Una inminente reestructuración de la política forestal estadounidense amenaza con alterar el equilibrio entre conservación y explotación industrial de los bosques. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé una derogación total de la Roadless Area Conservation Rule, norma vigente desde 2001 que impidió la construcción de caminos y la explotación maderera en más de 23.000.000 de hectáreas de los territorios más remotos y prístinos del país.
Esta medida, impulsada en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14225 firmada en marzo de 2025 por el presidente Donald Trump, obliga a aumentar en un 25% el volumen de madera extraída en tierras federales, situación que desencadenará impactos ambientales y económicos de gran escala.
El proceso avanzó notablemente rápido: Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, formalizó el 23 de junio de 2025 la intención de revocar la norma, desencadenando una serie de acciones administrativas y legales.
Según un análisis publicado por el periodista Dillon Osleger en High Country News, la nueva política abre la puerta a la explotación inmediata de 10.400.000 de hectáreas que hasta ahora permanecían protegidos.
El USDA anunció la inminente publicación de un borrador de la declaración de impacto ambiental y de la propuesta formal de derogación, lo que abrirá un último periodo oficial para comentarios públicos antes de la decisión definitiva prevista para finales de 2026, de acuerdo al reporte de High Country News.
Idaho y Colorado quedan al margen de la derogación federal
El mapa federal de protecciones cambia drásticamente, pero con una excepción. Los estados de Idaho y Colorado mantenían, desde 2008 y 2012 respectivamente, regulaciones federales propias protegidas por un marco legal independiente, quedando de ese modo excluidos de la derogación generalizada.
Según documentación de High Country News, las extensiones de áreas vírgenes en ambos estados funcionarán como último resguardo frente a la política extractiva.
La aceleración administrativa incluye una reestructuración formal del Servicio Forestal del USDA, orden emitida el 31 de marzo. Esta medida contempla cierres y traslados de oficinas regionales y centros científicos, con el objetivo declarado de tornar la gestión de los bosques federales más ágil y orientada a la extracción, eliminando trabas a la explotación y acortando tiempos de trámite.
La Orden Ejecutiva 14225 y la subsiguiente determinación de “situación de emergencia”, firmada por Rollins en abril de 2025, abarcan 45,6 millones de hectáreas del sistema de bosques nacionales. Este memorándum, según mapeo realizado por RE:PUBLIC Lands Media y reproducido en High Country News, expone a la tala industrial más de la mitad de las áreas previamente amparadas por la regla de 2001.
Amenaza directa a 8 millones de hectáreas de hábitats críticos
Uno de los impactos más graves de la derogación es la apertura de más de 8 millones de hectáreas de hábitats clave para especies en peligro o amenazadas. La dispersión industrial de caminos y la fragmentación del hábitat natural constituyen factores principales en la declinación de la biodiversidad, advierte el artículo de High Country News.
Además, los caminos aumentan la erosión y la sedimentación de los cauces, agravando la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y multiplicando el riesgo de incendios forestales.
En este marco, destaca la preocupación por la Tongass National Forest de Alaska, que alberga poco más de 3,7 millones de hectáreas de áreas vírgenes protegidas. Las Naciones Tlingit & Haida pidieron formalmente la suspensión de las autorizaciones mientras persiste la ausencia de consulta directa, con el argumento de que los recursos de fauna —como ciervos y alces, vitales para la seguridad alimentaria local— estaban mostrando señales de recuperación tras décadas de tala intensiva.
Joel Jackson, presidente del Organized Village of Kake, declaró a High Country News: “Nuestros bosques están apenas en proceso de sanar tras extensas talas pasadas. Lo primero es la seguridad alimentaria; los venados y alces se están recuperando. El remanente de los bosques maduros es fundamental porque proveen refugio, frutos y medicinas. Dan sombra a los cursos de agua para garantizar el retorno del salmón cada año”.
Efectos económicos, recursos hídricos y peligro de incendios
La derogación de la Roadless Area Conservation Rule responde, según el gobierno, a la urgencia de combatir la pérdida de valor por incendios forestales y plagas de insectos.
No obstante, la Western Fire Chiefs Association, asociación profesional de jefes de bomberos del oeste de Estados Unidos, advierte —citada en High Country News— que más del 90% de los incendios en algunas regiones se origina por actividad humana. El despliegue de cientos de millas de caminos en áreas previamente inaccesibles facilita la ignición accidental e incrementa el volumen de residuos secos tras la tala, lo que eleva el riesgo de fuegos descontrolados.
