
La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul firmó este viernes un paquete de leyes para reforzar la protección de la comunidad inmigrante y limitar la cooperación estatal y local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una disputa política con la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, según informó EFE.
La decisión incluyó restricciones a operativos migratorios en “lugares sensibles”, una prohibición sobre el uso de coberturas faciales durante interacciones con civiles y el fin de los acuerdos 287(g), que habilitan a agencias locales a asumir tareas vinculadas a la aplicación civil de la normativa migratoria federal, de acuerdo con la agencia.
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El paquete incorporó nuevas condiciones para que ICE actúe en espacios como escuelas, hospitales y casas de culto: de acuerdo con medios locales, el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 designó como “lugares sensibles” a escuelas públicas y privadas, hospitales, casas de culto, guarderías, parques, áreas de juegos y centros de votación, y fijó que los agentes no pueden ingresar sin una orden judicial.
También creó un mecanismo para que residentes presenten demandas por presuntas violaciones de derechos constitucionales en operativos migratorios, con un alcance retroactivo a enero de 2025, según Patch, medio local.
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Restricciones en “lugares sensibles” y exigencia de orden judicial

Según EFE, una de las normas restringió la actuación de agentes migratorios en “lugares sensibles” como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios. En esos espacios, los agentes solo podrán intervenir si presentan una orden judicial de arresto.
La oficina de la gobernadora del estado de Nueva York ya había anticipado este enfoque el 16 de abril de 2026, cuando presentó una propuesta para “ampliar protecciones” y evitar que autoridades migratorias accedan a áreas no públicas de instalaciones estatales u operadas por el estado sin una orden judicial.
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En esa comunicación, según la oficina de la gobernadora del estado de Nueva York (comunicado del 16/04/2026), el gobierno estatal incluyó dentro de los espacios sensibles a instalaciones como hospitales, escuelas, bibliotecas, refugios y centros comunitarios, con el objetivo de fijar reglas claras de acceso y límites de intervención.
De acuerdo con Patch, la lista incluida en el presupuesto estatal 2027 abarcó escuelas, hospitales, casas de culto, guarderías, parques, áreas de juegos y centros de votación como “lugares sensibles”, con la exigencia de orden judicial para el ingreso de ICE.
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PoliticsNY, medio local, también reportó que el paquete presupuestario incorporó estas restricciones como parte de una estrategia para limitar operaciones migratorias federales dentro del estado.
Prohibición de máscaras y obligación de identificarse ante civiles

Otro punto central del paquete fue la prohibición del uso de máscaras o pasamontañas durante interacciones con el público. Según EFE, Hochul sostuvo que efectivos del ICE cubren su rostro sin justificación técnica, a diferencia de otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA), y que esa práctica busca “intimidar y amenazar a la población”.
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Según la oficina de la gobernadora del estado de Nueva York (comunicado del 16/04/2026), la prohibición se aplicó a agentes estatales, locales y federales “mientras interactúan con el público”, con excepciones definidas: equipamiento táctico, anteojos de sol y mascarillas médicas. El documento agregó que el incumplimiento deliberado puede constituir un delito.
Según Bloomberg, agencia de noticias, Hochul afirmó: “No necesitamos que las fuerzas del orden usen máscaras”, y sostuvo que “no hay otra razón” para ocultar el rostro que la intimidación.
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En ese mismo reporte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que no cumpliría con las restricciones impulsadas por Nueva York y argumentó que los gobiernos locales no pueden dictar cómo operan los agentes federales.
Fin de los acuerdos 287(g) y límites a la cooperación local con ICE

El paquete también puso fin a los convenios 287(g), según informó EFE. Esos acuerdos formalizan la cooperación entre jurisdicciones locales y el gobierno federal para que policías o agentes penitenciarios asuman tareas vinculadas a la aplicación civil migratoria.
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“Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE”, dijo Hochul, según la agencia.
De acuerdo con la oficina de la gobernadora del estado de Nueva York, la prohibición de acuerdos 287(g) alcanzó a gobiernos locales, a las policías estatales y locales y a organismos penitenciarios, con el objetivo de impedir que recursos y personal del estado se utilicen para tareas de control migratorio civil.
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Según Patch, el presupuesto estatal 2027 no solo prohibió firmar acuerdos 287(g), sino que también bloqueó arreglos informales que, sin contrato, reproduzcan en la práctica el mismo esquema de cooperación.
En esa cobertura, el medio sostuvo que el texto buscó cerrar una vía alternativa para mantener coordinación operativa con ICE por fuera de convenios formales.
Demandas por derechos constitucionales y nueva tensión con Washington
Además de los cambios en el terreno operativo, el paquete abrió un frente judicial. Según Patch, el presupuesto creó un procedimiento para que residentes de Nueva York demanden a agentes federales y a otros funcionarios por presuntas violaciones de derechos constitucionales, con aplicación retroactiva a enero de 2025.
Según Bloomberg, el paquete intensificó el enfrentamiento político con la administración Trump, que amenazó con un aumento de agentes en el estado.
El mismo reporte citó al “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, quien sostuvo que las limitaciones a la cooperación empujarían a ICE a reducir arrestos en cárceles y a realizar operativos más visibles en vecindarios.
Hochul intentó diferenciar cooperación en delitos graves de participación estatal en operativos migratorios civiles.
Según Bloomberg, la gobernadora sostuvo que Nueva York “no es un santuario para criminales” y que cooperará cuando se trate de crímenes peligrosos, pero no será socia de acciones que, según dijo, priven a residentes de sus derechos.
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