Nueva York apuesta por transporte público gratuito para residentes de bajos ingresos

Casi un millón de neoyorquinos podrían acceder a metro y autobús sin costo a partir del próximo presupuesto municipal, tras la presentación de una iniciativa que propone ampliar el programa Fair Fares a viajes completamente gratuitos para residentes de bajos ingresos.

La medida, impulsada por el Ayuntamiento de Nueva York, y anunciada el 1 de abril de 2026, busca transformar el acceso al transporte público y aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables. Esta política entraría en vigor para el ejercicio fiscal 2027.

Según la administración municipal, más de 370.000 personas están inscritas actualmente en Fair Fares, el programa que otorga un descuento del 50 % en el pasaje de metro, autobús, el ferrocarril de Staten Island y el tranvía de Roosevelt Island.

El nuevo umbral podría triplicar el alcance, ya que la ciudad calcula que hasta un millón de residentes—aquellos con ingresos iguales o inferiores al 150 % del umbral federal de pobreza, lo que equivale a USD 23.475 anuales para un hogar unipersonal—cumplen los criterios de elegibilidad.

La propuesta se diferencia de campañas anteriores, como la encabezada por el alcalde Zohran Mamdani, orientadas a la gratuidad universal en autobuses.

En este caso, los recursos se concentran en personas con mayores necesidades, extendiendo el beneficio tanto a metro como a autobuses, pero exclusivamente para quienes cumplen con los requisitos de ingresos, según información del ayuntamiento.

La ampliación de Fair Fares como prioridad presupuestaria para 2027

La presidenta del ayuntamiento, Julie Menin, señaló que la asequibilidad del transporte público es el eje central de la propuesta presupuestaria para 2027, contemplada en un presupuesto total estimado en USD 122.000 millones. Actualmente, la ciudad destina aproximadamente USD 121 millones anuales a Fair Fares.

Si bien la oficina de Menin no detalló el costo exacto de la ampliación, insistió en que se trata de una “inversión fiscalmente responsable” dirigida a fortalecer la población económicamente activa.

El programa Fair Fares fue implementado en 2019 como respuesta a la presión de organizaciones civiles y sindicatos que demandaban una red de transporte más accesible para los sectores de menores ingresos. Desde entonces, ha evolucionado en función de los indicadores de pobreza y del costo de vida en la ciudad, ajustando regularmente sus criterios de elegibilidad.

El programa ha sido evaluado en informes de impacto social por el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Nueva York, un centro de investigación universitario, que ha señalado que el acceso al transporte subsidiado mejora la inserción laboral y reduce el ausentismo escolar entre los grupos beneficiados.

En la actualidad, los resguardos de OMNY gratuitos para estudiantes siguen siendo una asignatura pendiente para la administración.

El nuevo enfoque sustituiría el descuento parcial por acceso completo al sistema de transporte metropolitano para quienes cumplen con los requisitos de Fair Fares NYC.

La financiación de la ampliación, de acuerdo con fuentes del consejo municipal, podría complementarse con recursos estatales si el gobierno del estado de Nueva York decide acompañar la iniciativa.

En la última década, otras grandes ciudades de Estados Unidos, como Seattle y Los Ángeles, han implementado programas de subsidio total o parcial al transporte, aunque en Nueva York sería la primera vez que se plantea la gratuidad total para un segmento tan amplio de la población.

Negociaciones en curso y reclamos para ampliar la cobertura social

La propuesta debe ser debatida y aprobada dentro de la negociación entre el ayuntamiento y la administración del alcalde Mamdani que trabaja en la elaboración del presupuesto definitivo para el año fiscal 2027.

El plazo para definir el acuerdo vence el 1 de julio de 2026 y el proceso incluirá evaluaciones sobre el impacto económico y la viabilidad de la iniciativa.

Mientras tanto, la Riders Alliance, organización de defensa de usuarios del transporte, demanda que el programa eleve el límite de elegibilidad hasta el 300 % del umbral de pobreza. El objetivo sería incluir también a sectores de ingresos medios que, aunque superan los criterios actuales, enfrentan dificultades para asumir el costo creciente del transporte.

Según la Riders Alliance, esta modificación beneficiaría a la llamada clase media desaparecida: quienes no califican para programas de asistencia, pero tampoco logran cubrir los gastos urbanos.

Distintos estudios elaborados por el Instituto de Políticas de Movilidad Urbana, think tank especializado en transporte urbano, estiman que el gasto anual en transporte representa, para los hogares de ingresos bajos y medios en Nueva York, entre el 10 % y el 18 % de su presupuesto familiar.

Por este motivo, expertos en políticas sociales subrayan que una ampliación de Fair Fares no solo tendría efectos inmediatos en el presupuesto de los beneficiarios directos, sino que también podría impulsar la movilidad laboral y la asistencia escolar, contribuyendo a una mayor integración urbana.

La decisión final sobre la gratuidad en el transporte público para los neoyorquinos con ingresos bajos y el alcance definitivo del beneficio se definirá en los próximos meses, a medida que avance la negociación presupuestaria en el ayuntamiento.