios y los nuevos límites legales

Recorrer las inmediaciones de Camillus House permite advertir el aumento visible de personas sin hogar en la vía pública. Aunque algunos acceden a servicios básicos como comida o una cama en albergues, no todos eligen ingresar a estas opciones.

Mario, un hombre de 52 años, rechazó el albergue por las restricciones horarias: “No me gusta el albergue porque cierran la puerta a las 19h y piden estar allí antes para poder dormir, como si yo fuera un niño”, relató en diálogo con Diario de las Américas.

Sobre la gestión del cupo y rotación, Victoria L. Mallette explicó al mismo medio: “Necesitamos que nos informen por qué no está durmiendo en esa cama. Tenemos una ocupación muy alta y cada cama es valiosa”.

La política pública de Florida se ha endurecido tras la entrada en vigor de la ley estatal Unauthorized Public Camping and Public Sleeping, vigente desde el 1 de octubre de 2024. Esta legislación prohíbe dormir en espacios públicos como aceras, calles, parques o edificios abandonados y obliga a los gobiernos locales a controlar su cumplimiento.

El contexto detrás de esta norma incluye el aumento de quejas de residentes y propietarios por la proliferación de asentamientos en la vía pública y la percepción de inseguridad en ciertas áreas urbanas. La ley también habilita a ciudadanos y dueños de negocios a presentar demandas contra los municipios que no la apliquen.

Si se trata de personas con posibles problemas psiquiátricos, la ley estatal Baker Act permite a policías, médicos o jueces ejecutar evaluaciones involuntarias hasta por 72 horas, si se considera que existe riesgo para la integridad propia o ajena.

El abogado Luis Martínez precisó: “Un oficial puede detener temporalmente a la persona y llevarla a un centro de evaluación si observa que la persona parece tener una enfermedad mental, está en riesgo grave o existe peligro de que se haga daño o haga daño a otros”.

Crecimiento económico y persistencia de la vulnerabilidad habitacional

Si bien la economía del condado muestra cifras de expansión y generación de empleos, los salarios se mantienen por debajo del costo de vida local, lo que condena a una franja de la población a situaciones de vivienda vulnerable.

El reto es mantener la asistencia a una población sin techo que, aunque hoy representa una minoría estadística, podría crecer si la falta de viviendas asequibles y los salarios insuficientes continúan limitando el acceso a un lugar digno donde vivir, según confirma la misma fuente.