La imputación de asesinato contra Alexia Moore, una mujer de treinta y un años de Georgia, por utilizar fármacos abortivos fuera del plazo legal, ha reavivado el debate nacional sobre los límites del derecho penal en materia de aborto tras la derogación de Roe v. Wade.
El caso, en trámite desde marzo de el año 2024, podría marcar un precedente legal en el estado, ya que refleja el endurecimiento normativo surgido luego del fallo de la Corte Suprema de 2022, e interpela el alcance real de la llamada “ley del latido fetal”, cuestionando la criminalización de decisiones reproductivas.
De acuerdo con el reporte anual de la organización jurídica enfocada en derechos reproductivos Pregnancy Justice, al menos 210 mujeres en Estados Unidos fueron procesadas por hechos relacionados con sus embarazos durante el año posterior a la revocación de Roe v. Wade.
Según el informe, la mayoría de los casos están vinculados al consumo de sustancias durante la gestación, lo que evidencia un contexto de creciente judicialización y vigilancia sobre la autonomía corporal de las mujeres en varios estados.
En el caso de Moore, la imputación se apoya en hechos del 30 de diciembre de 2023, cuando la acusada acudió a un hospital en Kingsland, a unos 160 km al sur de Savannah, manifestando dolor abdominal.
Según la orden de arresto, Moore confesó al personal médico haber ingerido misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos, y oxicodona, un potente analgésico opioide. El parte judicial revela que, tras el parto, el feto sobrevivió cerca de una hora. Durante ese tiempo, Moore dirigió a los enfermeros la frase: “Sé que mi bebé está sufriendo porque fui yo quien practicó el aborto. Quiero que muera”.
La legislación de Georgia —reformada en 2019 mediante la promulgación de la denominada “ley del latido fetal”, que prohíbe el aborto desde la detección de actividad cardíaca embrionaria, lo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de gestación— determina además que la condición de persona se adquiere con el nacimiento vivo, un punto central en la acusación.
En la orden judicial, se consigna que el embarazo tenía una antigüedad de entre 22 y 24 semanas, rango que coincide con el umbral de viabilidad fetal.
La acusación contra Alexia Moore es la primera desde la entrada en vigor de la nueva normativa en Georgia en la que se procesa a una mujer por autopracticarse un aborto, según Pregnancy Justice.
El abogado defensor Andrew Fleischman destacó ante la prensa que la legislación, al calificar como persona al feto nacido vivo, abre la puerta a imputaciones penales por muerte intencional, aunque afirmó que “no está claro que los fiscales pretendan ser los primeros en cruzar ese límite”.
La decisión de avanzar o no con la acusación recae en el fiscal de distrito del Circuito Judicial de Brunswick, Keith Higgins, quien requerirá el aval de un gran jurado.
La vicepresidenta sénior de Pregnancy Justice, Dana Sussman, señaló que el proceso implica “una acusación de asesinato sin precedentes por aborto”, y remarcó: “nadie debería enfrentar cargos penales por interrumpir un embarazo”.
La defensa de Moore, designada por el organismo estatal Consejo de Defensores Públicos de Georgia, solicitó la excarcelación bajo fianza y un juicio rápido, mientras espera la audiencia programada.
Debates sobre la aplicación de la ley y la reacción social
El caso ha generado posturas enfrentadas entre organizaciones a favor y en contra del aborto. Elizabeth Edmonds, directora ejecutiva de la organización antiabortista Georgia Life Alliance, sostuvo que atribuir la acusación a la ley de 2019 supone “una tergiversación” y consideró adecuado el cargo de asesinato, ya que, según los datos, Moore habría adquirido oxicodona de manera ilegal durante el embarazo.
Un informe toxicológico citado en la orden judicial detectó oxicodona en la sangre del feto. Moore manifestó que las píldoras abortivas fueron compradas en internet y que el opioide le fue suministrado por un familiar.
El desenlace judicial del caso podría sentar un precedente sobre la interpretación y el alcance de la normativa estatal y expone el margen de discrecionalidad de los fiscales.
En caso de que avance la acusación, Georgia se sumaría a los estados en donde mujeres han enfrentado cargos penales por abortos autogestionados o por la administración de sustancias mientras estaban embarazadas.
Regulación de los fármacos abortivos y contexto federal
El misoprostol utilizado por Moore está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para interrumpir el embarazo, en combinación con mifepristona, durante las primeras diez semanas de gestación. Sin embargo, en el segundo trimestre, el uso de misoprostol como único agente es menos efectivo y aumenta el riesgo de complicaciones.
Según la organización médica internacional Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la sobrevida de un recién nacido a las 22-24 semanas depende de intervenciones médicas intensivas y suele estar asociada a graves secuelas.
La literatura médica indica que, sin asistencia neonatal avanzada, la probabilidad de supervivencia prolongada es baja y que las muertes en este rango gestacional generalmente se consideran inevitables, salvo en hospitales con recursos de alta complejidad.
En el año 2024, la Corte Suprema decidió no tomar una demanda que pretendía limitar la disponibilidad de mifepristona, confirmando su autorización, mientras estados como Luisiana clasificaron ambos fármacos como sustancias peligrosas controladas, una tendencia que otros estados y el Congreso intentan replicar.
La disparidad de regulaciones da como resultado un mosaico legal en el que las mujeres pueden enfrentar consecuencias penales graves según su lugar de residencia, una situación que alarma a organizaciones como Pregnancy Justice y a especialistas en derecho sanitario.
El rol del forense y las instancias pendientes
Tras el fallecimiento del feto, el forense del condado de Camden, M. Wayne Peeples, intervino en el hospital para hacerse cargo de los restos. Peeples informó que la Oficina de Investigación de Georgia declinó realizar una autopsia por tratarse de un nacimiento hospitalario y no certificó la muerte como homicidio, sino que la registró con causa y forma indeterminadas.
Moore permanece privada de libertad desde el 4 de marzo, enfrentando cargos tanto por asesinato como por posesión ilegal de drogas, entre ellas oxicodona —sin prescripción médica— y misoprostol, ambos clasificados como fármacos peligrosos bajo la ley estatal.
El futuro procesal de Alexia Moore será decidido por la resolución del gran jurado, cuya decisión puede sentar un precedente para la interpretación judicial de la legislación sobre aborto en Georgia y, potencialmente, en otros estados con marcos normativos más restrictivos después de la caída de Roe v. Wade.
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