Por otro lado, la infraestructura de caminos del Servicio Forestal ya suma más de 610.000 kilómetros, la mayor red gestionada por una entidad estatal en el mundo. El reglamento de 2001 buscaba preservar el 30% de los bosques nacionales aún intactos, evitar la fragmentación de hábitats y proteger 123.920 kilómetros de senderos recreativos y 4.023 kilómetros de ríos declarados Wild & Scenic.
El mantenimiento de esta red implicaba un costo acumulado de USD 8.500 millones, que motivó la imposición de la regla original ante la incapacidad presupuestaria del gobierno federal para sostener expansiones adicionales. El medio afirma que la presión por derogar la regla parece guiarse más por la lógica del ciclo extractivo que por criterios de sostenibilidad económica.
El turismo de naturaleza y recreación en estas áreas protegidas genera más de USD 45.000 millones anuales al producto interno bruto de Estados Unidos, según datos citados por High Country News. Este aporte supera el impacto económico de la explotación maderera intensiva.
Las áreas afectadas incluyen más de 13 millones de hectáreas consideradas esenciales para la provisión de agua potable, según la clasificación del Servicio Forestal.
Estas zonas actúan como sistemas naturales de filtración que benefician a unas 125,5 millones de personas, el 39% de la población de Estados Unidos continental, que reciben el 10% de su agua potable desde tierras gestionadas por el Estado federal.
Falta de consulta con gobiernos tribales y rechazo social masivo
La administración omitió las consultas federales obligatorias con gobiernos tribales en 36 estados pese a que estas naciones ostentan derechos soberanos y vínculos ancestrales sobre más de 18 millones de hectáreas de áreas en riesgo, lo que constituye una violación de las normas propias del USDA.
Judith LeBlanc, directora de Native Organizers Alliance e integrante de la Nación Caddo de Oklahoma, denunció a High Country News que “la administración Trump debilitó los estudios de impacto ambiental, recortando plazos de consulta pública y eliminando análisis sobre tierras públicas. Además, rehusó involucrarse en las consultas legalmente requeridas con las naciones tribales. Las tribus tienen el derecho inherente de decidir el futuro de sus tierras ancestrales. La consulta y el consentimiento no son opcionales”.
La reacción mayoritaria de la sociedad estadounidense fue de rechazo a la revocación. El Center for Western Priorities, organización no gubernamental dedicada a la conservación en el oeste estadounidense, analizó las 625.000 observaciones recibidas en la fase de comentarios públicos de septiembre pasado, con un 99% de apoyo al mantenimiento de la Roadless Rule.
Pese a ello, la excepción de “emergencia”, justificada por la administración bajo la prerrogativa de seguridad nacional y riesgo inminente de suministro de recursos, permite iniciar proyectos antes de que la derogación sea efectiva y reduce la influencia real de la consulta ciudadana.
El viraje anunciado por los organismos federales se traduce en una gestión centrada en la prioridad extractiva, privilegiando la obtención de recursos sobre los servicios ambientales y sociales de valor prolongado, como la filtración de agua, la captura de carbono y la preservación de especies amenazadas.
La magnitud de estos costos futuros —y el debilitamiento del principio fundacional de proveer “el mayor bien al mayor número de personas a largo plazo”, en palabras del primer jefe del Servicio Forestal Gifford Pinchot— es ahora objeto de debate nacional según lo documenta High Country News.
Últimas Noticias
Ni ebooks ni audiolibros: el formato tradicional sigue liderando entre los lectores estadounidenses
Un informe del Pew Research Center reveló que, pese al crecimiento de los formatos digitales, la mayoría de los adultos sigue optando por libros impresos
Comenzó el bloqueo total de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos
La operación ordenada por el presidente, Donald Trump, restringe el tráfico de embarcaciones desde Irán o con rumbo hacia sus puertos tras el colapso del diálogo nuclear en Pakistán
Vinculan la mortalidad de gavilanes de Cooper con la actividad humana en Albuquerque
Las conclusiones de una investigación de 10 años señalan que factores derivados de la presencia y acción del ser humano condicionan la supervivencia de estas aves, lo que resalta la importancia de adaptar entornos urbanos a la fauna silvestre
La ciudad de Nueva York publicó directrices para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas
El sistema educativo neoyorquino hará obligatorio un marco que regula el uso de IA en las aulas, estableciendo restricciones claras y solicitando la opinión de la comunidad durante un periodo de consulta pública de 45 días
Vinculan la cercanía a explotaciones ganaderas con un aumento de cáncer en California, Iowa y Texas
La investigación publicada por la Universidad de Yale advierte sobre un incremento de diagnósticos oncológicos en zonas con alta densidad de instalaciones industriales destinadas a la producción animal, en comparación con áreas menos expuestas a estas operaciones
